En una reunión que se extendió por más de dos horas, cinco defensores provinciales expusieron ante la Bicameral del Defensor de Niñas, Niños y Adolescentes, donde reclamaron por una serie de reformas legislativas y la necesidad de mayor inversión presupuestaria para efectivamente llevar adelante políticas públicas.

Los funcionarios de Córdoba, La Pampa, Misiones, Santa Fe y Santiago del Estero, donde actualmente existen Defensorías especializadas, también abogaron por la creación de instituciones específicas que trabajen en el cumplimiento de los derechos de este sector de la población, y la cuestión no se transforme solamente en algo declamativo.

En primer término expuso la defensora del Niño de Córdoba, Amelia López, quien apuntó que desde que asumió en su cargo, en 2016, se realizó una “reorganización de la institución” y se puso en marcha “un área que cumple funciones de asistencia, de acompañamiento y de supervisión, un área conformada por un equipo multidisciplinario, donde confluyen abogados, asistentes sociales, psicólogos y mediadores. Esta área va haciendo el seguimiento de los casos”.

En tanto, hay otro equipo encargado de “actividades de supervisión de las residencias de niños sin cuidado parental” y de los centros socio-educativos penales juveniles, precisó. “También tenemos un equipo que trabaja sobre promoción de derechos”, con la escucha de niños y adolescentes, y “un área de monitoreo de derechos”, añadió.

López resaltó el trabajo articulado entre los defensores provinciales “antes de la elección de la defensora nacional”, como cuando estuvieron juntos en “resistir la baja de la edad (de imputabilidad) e insistir en la necesidad de medidas alternativas”, cuando durante el gobierno anterior se puso en discusión el Régimen Penal Juvenil.

No obstante, reconoció que la designación de Marisa Graham “marcó un nuevo espacio”, donde hay “un sistema de recíproca colaboración”. En ese marco, opinó que “este es un momento importante para hacer una revisión en torno a cuál debería ser la función y el rol de acompañamiento que la comisión bicameral haga a la Defensoría Nacional, al proceso de federalización de las Defensorías provinciales y acompañe también esta agenda, pero no superponiendo actividades”.

Muy puntual en su lista de sugerencias a las legisladoras, el defensor de Niños de La Pampa, Juan Pablo Meaca, recordó que al llegar al organismo “la primera acción directa que tuvimos fue el retiro de los bebés del sistema penitenciario”, un tema que “tiene que ser tomado por el Congreso de la Nación: la permanencia o la existencia de bebés o niños en los sistemas de privación de libertad de adultos vulnera convenios y normas a las que nuestro país está adherido en cuestión de derechos humanos”.

También mencionó, en referencia a las intervenciones ante situaciones de abuso sexual infantil (ASI), que es “un tema en el que hay que abocarse para tener reglas claras en todo el país, sobre cómo se atiende a la víctima, cómo le garantizamos los derechos al niño, cómo lo acompañamos”. Entonces, solicitó “modificar el Código Penal porque las penas para abusadores de niños tienen que ser elevadas, porque hoy es bastante escasa la condena que tienen, y rápidamente recuperan su libertad, en un delito de alta reincidencia”.

En su exposición, Meaca consideró que “es extremadamente necesaria” una ley de sistema penal juvenil. “Es vergonzoso que no tengamos una ley de fondo, y en las provincias se termine improvisando”, dijo. Además, enfatizó que “los derechos de los niños son presupuesto” y “si no están las partidas garantizadas, en realidad el derecho de los niños solo es declarativo”. “La Ley de Niñez implica un nuevo estudio”, agregó, entre otras cuestiones.

A su turno, Miguel Molina, defensor del Niño de Misiones, observó que en la sociedad “el niño es considerado como propiedad y no como sujeto de derecho” y también “es considerado inhábil”. En consonancia con Meaca, subrayó que “toda decisión tiene un costo y si no hay presupuesto para resolver las cuestiones que afectan a los derechos de niñas, niños y adolescentes, la cuestión deviene en declarativa”.

“No tengo dudas sobre la necesidad de la creación de las defensorías en todas las provincias”, impulsó el funcionario, que abogó por “la creación de un área específica de la niñez”, que representa el 40% en su provincia y el 36% a nivel nacional, sin embargo “no tenemos instituciones especificas que se ocupen de los niños”.

En esta línea, pidió que la creación “en el ámbito del Senado de una comisión de Niñez y Adolescencia, porque es absolutamente necesaria”. En otro pasaje, Molina aseveró que “los niños necesitan más del (Poder) Ejecutivo y (Poder) Legislativo y menos del (Poder) Judicial”; y ponderó la “ley de acogimiento familiar”, como poseen a nivel provincial.

“El contexto de pandemia agravó el sector de los niños, y hoy es el más vulnerado y vulnerable. Sin embargo esa problemática está invisibilizada. Son quienes más han sido afectados, quienes más han sido privados de la escuela, de los abuelos, de los juegos, de la vacuna”, observó.

Otra de las defensoras que expuso fue Analía Colombo, de la provincia de Santa Fe, quien destacó el trabajo “articulado” entre el puñado de defensores de los derechos del niño que hay en el país, quienes coinciden en “identificar cuáles son los temas transversales y prioritarios” sobre este sector de la población. “Hay temas que hoy siguen increíblemente invisibles”, lamentó.

En sintonía con Molina, llamó a “avanzar para que niñas, niños y adolescentes en todas las provincias cuenten con una figura de defensor” o “al menos que haya áreas especializadas de niñez en todas las provincias, siendo óptimo que dependan del Ejecutivo”.

Asimismo, al explicar el trabajo que realiza la Defensoría, Colombo resaltó que hay que propiciar que los niños y adolescentes “sean sujetos activos de la palabra, creo que eso es una asignatura pendiente, porque todo está centrado en la decisión de los adultos”.

La funcionaria manifestó que la pandemia “profundizó las vulneraciones de derechos” y “más del 60% de niños y adolescentes del país son pobres”. “Es estructural que estén en agenda, con temas urgentes y emergentes”, enfatizó. Además, mencionó el “derecho a una vivienda digna”; pidió por una ley de sistema penal juvenil que “derogue un nefasto decreto ley de la última dictadura militar; no es posible que hoy los adultos estén en mejores condiciones de niños y adolescentes”; y atender la cuestión de la Educación Sexual Integral.

Finalmente, Leandro Dubre, quien hace un mes asumió como defensor del Niño de Santiago del Estero, remarcó las dificultades presupuestarias que afrontaba el organismo, donde “nos encargamos específicamente de resolver casos judiciales”. Recién el año pasado se destinaron recursos y, a partir de ello, se está realizando una “concientización e institucionalización de todas las temáticas de niñez”, reveló.

Sobre algunas de las acciones que realiza la Defensoría, el funcionario contó que se está trabajando en “áreas que tienen que ver con la violencia institucional”, a partir del caso de Abigail Jiménez, cuando “se vio reflejada la vulneración en niños en época de pandemia”. En ese sentido, se avanzó en un convenio con la SENAF para la capacitación “en la mirada del niño en las fuerzas de seguridad en todas sus jerarquías”.

“Hoy somos una Defensoría adjunta. Creemos que la Defensoría del Niño debe ser independiente”, sostuvo y reiteró: “Debe contar con un presupuesto propio, sin ello es imposible llevar mecanismos macro, sino solo nos detenemos a resolver casos puntuales, sin poder llevar políticas de concientización en otras áreas”.

Durante la reunión también expuso, brevemente, Daniel Molina, Coordinador Federal de la Defensoría Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes -que encabeza Marisa Graham-, quien ponderó el “diálogo permanente con los defensores provinciales” quienes “hacen aportes muy ricos a diferentes áreas de la Defensoría”. Y destacó las conversaciones con 17 provincias para que, a través de las Legislaturas provinciales, avancen en la creación de una Defensoría local, al tiempo de trabajar en “el seguimiento de lo que es la política (de niñez) a nivel provincial”.