El legislador de Vamos Juntos y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Hernán Reyes, impulsó en la Legislatura de la Ciudad un proyecto de declaración a través del cual prevé manifestar su “categórico rechazo” a la decisión del Poder Ejecutivo Nacional que mediante el Decreto 438/21 “limita los derechos de los trabajadores y jubilados, al restringir su capacidad para elegir libremente la obra social que desean poseer desde el momento de inicio de su relación laboral o jubilación”.

En los fundamentos de la medida, el oficialista precisó que el “Decreto se enmarca en una posición absolutamente restrictiva de los derechos, así como una decisión regresiva respecto de derechos reconocidos por el Estado hace dos décadas” y remarcó que “forma parte de lo que reconocemos como una política pública corporativa, que antepone las necesidades de determinados actores económicos frente a las verdaderas necesidades de la sociedad, restringiendo los derechos de los trabajadores y obstaculizando el ejercicio de su libre elección y, potencialmente, afectar su derecho a la salud”.

Además indicó que “es presentado como una mera medida administrativa para la resolución de problemas de financiamiento de las obras sociales, en realidad responde a una cosmovisión restrictiva de derechos. Los obstáculos administrativos que este decreto generan, afectan en forma directa a los trabajadores y al estado de derecho como tal” y consideró que “mediante un decreto reglamentario, estamos retrotrayendo derechos adquiridos que no debieran encontrarse a merced de la alternancia en el Poder Ejecutivo. En tal caso, corresponde al Congreso de la Nación sancionar una modificación de estas características”.

“Debemos entender que el derecho a la libre elección de obra social o derecho de opción constituye el derecho que poseen los afiliados titulares de las obras sociales nacionales (OSN) a elegir una obra social diferente a la que pertenecen en razón de su actividad, rama, oficio, etcétera. Es decir, se trata de la libertad del beneficiario para escoger un agente diferente al originario”, indicó y concluyó aseverando que “es una medida no debidamente fundada en derecho ni expresando auténticos motivos para retrotraer un derecho adquirido. Así como tampoco contiene el más mínimo intento por obtener un apoyo social o el reconocimiento de una necesidad por parte de la ciudadanía, por el contrario, supone una imposición normativa que restringe derechos en favor de la administración de las obras sociales”.