Si bien está claro que no hay posibilidades concretas de que el pedido de la oposición contra el presidente Alberto Fernández pueda prosperar, detallamos aquí cómo son los pasos que deberían seguirse si la causa avanzara.
Sin mayores posibilidades de avanzar en el Congreso por una cuestión numérica, el juicio político contra el presidente de la Nación ha sido impulsado por la oposición y por lo tanto vale conocer cómo es el procedimiento que debe seguirse, según establece la ley correspondiente.
La Ley Orgánica sobre Juicio Político es la que rige este procedimiento a partir de lo que plantea la Constitución nacional en tres de sus artículos: 53, 59 y 60.
El primero establece que es la Cámara de Diputados la que ejerce el derecho de acusar ante el Senado al presidente, vicepresidente, al jefe de Gabinete de Ministros, a los ministros y a los miembros de la Corte Suprema. Eso es para “las causas de responsabilidad que se intenten contra ellos, por mal desempeño o por delito en el ejercicio de sus funciones, o por crímenes comunes, después de haber conocido de ellos y declarado haber lugar a la formación de causa por la mayoría de dos terceras partes de sus miembros presentes”.
Por último, el artículo 60 señala que “su fallo no tendrá más efecto que destituir al acusado, y aun declararle incapaz de ocupar ningún empleo de honor; de confianza o a sueldo en la Nación. Pero la parte condenada quedará, no obstante, sujeta a acusación, juicio y castigo conforme a las leyes ante los tribunales ordinarios”.
Sancionada en 2004, la Ley Orgánica sobre Juicio Político establece en el artículo 3° las causas por mal desempeño de sus funciones. El ítem que le corresponde en este caso a Alberto Fernández es, para la oposición, el 6°, que habla de “inmoralidad comprobada por hechos concretos, que ocasionen descrédito o desprestigio al cargo desempeñado o a las instituciones republicanas”.
El artículo 7° de la Ley de Juicio Político habla del trámite que debe seguirse en la Cámara baja. Allí, el presidente del Cuerpo remitirá la denuncia con el material presentado a la Comisión de Juicio Político. El presidente de la misma deberá citar al denunciante o ratificarla, en cuya oportunidad podrá ampliarla y ofrecer nuevas pruebas.
En la siguiente reunión, la Comisión de Juicio Político deberá analizar la denuncia a fin de pronunciarse sobre su admisibilidad. “La falta de ratificación no significará su desestimación automática, pudiendo continuarse la investigación si la comisión entiende que hay elementos que lo hagan aconsejable”, indica la norma. Cualquiera fuera la decisión de la comisión, deberá ser comunicada a la Cámara.
La comisión tiene entre sus atribuciones requerir informes, documentos o expedientes a las autoridades; tomar declaraciones a testigos o peritos, quienes lo harán ante el presidente de la comisión, pudiendo concurrir los diputados que lo estimen conveniente. Los diputados presentes en las audiencias podrán interrogar a los testigos y peritos con la autorización del presidente.
La Comisión de Juicio Político deberá expedirse en el término de 60 días, por medio de dictamen por escrito, aconsejando a la Cámara continuar o no con el trámite. En caso de no haber unanimidad, se presentarán tantos dictámenes como opiniones se hayan formulado.
A continuación, corresponde el tratamiento en el recinto. La Cámara de Diputados considerará el o los dictámenes de la comisión. Así lo indica el artículo 12° de la ley, que precisa que si las dos terceras partes de los miembros presentes votan por la preservación del juicio político, designarán la comisión acusadora integrada por tres diputados, a fin de sostener la acusación ante el Senado.
Es ahí donde el juicio político solicitado chocará contra la imposibilidad numérica a la que hacíamos referencia al principio, pues el número del oficialismo es suficiente en la Cámara baja para obturar los dos tercios.
Ahora bien, supongamos que el proyecto avanza en la Cámara baja y el Senado se ocupa del mismo. Ahí es cuando la presidenta del Cuerpo debería proceder a convocar al titular de la Corte Suprema a fin de presidir el tribunal. Eso si el acusado es él mismo o, como en este caso, el presidente de la República.
Una vez se haya tomado juramento a los miembros del Senado de “administrar justicia con imparcialidad y rectitud, conforme a la Constitución y leyes de la Nación”, el presidente del tribunal comunica a la Cámara de Diputados a fin de que la comisión acusadora presente la acusación ante la Comisión de Juicio Político del Senado. Recibida la acusación, la Comisión de Juicio Político del Senado dará traslado de la misma al acusado por el término de 10 días, quien deberá contestar el traslado dentro del término establecido.
La apertura de prueba se realiza en el marco de una sesión secreta del Senado, realizada a fin de determinar si corresponde la misma. La prueba ofrecida por las partes solo podrá desestimarse por el voto de las dos terceras partes de los senadores presentes.
El Senado deberá determinar en primer lugar cuál es la prueba que considera de difícil o imposible producción en el juicio público y ordenará que la misma sea tomada por la Comisión de Juicio Político o en forma que determine la mayoría absoluta de los senadores presentes.
El juicio político se decide en audiencia oral y pública, que se celebrará en la fecha que fije el tribunal, una vez se haya producido la prueba. En caso que el Senado considere necesario que alguna de las audiencias se realice en sesión sereta, así lo resolverá con el voto de la mayoría absoluta de sus miembros dejándose constancia en acta de los motivos que la fundaron.
La incomparencia del acusado o de sus defensores no permitirá suspender el juicio, dándose inmediata intervención al defensor oficial.
Concluidos ambos actos, el presidente del tribunal concederá la palabra al acusado a fin de que diga lo que considere conveniente. Una vez cumplido, o habiendo el acusado desistido de tal derecho, el presidente dispondrá el inicio de los interrogatorios a los testigos y peritos. El presidente del tribunal dirigirá el debate, pudiendo tomar todas las medidas necesarias para el buen orden del mismo. Para ello ejercerá el poder disciplinario necesario.
Los senadores, con la autorización del presidente, podrán interrogar al enjuiciado y a los testigos y peritos. También podrán hacerlo los miembros de la comisión acusadora y de la defensa. El presidente, a pedido de parte o de oficio, rechazará las preguntas inconducentes, sugestivas 0 capciosas.
El juicio se desarrolla en audiencias diarias hasta su finalización. Concluida la recepción de la prueba, el presidente concederá la palabra sucesivamente a la comisión acusadora y a la defensa, para que aleguen sobre su mérito, pudiendo replicarse una sola vez. Finalmente, el presidente preguntará al enjuiciado si quiere manifestar algo y, oído el mismo, cerrará definitivamente el debate.
Cumplidos todos estos trámites, el Senado se constituye en sesión secreta, a fin de deliberar sobre el fallo que debe dictarse. Terminada la sesión secreta, en el día que el Senado acordare, previa convocatoria de las partes, se reunirá en sesión pública. En ella, el presidente se dirigirá a cada uno de los miembros del tribunal, en el orden que previamente se haya sorteado y le preguntará si el acusado es culpable de cada uno de los cargos incluidos en la acusación, debiendo hacer una pregunta por cada cargo por separado. La única contestación será sí o no.
Si por ninguno de los cargos se producen dos tercios de votos por la culpabilidad del acusado, éste será absuelto.
Si resultare mayoría de dos tercios de votos, que considere al acusado culpable de alguno, algunos o todos los cargos, se lo declara incurso en la destitución de su empleo, conforme establece el artículo 60 de la Constitución.
A continuación, y cualquiera haya sido el resultado de la anterior votación, el presidente interrogará a cada uno de los senadores si el acusado debe ser declarado incapaz de ocupar cargo de honor, de confianza o a sueldo de la Nación, y si hubiese dos tercios de votos por la afirmativa, así se declarará en la sentencia.
