Encabezado por Mario Negri y Cristian Ritondo, la bancada opositora presenta el proyecto de resolución este martes. La semana pasada ya había ingresado un texto presentado por otro diputado del Pro. No lo firma la Coalición Cívica.
Pese al descargo del presidente Alberto Fernández en torno al “Olivosgate”, el escándalo que se despertó al conocerse la foto del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yáñez en plena cuarentena del año pasado, Juntos por el Cambio insistirá con el pedido de juicio político y este martes presentará el escrito ante la mesa de entradas de la Cámara de Diputados.
Aunque ese procedimiento corre bajísimas chances de prosperar, la oposición busca instalar el tema en el Congreso, donde consideran debe debatirse la responsabilidad del mandatario. La iniciativa se suma a otra que la semana pasada, ni bien conocida la foto, presentó el diputado del Pro Jorge Enríquez junto a otros de sus pares.
En tanto, el texto que ingresará este martes está encabezado por Mario Negri, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, y Cristian Ritondo, el presidente de la bancada Pro de la Cámara baja.
Sin embargo, entre las firmas no figura la de Juan Manuel López, el titular de la Coalición Cívica, ni de ningún diputado de ese espacio, dado que la referente máxima del partido, Elisa Carrió, dejó claro que no está de acuerdo con el pedido de juicio político: opinó que tiene que avanzar la Justicia, dijo que no quiere que sea algo electoral y consideró que Cristina Kirchner podría asumir la presidencia.
En el proyecto, los legisladores piden “promover Juicio Político contra el Señor Presidente de la Nación, Dr. Don Alberto Fernández, por mal desempeño y eventuales delitos en el ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que dispone el artículo 53 y concordantes de la Constitución Nacional”.
En los fundamentos recordaron que “la sociedad argentina está atravesando una situación muy difícil desde marzo de 2020 por la aparición del virus Covid-19” y “la pandemia impactó en los aspectos sociales, económicos, políticos y emocionales de las distintas poblaciones y se vieron diferentes actitudes en los distintos gobernantes. Algunos con rapidez convocaron a lo mejor de la dirigencia de sus países para discutir estrategias eficientes para enfrentar al virus y sus consecuencias, otros negaron la gravedad del momento y desoyeron las voces más entendidas. Sin embargo, hubo quienes hicieron de la pandemia su programa de gobierno, tomando decisiones personales y equivocadas”.
“En nuestro país se adoptaron medidas dirigidas a preservar la salud de la población y en ese contexto el presidente de la Nación dictó una serie de decretos de necesidad y urgencia con el fin de lograr el aislamiento preventivo, social y obligatorio de los ciudadanos”, mencionaron y apuntaron que “el DNU 287 de 2020 y sus sucesivas prórrogas fueron acompañados desde el Gobierno con la voz del presidente Alberto Fernández, quien esgrimía fundamentos científicos para su dictado y enérgicamente ordenaba su cumplimiento, al tiempo que amenazaba con atronador escarmiento para quien osara discutirlo o no acatarlo”.
Para los diputados opositores: “Observábamos un presidente que según el día o las circunstancias mostraba un perfil paternalista u otro que se transformaba en un adusto juez que sancionaba o limitaba garantías constitucionales sin el más mínimo recato. Convencido de las bondades de su estrategia, siempre mediante DNUs, marcaba el rumbo sanitario de la lucha contra la pandemia. Él estaba convencido de que cerrando fronteras y encerrando al pueblo lograríamos la victoria”.
“Sin embargo, los infectados crecían y las vacunas no aparecían a pesar de los contratos firmados y la propaganda oficial al respecto. Cuando llegaron las primeras, la sociedad tuvo que soportar ver funcionarios vacunándose con prioridades inventadas, jóvenes quitándole el lugar a personas mayores mostrando en las redes sociales su falta de solidaridad y desparpajo”, cuestionaron y agregaron: “El número de muertos ascendía y el Gobierno insistía con su estrategia inicial. Cerrar y encerrar, esa era la consigna”.
También recordaron la lista de decretos que se dictaron y algunas medidas que contenían, como que “la libre circulación interprovincial estaba prohibida, con varados dentro y fuera del país; los alumnos tenían sus escuelas cerradas; los ancianos no podían ser visitados, los niños no podían salir a la calle, se prohibían las reuniones familiares y sociales, los negocios estaban cerrados, se prohibían los funerales y los encuentros”.
“A la sombra de estos decretos, se denunciaban casos de violencia institucional, los comerciantes se fundían, los enfermos se recuperaban o morían en absoluta soledad”, enumeraron, para dedicar un párrafo a los casos de “deshumanización digna de una ficción” ocurridos en Formosa, y denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Yendo al detonante del pedido, expresaron que “recientemente, unas fotos tomadas en la residencia de Olivos dan cuenta de que existía una realidad paralela, donde las normas no se aplicaban”. “Las fotos se fueron difundiendo con el pasar de los días. En ellas, el presidente de la Nación se mostraba sonriente y distendido en una reunión social, rodeado de personas sin barbijo y sin distanciamiento, claramente incumpliendo lo que él mismo había firmado”, retrataron.
Los legisladores de JxC enumeraron que “al principio, el Gobierno desmintió la primera foto filtrada, aludiendo que estaba trucada. Sin embargo, la contundencia de la segunda foto impidió nuevas defensas. Se trataba del festejo del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, celebrado el día 14 de julio de 2020″.
“Los nombres de las 10 personas que aparecen en la foto coinciden con los partes oficiales de los ingresos al chalet de la Residencia de Olivos que dan cuentan que ingresaron a las 21.30 hs. del 14 de julio y se retiraron a la 1.47 del día siguiente”, continuaron y resumieron que “ella muestra sin lugar a dudas la existencia de una reunión donde está el presidente con una decena de personas en violación a los protocolos sanitarios establecidos por el propio Alberto Fernández”.
“La situación desenmascara la hipocresía del presidente. Para entonces, regía una estricta cuarentena que prohibía reuniones sociales y limitaba la circulación de los esenciales. Él, quien ordena cumplir lo que él no cumple ni hace cumplir a su círculo estrecho en el lugar donde vive, muestra una desigualdad ante la ley que agravia a un país republicano. Esta gota rebalsó el vaso. Se ha deshonrado la investidura pública. Se ha desconocido la más elemental dignidad republicana y de ética pública que impone la Constitución Nacional en sus artículos 1, 16 y 36”, enfatizaron.
Y añadieron que “la ejemplaridad es un valor que permite que las conductas se realicen y se repitan porque la autoridad que las crea las cumple. ¿Qué mejor ejemplo que aquel que da al ciudadano un gobernante honesto y respetuoso de la ley? ¿Qué mejor aliciente para el sufriente ciudadano agobiado y asustado por una pandemia desconocida y con final incierto que saber que el presidente de la Nación cumple irrestrictamente con la norma que creó para protegerlo?”.
“Nada de esto sucedió. La palabra del presidente está devaluada hace tiempo, las conductas que hoy se muestran suman a ese descrédito y desprestigio”, criticaron.
Finalmente, argumentaron que “en el caso que nos ocupa hay en curso además una investigación judicial. El Ministerio Público Fiscal está investigando si se ha cometido un delito. Si así resultara, habrá que sumar otra causal”, pero “el Congreso debe debatir la responsabilidad que le cabe al presidente Alberto Fernández por los hechos descriptos y abrir su juicio político”.
Además de las firmas de Negri y Ritondo, el proyecto fue acompañado por Gustavo Menna, Omar De Marchi, Karina Banfi, Soher El Sukaria, Miguel Bazze, Albor Cantard, Federico Angelini, José Cano, José Núñez, Facundo Suárez Lastra, Gisela Scaglia y Ricardo Buryaile.
