Lo hizo durante la reunión de la Comisión Mixta Revisora de Cuentas, en la que el Frente de Todos cuestionó en duros términos los manejos presupuestarios del Gobierno de Cambiemos en 2016. Habrá entonces dos dictámenes.
En el marco de una reunión que se extendió durante una hora exacta, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas analizó este jueves la cuenta de inversión correspondiente al año 2016, y en ese marco el oficialismo adelantó su dictamen de rechazo a la misma.
Los legisladores de la oposición cuestionaron la decisión del bloque del Frente de Todos, que atribuyeron a un intento de darle al tema un cariz político en tiempo electoral, y adelantaron la firma de otro dictamen que presentarán este viernes. Obviamente el de mayoría será el impulsado por el Frente de Todos, en base a la amplia mayoría que tienen y el tema deberá ser debatido posteriormente en ambas cámaras.
La reunión, presidida por el chubutense Mario Pais, se inició con el anuncio de la inclusión en esa comisión del senador rionegrino Martín Doñate en reemplazo de Jorge Taiana, quien renunció al Senado para asumir como ministro de Defensa. Tras ello, el presidente de la comisión anunció el tratamiento del primero de los temas -y el más importante- que se pondría a consideración: la Cuenta de Inversión del año 2016, el primero de la gestión Cambiemos. Un trámite que se cumple en función de lo que manda el artículo 75 inciso 8 de la Constitución Nacional y la Ley de Administración Financiera.
En nombre del Frente de Todos habló entonces el presidente del bloque en el Senado, el formoseño José Mayans, quien recordó que la cuenta analizada correspondía al último Presupuesto aprobado durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, que había fijado para 2016 un monto de gastos superior a un billón 569 mil millones de pesos, como así también había dispuesto para el pago de deuda pública aproximadamente 104 mil millones de pesos.
“Después vino el Gobierno de (Mauricio) Macri, que introdujo cambios -recordó el formoseño-, que produjo primero una devaluación muy fuerte; ‘sinceramiento’ lo llamaron, que impacta de forma directa en el Presupuesto. Todos esos valores comienzan a cambiar”. El senador oficialista aclaró que esos cambios en el Presupuesto deben ser enviados al Congreso, cosa que “no pasó en la administración Macri”, a la que atribuyó haberse manejado con decretos de necesidad y urgencia -algunos de los cuales fueron rechazados por la Bicameral de Trámite Legislativo- y otros de carácter administrativo. Todas responsabilidades que atribuyó al presidente de entonces y su jefe de Gabinete, y advirtió: “No se puede hacer cambiar así el Presupuesto, porque claramente se está cometiendo un delito con los fondos públicos. Sobre todo cuando el Congreso está en funcionamiento”.
Mayans precisó que el Presupuesto aprobado por la administración anterior a la de Cambiemos fue variado en un 41%, lo que calculó en 645 mil millones de pesos. Y dio más detalles: “Las medidas fueron tomadas en un 53% a través de decretos de necesidad y urgencia, y en un 43% por decisiones administrativas”, y agregó que “lo mismo pasó también con el tema de los gastos reservados de inteligencia”. E insistió en que “cuando se cambia el Presupuesto tiene que ser consultado el Congreso y eso no pasó. Más que duplicaron ese presupuesto”.
Para Mayans, la Constitución es violada cuando se actúa de esa manera y es lo que hacen las dictaduras, que obvian al Congreso. “Estamos hablando de la ley de leyes, nada más y nada menos. Y se viola también la Ley de Administración Financiera”.
Como ejemplo, el senador formoseño puso el del decreto que cambió el financiamiento de la obra del soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, previsto originalmente a través de fondos privados, y que la administración macrista incluyó luego en el Presupuesto Nacional. Y a continuación aseguró que entre provincia de Buenos Aires y CABA, ambas administradas entonces por el Pro, recibieron el 89% de las inversiones, lo que definió como “una discriminación que afectó fuertemente a las provincias”.
Tras señalar que el endeudamiento público “prácticamente se triplicó” a lo largo de esa gestión, Mayans señaló que si votaban favorablemente esa cuenta de inversión se harían “cómplices de este esquema de gobierno”. Por el contrario, consideró que la decisión que debían adoptar tenía que “ser un mensaje a la sociedad: que cuando uno llega al Gobierno no puede hacer lo que quiera con los fondos públicos”.
“La administración de Macri no respetó al Congreso, no respetó al federalismo y pensaba que el ser presidente te habilita a hacer cualquier cosa”, y concluyó adelantando que “nuestro bloque va a proponer el rechazo de la Cuenta de Inversión del año 2016”.
A continuación habló por la oposición el senador salteño Juan Carlos Romero, quien aclaró que estaban viendo era la visión que la Auditoría General de la Nación había hecho al analizar la cuenta de inversión. Y que lo que había hecho el senador Mayans era “un juicio político” sobre la misma, cosa que estaba en su derecho, pero sostuvo que es la Auditoría “la que tiene que ver la aplicación de los fondos y si se cumplieron los parámetros de una buena administración. No veo tantas observaciones como para que se merezca un dictamen de rechazo”. Luego señaló que “hemos visto cosas peores con los gobiernos kirchneristas”, y puso como ejemplo cuando Vialidad “decía que no podía enviar el listado de obras porque no los tenía, para no mostrar lo que ahí pasaba”.
El senador salteño consideró que debían hacer aclaraciones donde correspondiera, pero admitió que “si el oficialismo, dada la voluminosidad de su número, quiere hacer una expresión política de rechazo, bueno, habrá dos dictámenes. Pero no es una buena práctica aquí hacer consideraciones políticas justo en tiempo electoral. Decir ‘no estoy en condiciones de apoyar lo que se hizo en otra gestión’, porque esa es la postura que tiene el kirchnerismo en el Congreso. Es válida, tiene que ver con su mayoría, pero los que no opinamos así vamos a proponer un dictamen de aprobación”.
Luego intervino el diputado del Pro Alvaro González, quien consideró “válidas” las consideraciones políticas vertidas desde el oficialismo. “Lo que no quiere decir que sean ciertas”, aclaró. Destacó que la AGN había propuesto aprobar la mayoría de los datos de la Cuenta de Inversión, aunque aclaró que “por supuesto el Congreso y esta comisión tienen las atribuciones necesarias para aprobar o rechazar, pero hay que tener claro que cuando llegamos al Gobierno el Presupuesto estaba aprobado por la administración anterior”.
González destacó que la administración actual ha hecho un uso intenso de los DNU, “porque pareciera que el senador preopinante (en referencia a Mayans) habla como si viviera en Suiza. En plena pandemia se la pasaron mandando DNU, con el Congreso abierto, cuando hubiera podido tratarlos”. Y en referencia a los comentarios de Mayans referidos a los fondos provinciales, el diputado porteño recordó que “cuando nosotros llegamos al Gobierno nos encontramos con un fallo de la Corte que hubo que cumplir, y se le envió al resto de las provincias lo que durante 12 años les negaron”.
González alertó sobre el uso actual de los ATN, y pidió mirar la cantidad de dinero que hoy el Gobierno nacional vuelca en la provincia de Buenos Aires.
El legislador opositor concluyó anticipando que propondrían entonces un dictamen en el mismo sentido de la AGN, solo con dos observaciones.
“La aprobación o el rechazo constituye una obligación del Congreso”, arrancó diciendo a continuación el senador Pais. El senador chubutense avaló personalmente la posibilidad de rechazar la Cuenta de Inversión presentada por la gestión macrista, recordando los señalamientos que allá por 2016 hicieron desde la entonces oposición. Como su par Mayans recordó la devaluación con la que arrancó esa administración y dijo que a partir de entonces “comenzó a apartarse del Presupuesto General. Nunca tuvo la voluntad política de remitir ninguna de las modificaciones presupuestarias. Se dedicó a formular un nuevo plan de gobierno, pero omitiendo la participación necesaria del Congreso nacional”.
Pais enfatizó que el rechazo era una potestad de los legisladores, y durante la gestión kirchnerista la entonces oposición adoptó esa misma postura.
“Vamos a proponer un dictamen de mayoría y minoría. El de mayoría va a tener dos artículos”, preciso Pais. Uno señalando el rechazo a la cuenta de inversión y el segundo diciendo que el mismo era “sin perjuicio de la iniciación y la prosecución de los procedimientos dirigidos a la efectivización de las responsabilidades que emerjan de los hechos ya realizados por los funcionarios públicos durante el período comprendido en la cuenta de inversión que se rechaza”.
Tras una nueva intervención de Mayans, en la que aclaró que ese trámite no terminaría con la desaprobación, sino con la presentación correspondiente ante la justicia para que los funcionarios macristas explicaran qué habían hecho y por qué habían “violado los procedimientos establecidos por la Constitución y las leyes, Juan Carlos Romero lamentó que todo fuera a judicializarse. Que ya lo estaban sufriendo Cristina Kirchner y Mauricio Macri, y no sucedía con Fernando de la Rúa ni Carlos Menem porque ya se habían muerto, pero adelantó: “Quédense tranquilos que a Alberto Fernández ya le tocará dentro de dos años”.
Luego Alvaro González adelantó que enviarían este viernes los fundamentos de su dictamen, y sugirió al oficialismo que fueran a la Justicia, como ya lo estaban adelantando, e ironizó: “Se la han pasado en la Justicia declarando, ya saben donde quéda. NO van a tener que buscar en Google d´nde queda Comodoro Py”.
E insistió: “Tienen todo el derecho del mundo si quieren ir a los tribunales, de lo que se quejaron siempre. Que vayan, si van a tener que seguir yendo por un largo rato, porque con lo que viene, se la van a pasar en Tribunales”.
Presente en la reunión a pesar de no ser integrante de la comisión, intervino entonces el senador Oscar Parrilli, quien dijo que no le llamaba la atención ese dictamen de rechazo, que a su juicio demostraba “el incumplimiento de absolutamente muchísimas normas, disposiciones y leyes vigentes. Para mí no es novedoso que el Gobierno anterior haya violado leyes, como derogó la Ley de Medios y tantas otras. Hoy se encuentran ante otra realidad, el tiempo pasa y las cosas aparecen”.
Parrilli recordó cuando dirigentes de Cambiemos fueron a la Justicia para que dijera que el mandato no terminaba a las 12 del 10 de diciembre, sino antes. “Esa jueza que les dio la razón, después dijo que nunca había soportado en democracia una presión política de tal envergadura”, recordó, en referencia a María Servini. Con ello, dijo Parrilli, “violentaron 200 años de historia”, y recordó luego el decreto de designación de dos miembros de la Corte.
Alvaro González reclamó recordando que “estamos tratando la cuenta de inversión”, a lo que Parrilli repuso: “A lo mejor le molesta, pero las cosas ocurrieron así”.
El senador Pais le pidió ser más breve y Parrilli concluyó citando al exasesor jurídico del Gobierno anterior “Pepín” Rodríguez Simón, “hoy prófugo”, y tras otras referencias el senador neuquino concluyó diciendo que “no es casualidad la trasgresión del Poder Ejecutivo de las normas y efectivamente esta cuenta de inversión debe ser rechazada. Y estos que se jactan de la República y la democracia comenzaron el mandato como decía la presidenta: haciendo una República de Morondanga”.
