Acción de amparo: la justicia mendocina falló en contra del Ministerio de Salud

El pedido fue presentado por el diputado José Luis Ramón por lo que dicha institución deberá otorgar información detallada sobre los fallecidos por Covid-19 en la provincia durante el año 2021.

El Tribunal de Gestión Asociada-Tercero de la provincia de Mendoza admitió formalmente la acción de amparo presentada por el diputado nacional José Luis Ramón (Fuerza Política Protectora), cuyo objetivo es obligar al Ministerio de Salud a dar información detallada sobre el registro de fallecimientos por covid-19 en la provincia.

El pedido surgió a raíz de las graves inconsistencias que hubo en relación a los datos oficiales publicados durante este año, y ante la ausencia de respuestas por parte del ministerio a una solicitud previa realizada por Ramón y el diputado provincial Pablo Cairo, de su misma fuerza política.

Al respecto el líder de Protectora afirmó que “la ausencia de respuesta no hace más que confirmar que la provincia incumple de manera flagrante un claro mandato constitucional que consagra a la información pública como un derecho humano. La ministra Ana María Nadal carece de toda voluntad de cumplir esa obligación”.

“La información solicitada tiene que ver con el detalle del procedimiento de registro de muertes por coronavirus, señalando el plazo en que deben registrarse y el plazo en el que deben informarse al Poder Ejecutivo Nacional”, detalla el falló y agrega “el tiempo y las causas de la demora en promedio para los meses de enero a julio de este año, entre la emisión del certificado de defunción y su registro en el sistema; y los datos diarios y mensuales sobre la cantidad de fallecimientos por covid-19 en lo que va de este año”.

Por este motivo y ante la gravedad de los hechos la justicia mendocina dio lugar al recurso de amparo (artículo 43 de la Constitución Nacional) y requirió el informe al Ministerio de Salud de la provincia “en un plazo perentorio de tres días” y “vencido ese plazo, se dará intervención a la Fiscalía de Estado”.

El artículo 43 de la Constitución Nacional contempla “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por esta Constitución, un tratado o una ley. En el caso, el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesiva. Podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley, la que determinará los requisitos y formas de su organización. Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística. Cuando el derecho lesionado, restringido, alterado o amenazado fuera la libertad física, o en caso de agravamiento ilegítimo en la forma o condiciones de detención, o en el de desaparición forzada de personas, la acción de hábeas corpus podrá ser interpuesta por el afectado o por cualquiera en su favor y el juez resolverá de inmediato, aun durante la vigencia del estado de sitio”.

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