Reclaman a la Defensoría del Niño sobre la situación de menores en Salta, la conectividad y la ESI

En una serie de recomendaciones al organismo que conduce Marisa Graham, organizaciones que integran Infancia en Deuda elaboraron un informe sobre el primer año de gestión.

Marisa Graham, defensora de Niñas, Niños y Adolescentes

Las organizaciones que integran Infancia en Deuda (IED) elaboraron un informe sobre el primer año de trabajo de la Defensoría Nacional de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, conducida por la abogada Marisa Graham, y sumaron recomendaciones para cada una de las funciones de esa institución.

Entre las recomendaciones “urgentes”, alertaron por “la gravísima vulneración de derechos y acceso a la salud en la provincia de Salta -que en especial afecta a niñas, niños y adolescentes de las comunidades indígenas de los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia, donde se continúan registrando fallecimientos de niñas y niños a causa de desnutrición o enfermedades relacionadas- demanda que la Defensoría se valga de los artículos 55 y 64 de la Ley 26.061”.

También, IED insta a la Defensoría a acompañar el reclamo de diversas organizaciones al Estado Nacional y a las provincias para que se garantice la continuidad educativa, el acceso a dispositivos y conectividad adecuada a cada niña, niño y adolescente del país.

Con respecto a la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal, IED “considera fundamental que la Defensoría inicie las acciones judiciales y administrativas pertinentes, y tome un rol activo en el proceso de derogación del Decreto 22.278 y solicite la adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos”.

Por otra parte, las organizaciones pidieron intensificar el trabajo articulado con el Ministerio de Educación nacional y de las provincias para garantizar el acceso a la Educación Sexual Integral en todos los niveles de educación obligatoria.

“El primer año de trabajo de la Defensoría estuvo signado por la crisis social y sanitaria causada por la pandemia de Covid-19, que profundizó la vulnerabilidad socioeconómica y las desigualdades que sufren las infancias y adolescencias. Actualmente, según el Indec, casi el 60% de las niñas y los niños del país viven en situación de pobreza y residen en hogares cuyos ingresos no son suficientes para cubrir la Canasta Básica Total. Y el 15,7% vive en hogares con ingresos que no superan el valor de la Canasta Básica de Alimentos”, señalaron.

En un comunicado, las organizaciones que se nuclean en IED se manifestaron “convencidas de la importancia de tener una institución independiente que asegure protección, garantía y acceso a la Justicia para las infancias y adolescencias, y con una valoración positiva de los esfuerzos realizados”.

Entre otros puntos, se pidió a la Defensoría valerse de las atribuciones de control más intensas previstas en la Ley 26.061: iniciar acciones judiciales de carácter colectivo e individual ante situaciones de vulneración de derechos de NNyA; y priorizar las medidas administrativas y judiciales necesarias para asegurar el ejercicio de los derechos en las 189 denuncias que están activas, así como en las que vayan a iniciarse. 

Para lograr el efectivo cumplimiento de las recomendaciones que la Defensoría emite a instituciones estatales a fin de subsanar vulneraciones de derechos o señalar problemáticas que afectan a las infancias y adolescencias, IED solicitó: contar con mecanismo de control y de seguimiento de esas sugerencias que permitan conocer e informar públicamente sobre lo dispuesto; en el caso en que esas recomendaciones no sean tomadas en cuenta, sería deseable adoptar otro tipo de medidas ante organismos y autoridades que incumplan sus responsabilidades; e incluir estándares generales de protección de derechos que puedan ser aplicables para todos los sistemas de protección locales de cada provincia del país. 

Sobre las funciones de control, supervisión y sanción ante los incumplimientos de las normas de protección, en el informe se recomienda compartir las conclusiones del trabajo de diagnóstico y sistema de monitoreo, con énfasis en la importancia de su publicidad, transparencia y accesibilidad a la información recabada; y realizar una sistematización de las acciones de monitoreo sobre los diversos organismos de protección integral provinciales, identificando los principales desafíos que tiene por delante cada sistema local.

En cuanto a las funciones de asesoramiento, recepción de reclamos y denuncias de NNyA, se solicitó elaborar un protocolo para la gestión de casos, denuncias y reclamos; reforzar los canales de comunicación a nivel federal para llegar a los NNyA de todo el país que se encuentren en situación de vulneración de derechos; adoptar criterios de actuación para implementar respuestas institucionales, medidas de exigibilidad, seguimiento de casos y alertas tempranas, entre otras.

“Si bien la Defensoría informó que se recibieron 360 consultas/denuncias, se desconoce cuáles fueron las medidas adoptadas y qué articulaciones se implementaron”, se agregó en este sentido.

Finalmente, respecto de las funciones relacionadas con el monitoreo y producción de información, IED reclamó publicar un informe que dé cuenta de la situación de las infancias y adolescentes, incluyendo datos por provincia, valiéndose de las fuentes de información oficiales disponibles; y contar con información de base que oriente las acciones destinadas al monitoreo de políticas públicas y, en especial, para la determinación de acciones de carácter prioritario justificadas en la información relevada. 

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