La Legislatura porteña aprobó un proyecto de resolución en el que los legisladores cuestionaron con dureza la intención del magistrado de suspender el tratamiento del convenio entre GCBA e IRSA y lo calificaron de un “claro desconocimiento de las atribuciones constitucionales privativas” de esa Casa.
A pesar de que la iniciativa ya fue aprobada en primera lectura, la Legislatura de la Ciudad sancionó un proyecto de resolución en el que rechazaron la decisión adoptada por el juez Guillermo Martín Scheibler, recaída en la causa 166469/2021-0, en la que intentó suspender el tratamiento del convenio entre el Gobierno local e IRSA para avanzar con un desarrollo urbanístico en la ex ciudad deportiva de Boca Juniors en la Costanera Sur.
En el texto aprobado los diputados manifestaron que la actitud del magistrado demuestra un “claro desconocimiento de las atribuciones constitucionales privativas de esta Legislatura” y reafirmaron “la independencia del Poder Legislativo, en resguardo de todas las facultades que le son propias y le son concedidas por la Constitución de la Ciudad”.
En los fundamentos de la medida, los legisladores afirmaron que “la interferencia en el procedimiento mismo de formación y sanción de leyes es absolutamente inadmisible, en tanto implica un flagrante avasallamiento de una facultad constitucional privativa del Poder Legislativo, como la de llevar adelante todos aquellos trámites constitucionales y reglamentarios necesarios que suponen el tratamiento de un proyecto de ley”.
“La facultad que le asiste al Poder Judicial de controlar la validez y constitucionalidad de las leyes de ningún modo puede extenderse hasta abarcar al procedimiento mismo a través del que se encauzan los proyectos legislativos, interfiriendo en su desarrollo. Hay profusa y abundante jurisprudencia, tanto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación como del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad que así lo entiende y resguardan esta esfera propia del Poder Legislativo”, añadieron.
Al mismo tiempo que concluyeron señalando que “los proyectos a tratar y debatir por parte de los miembros de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no pueden quedar a merced de la voluntad de otro Poder, a cuya circunstancial opinión deberíamos supeditar toda la labor legislativa que se desarrolla en esta Casa. Tal forma de proceder se hallaría reñida directamente con el principio de separación de poderes”.
La iniciativa en debate, que ya obtuvo aprobación en primera lectura y aguarda a la audiencia pública, propone el desarrollo de un complejo urbanístico, habitacional, comercial y recreativo en terrenos de la Costanera Sur, donde hace décadas quedó trunca la creación de la ciudad deportiva del club Boca Juniors. Requerirá una inversión de 1.600 millones de dólares y se llevará a cabo sobre un predio de más de 70 hectáreas de cara al río, en un área contigua a la Reserva Ecológica y pegada al Puerto Madero.
El convenio establece la cesión del 67% del terreno a la Ciudad, con el objetivo de crear un parque público de 35 hectáreas, más otros espacios de uso común que totalizan 43 hectáreas. A su vez IRSA desembolsará unos 250 millones de dólares entre el valor de la tierra cedida al Gobierno y los aportes iniciales para fondos públicos de innovación y desarrollo urbano.
