Diputados nacionales de la Coalición Cívica-ARI presentaron una denuncia penal contra la vicepresidenta Cristina Kirchner y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, a raíz del desistimiento de la querella en la causa -conocida como Oil Combustibles- en la que se investiga a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, y al exadministrador del ente recaudador, Ricardo Echegaray.

Los legisladores las acusan de los supuestos delitos de encubrimiento agravado, abuso de autoridad, tráfico de influencias y negociaciones incompatibles con la función pública.

“Hubo una clara intención de beneficiar económica y judicialmente a estos empresarios, así como también a exfuncionarios públicos como Echegaray”, afirmaron. “La misma AFIP que acosa a los que dan trabajo, encubre a los que defraudan. Es intolerable y tienen que ser investigados y condenados”, agregaron los opositores.

En la denuncia se describen “las relaciones económicas” de la vicepresidenta con López y “cómo fue orquestado el plan de impunidad de los empresarios denunciados”. “Primero el Gobierno nacional envió una ley de moratoria inédita a la medida de Oil Combustibles. Semanas antes, el empresario Fabián De Sousa había estado en Olivos. Luego la empresa se adhirió a ese régimen. Finalmente, un año después Marcó del Pont, desiste de la querellar”, explicó el jefe del bloque de la CC, Juan Manuel López.

Asimismo, la denuncia da cuenta de “los conflictos de interés del presidente de la Nación, Alberto Fernández, quien asesoró a autoridades del grupo Indalo antes de llegar a la Presidencia”. “El presidente se negó a revelar su listado de clientes y tampoco explicó el alcance de sus tareas para ese holding. Se lo pedimos por distintos medios, también se lo requirió la Oficina Anticorrupción, y él se negó a dar respuesta”, agregó López.

La denuncia lleva las firmas de López, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Maximiliano Ferraro, Mariana Stilman, Marcela Campagnoli y Mónica Frade.

En el escrito, señalaron que “con fecha 8 de septiembre de 2021, pocos días antes de las elecciones de medio término del día 12 de septiembre, la Administración Federal de Ingresos Públicos, cuya autoridad máxima es Mercedes Marcó del Pont -quien a su vez tiene como jefa política a Cristina Fernández de Kirchner-, desistió ante el Tribunal Oral Federal N°3 y ante el juez Julián Ercolini, de la querella en la que actuaba como parte en el marco de la causa en la que se investigaba la posible defraudación al Estado Nacional por parte del extitular de la AFIP Ricardo Etchegaray y los empresarios Cristóbal López y Fabian De Sousa. La maniobra de defraudación impositiva habría tenido lugar durante los años 2013 a 2015, es decir, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

“La relación de la familia Kirchner, y en especial de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, con el empresario Cristóbal Manuel López ha sido, desde el ascenso del matrimonio Kirchner al poder, una vinculación política y de negocios”, resaltaron.

Y recordaron que tras la ley de moratoria, “armada como traje a medida”, Oil Combustibles “se adhirió a la moratoria que le había facilitado el proyecto de ley enviado por el Sr. Alberto Fernández”. “Luego de ello, y en virtud de haber obtenido un aparente pero ficto barniz de legalidad, la empresa Oil Combustibles efectúa un primer pago de dicha moratoria el día 7 de septiembre de 2021”, mencionaron.

Sin embargo, “al otro día, el 8 de septiembre de 2021, la Administración Federal de Ingresos Públicos, a cargo de la Sra. Mercedes Marcó del Pont, desiste de la querella y de la reclamación económica, fundamentándose, entre otras cosas, en la ley que Alberto Fernández promovió desde el Poder Ejecutivo”, enfatizaron.