Compromiso del FdT por el Relevamiento Territorial Indígena

El bloque oficialista del Senado quiere trtar la prórroga de la Ley 26.160 en la próxima sesión.




El presidente del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, se comprometió este jueves a tratar en el temario de las próximas sesiones ordinarias o sobre tablas la prórroga de la Ley 26.160 de Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas, presentada en la Cámara alta por la senadora salteña Nora Giménez, que tiene vencimiento en noviembre de este año.


“Nuestros esfuerzos van a estar orientados a resolver este tema”, señaló Mayans durante un encuentro virtual de los senadores del bloque del Frente de Todos con la presidenta del INAI, Magdalena Odarda, y representantes de asociaciones indígenas de todo el país. Al respecto agregó el formoseño que en la próxima reunión presencial de bloque que se realizará el jueves 30, va a solicitar el tratamiento de esta propuesta legislativa.


En la reunión virtual, la presidenta del INAI presentó un informe de lo actuado en estos años y sostuvo la necesidad de la renovación del mismo con un presupuesto que permita culminar la tarea y avanzar en otros proyectos de ley.


Entre otros senadores, Norma Durango destacó que “prorrogar esta ley es una obligación y responsabilidad del Estado, no es una concesión nuestra hacia las comunidades” y recordó que fue la autora de la anterior propuesta votada en 2017. Asimismo, la senadora Silvia Sapag recordó que su padre, Felipe Sapag, ideó el término de territorio comunitario y fundamentó su apoyo al texto de Senado, indicando que es vital avanzar en los relevamientos en todo el país y especialmente en Neuquén, en donde tienen sostenidos conflictos en este sentido.


A su turno, la autora del proyecto, Nora Giménez, indicó que “hoy la prioridad es lograr esta renovación para que antes que caduque, el 25 de noviembre, se tenga sanción de una propuesta que viene acompañada de un presupuesto acorde a sus necesidades”.


La ley 26160, aprobada en 2006, permitió frenar el desalojo y expulsión de sus tierras de decenas de comunidades originarias en diferentes puntos del país. Estuvo inspirada en el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, que no sólo reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, sino también la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan.


En el tiempo transcurrido, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) pudo relevar sólo 742 de las 950 comunidades identificadas en 2006. Y a ese número se han agregado otras, en su mayoría desmembramientos de grupos existentes, que ampliaron a cerca de 1.000 el número de comunidades a relevar. Por ello el proyecto de la senadora Nora Giménez extiende hasta 2025 la vigencia de la ley para poder completar el Relevamiento Territorial, y establece una partida presupuestaria especial para concluir esa tarea.

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