Debido a la delicada situación que atraviesan las cooperativas de la Ciudad, el diputado del GEN Sergio Abrevaya presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley para que la Cooperativa de Vivienda San Salvador se exceptuada del pago del  Impuesto Inmobiliario y la Tasa Retributiva de Servicios de Alumbrado, Barrido y Limpieza, Mantenimiento y Conservación de Sumideros (ABL).

Según explicó el diputado, la mencionada cooperativa “cumple una misión social para todo el colectivo de personas inmigrantes del norte de nuestro país” ya que los fundadores de esta Organización Social, nativos de la provincia de Jujuy y antiguos residentes de Buenos Aires, a su vez realizan tareas de difusión de la cultura del norte argentino y conjugan así, sus fines sociales y culturales.

“El proceso del inmigrante siempre necesita de un espacio que permita un reencuentro con sus usos y costumbre con personas que sean de sus propios lugares de origen”, añadió Abrevaya.

La cooperativa se encuentra ubicada en la calle México 967 y el inmueble es utilizado como un espacio abierto a la comunidad, centrado en difundir valores de integración social. “Es importante destacar que un gran porcentaje de los integrantes de la Cooperativa está compuesto por personas que padecen una alta vulnerabilidad social debido a que carecen de una vivienda fija que les brindaría la posibilidad de tener mayor seguridad e inserción en la sociedad; motivo por el cual es sumamente relevante una de las tareas que desempeña esta Organización Social con respecto al acompañamiento y a la contención social de las personas que se acercan a la misma”, sostienen los fundamentos de la medida.

Sobre esa misma línea, el legislador explicó que “la problemática de la Ciudad, es de una dimensión que no suele mensurarse y evaluarse como tal; en los últimos 10 años, ha crecido de manera notable la condición de inquilinos dentro de las formas de posesión de la vivienda, para alcanzar en los últimos años el 36 % de los ciudadanos y habitantes de nuestra Ciudad, no logran superar las condiciones que establecen los operadores inmobiliarios, la falta de acceso a créditos blandos del sistema financiero público y un notable incremento del valor de la tierra” y remarcó que “los actores sociales y las organizaciones que deciden encarar la búsqueda de soluciones habitacionales a sectores sensibles, deben ser estimuladas, acompañadas y fomentadas por los poderes públicos, por sus fines de creación y por la búsqueda de cumplimiento de los derechos de vivienda digna, participación popular y del precepto de Ciudad Plural que establece el Código de Planeamiento Urbano”.

“La futura sede de esta Cooperativa de Vivienda, deberá ser un faro difusor del asociativismo y la economía social en la Ciudad de Buenos Aires”, completó.