San Luis: denunciaron al oficialismo provincial por utilizar fondos públicos con fines electorales

Así lo expresaron desde la comisión jurídica de la Alianza Unidos por San Luis contra funcionarios del Gobierno provincial quienes “utilizaron la entrega de la tarjeta alimentar para fines políticos”.

Luego de perder en las PASO con un 37, 36 por ciento de votos frente a un 46,92 que obtuvo la Alianza Unidos por San Luis, los funcionarios del Gobierno provincial están en búsqueda de aquellos votos que no obtuvieron en las urnas, lo cual fue denunciado penalmente desde la fórmula ganadora porque “utilizan fondos públicos en política partidaria”.

El abogado Ricardo André Bazla integrante de la Alianza dialogó por la FM 97.9 y afirmó que “apuntarán a quienes comentan los delitos que prevén penas de prisión de hasta 10 años. En el marco jurídico y político esencialmente por lo que es la violación de distintos artículos del Código Penal en la que están incurriendo funcionarios provinciales” y apuntó principalmente a “Guadalupe Arrascaeta, titular de un merendero y candidata por el Frente que dirige Rodríguez Saá, también denunciamos al jefe del Programa de Inclusión Social al señor Arnaldo Soria por la entrega indebido a de las tarjetas alimentar”.

“Están haciendo una utilización política partidaria de un bien del Estado. La tarjeta alimentar surge a partir de una resolución del Ministerio de Desarrollo Social de La Nación, es decir que son dineros del Estado Nacional que se están repartiendo a través de de las provincias y de los Municipios, pero esto ordena esa resolución que la entrega a los beneficiarios sea a través de una entidad bancario. Sin embargo, la están entregando en sedes partidarias haciendo una utilización parcial partidaria a un bien que le corresponde a los argentinos”, denunció el abogado.

Además, remarcó que “es en favor de un solo partido político que es el partido de Gobierno de la provincia de San Luis vinculado al Gobierno Nacional”, y precisó que los delitos cometidos son “el delito especulado que consiste en la utilización de bienes del Estado en beneficio propios o de terceros, el delito de incumplimiento de funcionarios públicos y dos delitos electorales contemplados en el Código Electoral Nacional que tienen que ver con la inducción al voto, es decir presionar a la persona que al entregarle un bien determinado deban votar a ese sector político”.

Por último, Bazla sostuvo que “la denuncia fue radicada en el Juzgado Federal de San Luis y se ha hecho acá porque el hecho probado y comprobado se hizo en Potrero de Los Funes. Estamos atentos a la producción de estos hechos en todo el ámbito provincial”.

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