Ante la crítica situación energética del país y la disminución en la producción de gas natural, la diputada Jimena Latorre, junto a los diputados Alfredo Cornejo y Gustavo Menna, solicitaron este miércoles a la Secretaría de Energía, de la cual depende la empresa estatal IEASA (Integración Energética Argentina S.A), brinde datos certeros sobre la Balanza comercial Energética, el aumento de las importaciones de gas y el declino en la producción de nuestro principal proveedor Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

Para la diputada Latorre, “esta crisis pone en riesgo la satisfacción de la demanda interna e impide cualquier proyección vinculada a la producción y reactivación económica argentina, en escenarios en los que no existe previsibilidad respecto al abastecimiento de la principal fuente energética de la que depende la demanda residencial, el transporte, la generación eléctrica y la industria de  nuestro país”.

El informe destaca la ausencia de datos oficiales en relación a las contrataciones de importación de gas natural y sus previsiones futuras con nuestro principal proveedor YPFB. Tampoco se conocieron las condiciones del precio negociado hasta la finalización del contrato en 2026. Hoy el gas natural importado de Bolivia tiene un precio de 6.09 USD/MMBTU. Este precio es 75% más alto que el precio del gas local, advierte la presentación.

Además señala que el crecimiento de la producción de no convencional no es suficiente para revertir el déficit energético. “Las inversiones que permitan un crecimiento acelerado y constante en la producción de no convencional se ven cada vez más lejanas en un escenario macroeconómico marcado por la descontrolada inflación, el atraso cambiario, las restricciones al mercado único de libre cambio y la inseguridad jurídica, entre otros factores. Muestra de ello es el derrotero de críticas que despierta el proyecto ingresado recientemente en el Senado de ley de Promoción de las Inversiones Hidrocarburíferas, que no gana adeptos ni defensores dentro ni fuera del oficialismo, en el sector público, ni en el privado y mucho menos promete las certezas que requieren aquellas inversiones que permitan sustituir las importaciones, a las que me refiero”, señala la diputada Latorre.

Para la legisladora mendocina, “la falta de planificación económica y energética de este Gobierno se ve reflejada en las sucesivas medidas contradictorias y descoordinadas de los organismos con competencia en la materia y en la administración y gestión de las empresas del Sector Público Energético, que lejos de ser formadoras de precios terminan por distorsionarlos”. La balanza comercial energética de agosto de 2021 arrojó un déficit de 204 millones de USD. El acumulado de 2021 suma 887 millones de USD; las exportaciones crecen 25.6% pero las importaciones crecen también un 94.4%. Todo ello en el marco de una propuesta económica de ajuste del gasto y reducción del déficit, con un fuerte recorte en la cuenta de subsidios energéticos plasmada por el Ministro de Economía de la Nación y ratificada por el presidente de la Nación en el envío al Congreso del Presupuesto para 2022, lo que para los diputados resulta de “dudoso o de imposible cumplimiento”.