El diputado nacional Martín Berhongaray (UCR – La Pampa) presentó un proyecto de resolución para que, por intermedio de los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, Ambiente y Desarrollo Sostenible, y de Economía de la Nación, el Gobierno Nacional informe sobre la instalación de una planta de producción de criptomonedas, en especial, por la contratación de abastecimiento de energía eléctrica.

En el cuerpo del texto, se especifica saber si “las áreas competentes en materia energética, ambiental, y económica han registrado el acuerdo anunciado por la empresa canadiense Bitfarms, para abastecerse de energía eléctrica a través de un Agente del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) por 8 años”.

“Si el total del sistema eléctrico instalado en el país, o de inminente instalación, tiene esa capacidad disponible. Si el consumo de esa energía eléctrica utilizada percibirá subsidio de fondos públicos y en caso afirmativo, cuál es la fuente de financiamiento de ese subsidio y cuáles resultan los criterios y justificativos que justifican su otorgamiento”, agrega el autor del proyecto.

Entre los fundamentos, el diputado pampeano detalla que “la capacidad instalada en el complejo hidroeléctrico Los Nihuiles totaliza 224 MW, mientras que la futura central hidroeléctrica Portezuelo del Viento, según se anunció, contará con una potencia instalada de 210 MW y una generación estimada de 884 GWh/aňo”.

“El incentivo principal para instalarse en el país es, obviamente, económico: el costo de un Bitcoin durante el cuarto trimestre de 2020 fue de aproximadamente U$S 7500 en Quebec; con la tarifa anunciada, durante el mismo período el costo habría sido de U$S 4.125. Un ahorro del 45 por ciento. La instalación se haría aprovechando las condiciones de frío del sur de nuestro país, lo que permite ahorrar en refrigeración, un consumo importante”, explicó el legislador.

En este sentido, aclaró que “no existe en la Argentina, y menos en la Patagonia, donde se presume que quedaría radicada, una central hidroeléctrica en condiciones de suministrar la potencia que menciona como requerida. Obviamente, la aprobación, y construcción de una central de esa clase es inconciliable con el objetivo de comenzar la producción el año que viene”.

La hipótesis de que la radicación se produciría en Tierra del Fuego fue desmentida por el secretario de Energía de esa provincia, quien afirmó categóricamente que “no existe energía disponible o excedente para entregar 210MW”, y negó todo conocimiento de negociaciones al respecto con las prestadoras de servicios eléctricos locales.

Berhongaray indicó que “no se registra la existencia de energía disponible ni se advierten perspectivas de que ello ocurra en fecha cercana, y en todo caso no debe olvidarse el compromiso del país con la disminución de emisiones de carbono. Aunque la empresa se proveyera de energía a través de una fuente limpia, la energía resultante de ella no estará disponible para satisfacer las necesidades de producción y consumo; en otras palabras, se restará de la disponibilidad actual de la capacidad total energética del país”.

 Además, destacó que “la generación de criptomonedas es una industria cuya ocupación de mano de obra es sumamente escasa, y cuyo tratamiento tributario es difícil de registrar y controlar”.

“No podemos afirmar que el desarrollo de la actividad en cuestión tenga relación con objetivos de bienestar y desarrollo presentados como fundamento de apoyo estatal que se financia con mayor carga tributaria y emisión de moneda”, destacó el diputado radical y concluyó que “la información disponible sobre la radicación y las referencias acerca de la contratación con un generador o proveedor de energía y, la relación de esta inversión con los subsidios vigentes para el consumo de energía eléctrica, tampoco conducen a verificar tales objetivos”.