El bloque de la Coalición Cívica-ARI en la Cámara baja presentó un pedido de juicio político al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández. “Resulta evidente que el Sr. Fernández es moralmente insolvente o indigno para ejercer el cargo que ostenta. Es decir, moralmente insolvente o indigno no en términos de creencias o convicciones individuales, sino de aquella causal de exclusión de la que habla nuestra Constitución Nacional para el caso de los legisladores nacionales en el artículo 66”, sostuvieron los diputados.

La bancada presidida por Juan Manuel López elevó el proyecto de resolución para remover al funcionario por “mal desempeño de sus funciones” y “las amenazas a un ciudadano que criticaba al Gobierno nacional”, en referencia a su mensaje en Twitter revelando información de la vida privada del dibujante Nik.

“Aníbal Domingo Fernández efectuó declaraciones públicas en la red social Twitter que se dan de bruces con las funciones que la ley le asigna y que, incluso, podrían tratarse de hechos subsumibles en tipos penales (tal es así que ya se encuentra tramitando una investigación penal por estos hechos)”, plantearon los legisladores de la CC.

En la iniciativa, afirmaron que “la persona a cargo del Ministerio que tiene como función asesorar al presidente de la Nación, en todo lo concerniente ‘…a la preservación de la libertad, la vida y el patrimonio de los habitantes, sus derechos y garantías en un marco de plena vigencia de las instituciones del sistema democrático’ amenaza públicamente a un ciudadano”.

“No sólo el tono amenazante de las declaraciones constituye una explícita causal de mal desempeño de sus funciones, sino que además el hecho se agrava con el tono antisemita de las mismas. Vale recordar en este punto que la escuela ORT es una institución judía, y el significado de su nombre deviene de una expresión rusa que en español se traduce como ‘Sociedad para la promoción de oficios y trabajo agrícola para los judíos’. En este contexto internacional, el señalamiento público de una institución judía, por parte del Ministro de Seguridad de la Nación, adquiere una gravedad inusitada”, advirtieron.

Y recordaron que desde el partido que comanda Elisa Carrió “se denunció en reiteradas oportunidades a Aníbal Fernández por sus vínculos con personas y causas judiciales asociadas al narcotráfico e incluso por interferencias del poder político en la investigación sobre la muerte del fiscal (Alberto) Nisman. La Coalición Cívica y Elisa Carrió también advirtieron vinculaciones de Aníbal Fernández con los hechos asociados al Triple Crimen de General Rodríguez y también al accionar del exfiscal de San Isidro, Julio Novo”.

En ese sentido, mencionaron que este pedido de juicio político contra Aníbal Fernández “no es el primero que impulsamos”. “En efecto, en el mes de febrero de 2010, luego que la entonces diputada Carrió tomara más conocimiento e investigara distintas circunstancias, los legisladores provinciales del bloque de la Coalición Cívica, presentaron un pedido de juicio político contra el entonces jefe de Gabinete por su responsabilidad en el funcionamiento del Sedronar y Renar y sus vinculaciones con el Triple Crimen de General Rodríguez. El mismo fue suscrito y presentado por los legisladores provinciales bonaerenses de la CC Maricel Etchecoin Moro, Liliana Piana, Javier Mor Roig y Daniel Expósito”, señalaron.