El senador nacional de Juntos por el Cambio Pablo Daniel Blanco presentó un proyecto para solicitar al Poder Ejecutivo que brinde información, a través del Ministerio del Interior y el Ministerio de Seguridad de la Nación, sobre las fallas en la ciberseguridad del RENAPER a raíz de los sucesos ocurridos durante el mes de octubre de 2021 por los que una persona obtuvo y difundió ilegítimamente información personal de las bases de datos del Registro Nacional de las Personas asegurando, además, que las ponía a la venta. 

El legislador requiere saber si el hecho fue perpetrado por una persona con clave autorizada perteneciente al Ministerio de Salud de la Nación; Cuál es la estrategia de ciberseguridad en el ámbito del Ministerio del Interior en relación a los datos del RENAPER; Cuáles son las medidas adoptadas en relación a la pérdida de información; Si se ha formulado la denuncia penal correspondiste. 

“Este ciberdelincuente alardeó en las redes sociales de poseer bases de datos de 45 millones de argentinos y, para dar prueba de ello, publicó información sobre políticos, periodistas, futbolistas de renombre mundial y personas famosas. Ofreció, además, la venta de paquetes de esa información, especialmente de todo lo relacionado con los DNIs”, afirmó el senador fueguino. 

“Esto constituye un hecho gravísimo que vulnera la intimidad de las personas y pone en duda a los sistemas de protección de datos con los que cuenta el Estado nacional”, sentenció Blanco, y agregó: “Más allá de las circunstancias particulares del caso, el hecho ocurrido pone de manifiesto la gran vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los ciudadanos cuando las acciones u omisiones del gobierno se alejan de las prácticas profesionales que apliquen competencias de las personas y procedimientos orientados a la protección y promoción del bien común”. 

“La Estrategia Nacional de Ciberseguridad -promovida por el Poder Ejecutivo Nacional por Decreto N° 577/17 modificado por su similar N° 480 del 11 de julio de 2019 y normada por Resolución N° 829/19 de la ex-Secretaría de Gobierno de Modernización- fue un logro del profesionalismo en la gestión que llevó muchísimo esfuerzo y consensos de todo orden para generar una trayectoria administrativa orientada a la protección de los activos del bien público en su dimensión cibernética. Dicha estrategia fue abandonada por el gobierno nacional dejando a los ciudadanos expuestos al mal uso de sus datos personales ya sea por fines políticos o por la ineficiencia y falta de profesionalismo en el ejercicio de la función pública”. 

“Con tal motivo resulta imperioso que, más allá de las circunstancias que rodean al caso particular del Registro Nacional de las Personas, el Poder Ejecutivo de una explicación de cuáles son sus prácticas en materia de la protección de los datos personales de los habitantes de la Nación”, finalizó el senador Blanco.