El diputado nacional Jorge Enríquez presentó junto a otros diputados de Juntos por el Cambio, una denuncia penal  para que se investigue a Alberto Fernández, Aníbal Fernández y otros funcionarios nacionales por la posible comisión de los delitos de asociación ilícita calificada, usurpación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y sedición, ya sea en calidad de autores, cómplices  y/o partícipes, con relación a los hechos de terrorismo provocados en la Patagonia por un grupo autodenominado RAM.

La actitud del Gobierno nacional fue por lo menos pasiva al rechazar irresponsablemente el pedido de auxilio formulado por la gobernadora de Río Negro, pero podría ser también de mayor entidad si se comprueba que se facilitó el accionar terrorista de personas que usurpan la identidad mapuche para sembrar la violencia en el sur argentino, desconocido la soberanía nacional y la Constitución.

“El hecho excede los parámetros de una política equivocada para ingresar en el terreno penal”, sostiene Enríquez, para quien resulta “imperioso que la justicia actúe con firmeza y celeridad antes de que el avance terrorista se extienda como una mancha de aceite sobre vastos sectores de nuestro territorio, alentado por un kirchnerismo en retirada que quiere dejar tierra arrasada”.