El 11 de noviembre de 2020 aprobó la Cámara baja un proyecto contra la deserción escolar producto de la pandemia. Casi un año después, con dictado de clases presenciales plenas, el Senado lo convertirá en ley.
Paso a Paso. Un tema que era de vital importancia en tiempos en el que las clases de todos los niveles educativos eran virtuales desde marzo del año pasado obtuvo una respuesta en la Cámara baja en noviembre del 2020, pero estuvo sin ser tratado durante un año en el Senado, que recién ahora lo pondrá este jueves a debate en el recinto.
Se trata de un proyecto de ley contra la deserción escolar producto de la pandemia, a través de la creación de un “Programa para fortalecer las trayectorias educativas”.
Tanto tiempo transcurrió que uno de los que participó en esa ley fue el entonces ministro de Educación, Nicolás Trotta, que luego de la derrota electoral de las PASO salió eyectado del Gobierno nacional.
La media sanción de Diputados
El proyecto aprobado establece una “estrategia integral para garantizar el derecho a la educación ante situaciones que modifican y afectan la continuidad de las trayectorias escolares de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos del Sistema Educativo Nacional”.
Se busca garantizar, por un lado, “la atención integral de las problemáticas educativas relacionadas con factores sanitarios, sociales, culturales, económicos, geográficos y pedagógicos profundizadas por la pandemia del Covid-19”.
En segundo término, se apunta a garantizar “el derecho al desarrollo personal y social de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, que promueva la continuidad de su trayectoria escolar y garantice la terminalidad de los estudios de los niveles obligatorios en todas sus modalidades”.
“El Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con las jurisdicciones educativas en el ámbito del Consejo Federal de Educación y en coordinación con otros organismos con competencia relacionada al objeto de la presente ley, promoverá, a través de los programas vigentes y de los que se creen al efecto, acciones de educación inclusiva que garanticen el acompañamiento y fortalecimiento a las trayectorias escolares para que sean continuas y completas para todas las alumnas, alumnos y estudiantes de la educación obligatoria de todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional de gestión estatal, privada, cooperativa y social, en igualdad de condiciones en todo el territorio del país”, indica el texto.
En tanto, señala que el Consejo Federal de Educación, en base a acuerdos federales, deberá establecer los criterios y modalidades para contribuir a reducir el abandono escolar.
Tratamiento en Diputados
El texto recibió 231 votos afirmativos en la Cámara baja en 2020 cuando todavía ni había llegado la vacuna contra el Covid-19, ninguno en contra y tres abstenciones, de Nicolás Del Caño (PTS), Romina Del Plá (Partido Obrero) y Francisco Sánchez (Pro).
Blanca Osuna, presidenta de la Comisión de Educación, destacó que la iniciativa fue el fruto de un consenso entre los bloques y que se logró tras escuchar a especialistas y a ministros de Educación de varias provincias.
En efecto, para la redacción final se unificaron proyectos de Osuna (Frente de Todos), Mara Brawer (Frente de Todos), Victoria Morales Gorleri (Pro), Karim Alume Sbodio (Frente de Todos), Brenda Austin (UCR) y Victoria Rosso (Frente de Todos).
La titular de la comisión explicó que “se trata de una estrategia integral, un conjunto de acciones planificadas en busca de un objetivo: fortalecer las trayectorias educativas”, es decir, “el recorrido del estudiante” dentro del sistema.
Osuna precisó que la última evaluación anual, dada a conocer por el entonces ministro Nicolás Trotta y correspondiente al año 2019, “da cuenta de que el egreso a término de estudiantes del nivel medio representa al 29% del conjunto de los estudiantes”.
De ese relevamiento también surgió que mientras el 91% de los jóvenes de los hogares de mayores ingresos habían finalizado el colegio secundario, entre los provenientes de hogares con menores ingresos sólo un 43% se había graduado.
“La apuesta más contundente es porque se cumplan las trayectorias educativas en tiempo y forma. Vamos por una escuela más justa que junto con el Estado se comprometa por la situación de los que van quedando en el camino, sobre todo en esta etapa tan compleja”, expresó la entrerriana.
Romina Del Plá (PO-FIT), autora de un dictamen alternativo, denunció que “de ninguna manera la crisis educativa y la deserción escolar son resultado de la pandemia, de la cuarentena o de la suspensión de las clases presenciales”.
“Esta crisis es muy previa, la venimos denunciando gobierno tras gobierno. Tenemos un cuadro de vaciamiento de la educación pública brutal”, advirtió la legisladora, y se refirió no solo a las dificultades presupuestarias, sino también a la situación edilicia y a las condiciones laborales de los docentes.
A continuación, la oficialista Mara Brawer sostuvo que “hablar de trayectorias educativas es preguntarse por las múltiples posibilidades que ofrecemos para que la enseñanza suceda de manera efectiva, porque el éxito o el fracaso de los estudiantes es el resultado de las condiciones generadas desde el Estado para que la educación sea posible”,
Brawer señaló que el proyecto tiene “una fuerte configuración integral, porque el objetivo es que las injusticias no recaigan sobre las trayectorias escolares y que no se incrementen las desigualdades”.
Desde la UCR, Brenda Austin, consideró que “estamos tratando un buen texto, que es el esfuerzo de iniciativas muy valiosas y de un trabajo articulado, pero estamos llegando un poco tarde”, ya que varios de los proyectos ingresaron a mitad de año.
Austin -quien promueve la declaración de la emergencia educativa- advirtió que “a 236 días de cuarentena, solo un 1% de los estudiantes de nuestro país tienen clases; el impacto de la cuarentena es desigual”.
“La respuesta que estamos dando es buena, pero es insuficiente, porque no estamos poniendo en discusión qué se hizo en estos meses para preparar las escuelas, para construir protocolos sólidos”, cuestionó.
Por su parte, Maximiliano Ferraro, jefe del bloque de la Coalición Cívica, habló de “justicia educativa, que es un concepto que pone al Estado en una posición importante para poder poner a los sectores más vulnerables en el centro del sistema educativo”.
“Esta herramienta que estamos incorporando, más allá de que puede tener una mirada respecto a la pandemia, nos sirve para hacernos cargo de los distintos contextos y actores del sistema educativo, y para revisar las condiciones del aprendizaje, de la organización institucional, de las pedagogías y la currícula”, puntualizó.
Victoria Morales Gorleri, vicepresidenta de la Comisión de Educación, coincidió en que “el abandono escolar es la problemática más dolorosa de nuestro sistema educativo”, dado que “solo la mitad de los jóvenes que ingresan al nivel medio egresan en tiempo y forma”.
“No logramos que la escuela sea una esperanza para nuestros jóvenes, que elijan la escuela para superar sus dificultades”, reconoció Morales Gorleri, y agregó que las causales de abandono escolar tienen que ver con la búsqueda de empleo, el cuidado de familiares y el embarazo adolescente.
La diputada del Pro aseguró que se promueve “una estrategia que no estaba sistematizada en una normativa, y que tiene que ver con la prevención: una estrategia de datos nominalizados, geolocalizada, que apunta a ver la integralidad de nuestros pibes”.
