La nueva ley de régimen de la actividad ovina y de llamas se sancionó este miércoles por 182 votos a favor, dos en contra -del Frente de Izquierda- y 0 abstenciones. Hacía tres meses que el proyecto tenía dictamen de comisión y finalmente pudo ser incluida en el temario de esta sesión maratónica, que comenzó en el mediodía del martes.

Al defender la iniciativa, el presidente de la Comisión de Agricultura, José Ruiz Aragón (FdT), precisó que “este proyecto de ley que viene del Senado tiene la idea de cambiar el concepto que la Ley Ovina tenía de recuperación del ganado ovino, y ya empezamos a hablar del fortalecimiento de esta producción”.

“Nosotros creemos además que hay que agregar algunas interpretaciones con los tiempos que vivimos y que vinieron para quedarse. Como también la participación de mujeres productoras en este rubro”, señaló.

Tras agradecer el aporte hecho por el exministro del área, Luis Basterra, el legislador correntino apuntó que “está claro que en la Argentina en años anteriores no se intentó que la producción tenga un empuje. Con la actualización de los montos estamos intentando que el sector tenga un empuje”.

“Este proyecto tiene como objetivo la promoción, consolidación y el crecimiento de la actividad ovina, incorporando la experiencia acumulada de los años anteriores, y también hablando de las nuevas demandas sociales y ambientales”, expresó el diputado. Y agregó: “Venimos reclamando por supuesto, y lo hemos dicho muchas veces, que el objetivo de máxima era cumplir con las necesidades del sector, pero que quede claro que todos los que hemos trabajado en la sanción de este proyecto de ley lo hemos hecho con la voluntad de que sea lo más satisfactorio posible”.

También, destacó que “estamos hablando de 850 millones de pesos que van a ser destinados a la Ley Ovina. Un sector que tiene una actividad que repercute mucho en la región patagónica, pero también está desarrollándose con creces en otros puntos del país, como Corrientes”. “Tenemos en cuenta al distribuir estos fondos no un solo factor, y en función de que la ley sea sancionada y no dilatar esa sanción es que hemos propuesto que en la reglamentación de la ley todas las provincias puedan discutir con Agricultura cómo va a ser aplicado”, completó.

“Tarde”, arrancó su discurso el radical Gustavo Menna, que expresó a continuación: “Por la prórroga, porque llega cuando la ley está vencida. Este régimen legal se instituyó en 2001; no es cierto que lo debamos al expresidente (Néstor) Kirchner como otros dijeron. Venció en abril de este año sin que hubiese una disposición de ir en auxilio a los productores del país. Puede ser por prejuicio al campo, por falta de información, por prejuicio…”.

El chubutense enfatizó que se trata de “algo importante para el país y la Patagonia, donde (la actividad) tiene un sentido geopolítico; no es cierto que la actividad está floreciendo y es incompresible que se tardó tanto en dar tratamiento a la ley. Chubut es la primera con más stock ganadero”.

Además, indicó que “es sumamente necesario mantener esta actividad porque le da trabajo a más de 125 mil personas, genera divisas y valor agregado, tiene y genera un rol estratégico para sostener la ruralidad y evitar que el campo se siga despoblando”.

Otro de los oradores fue el santafesino Luis Contigiani, quien manifestó que “es una ley que es una clara señal a los productores de ganadería ovina, cuya producción no tiene techo”. Sobre el consumo de carne ovina, el legislador del Interbloque Federal detalló que “no pasa del 1,1 per cápita anual, es una producción que produce lana para exportación, pero la carne va al mercado interno y tiene todo para creer en el mercado exportador. Genera casi 30 mil puestos de trabajo, tiene una alta importancia en arraigo rural y agregado de valor. Gracias a esta ley desarrollaron biotipos nuevos en genética, un tema de faena, todo para crecer”.

“Es una actividad que necesita apoyo, rapidez, previsibilidad”, subrayó, pero criticó que “debemos incorporar en el mecanismo de distribución y repartir por cantidad y productores y no solo por stock, porque el 90 por ciento de los productores están dentro de las 500 cabezas a nivel país que muestra una estratificación de pequeños y medianos productores ovinos”.

Finalmente, Contigiani advirtió: “Vamos a condenar a la ganadería ovina a ser una economía regional y tiene todo para crecer y a concentrar en pocas manos los beneficios que tiene el fondo de recuperación”.
En el cierre del debate, el diputado rionegrino Luis Di Giacomo aseguró que “hacer esta ley es una victoria para la producción, y no solo para la Patagonia, sino para todo el país”. Esta actividad “ha significado para el Estado argentino que cada dólar que el Estado invirtió, tuvo un retorno de seis dólares por la recaudación” de la producción ovina, ponderó.

El legislador de Juntos Somos Río Negro, autor de uno del proyecto que se tomó en cuenta, sostuvo que este sector “necesita de este tipo de promoción y ayuda”, e insistió que es “una ley altamente positiva” que tiene “aspectos novedosos” respecto a la anterior. “Estamos ante una ley que ya mostró altamente su efectividad, que incluye ahora la mujer, que incluye a toda la cadena de industrialización, que la tenemos por 10 años más, y que nos va a permitir a lo ancho y largo del país desarrollar esta ganadería ovina que para muchos es su única posibilidad”, completó.

Puntos centrales de la nueva Ley Ovina y de Llamas

En la norma se establece que por el plazo de 10 años el Poder Ejecutivo deberá incluir en el Presupuesto Nacional un monto anual a integrar en el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina (FRAO) de 850 millones de pesos. Hasta el pasado 5 de abril, esa cifra era de 20 millones de pesos. Los productores estaban reclamando 1.500 millones de pesos.

La ley establece el “Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas”, el cual estará destinado “al desarrollo sostenido de la producción, la transformación y la comercialización de la ganadería y sus productos derivados, a través de la actualización permanente, modernización e innovación de los sistemas productivos, fomentando el desarrollo sostenible de sus potencialidades, el incremento del agregado de valor y la integración horizontal y vertical de todos eslabones de la cadena, el desarrollo regional y el carácter federal del presente régimen, la radicación de la población en el medio rural y la ocupación del territorio”.

Serán beneficiarios del régimen las personas humanas, jurídicas, sociedades de hecho y sucesiones indivisas que realicen estas actividades; al tiempo que se especifica la clasificación entre productores y productoras; prestadores de servicios; transformadores y comercializadores.

Para poder acogerse al régimen, los solicitantes deberán “presentar un plan de trabajo y/o un proyecto de inversión, según corresponda, ante la Unidad Ejecutora Provincial del Régimen”. “Se promoverá la igualdad de oportunidades para el desarrollo y participación de las mujeres en la cadena ovina y de llamas”, contempla.

El artículo 6 reza que la autoridad de aplicación, que será el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, “dará un tratamiento diferencial en los beneficios económicos y en los requisitos a cumplimentar a las pequeñas productoras y productores y al sector de la agricultura familiar campesina e indígena” que “desarrollan la actividad en reducidas superficies o cuentan con pequeñas majadas”.

Además, se dispone la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores, teniendo en cuenta la participación femenina en la misma.
El artículo 12 expresa que la autoridad de aplicación, en conjunto con la CAT, “establecerá el criterio para la distribución de los fondos del FRAO, considerando prioritariamente la cantidad de cabezas de ganado ovino registradas oficialmente”.

Ese artículo agrega que “anualmente se podrán destinar hasta 5% de los fondos del FRAO para compensar los gastos administrativos, en recursos humanos y en equipamiento, tanto en el ámbito nacional como provincial, que demande la implementación, seguimiento, control y evaluación del régimen”.

En tanto, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, también en previa consulta con la CAT, “podrá destinar anualmente hasta el 20% de los fondos del FRAO para otras acciones de apoyo general a la promoción, consolidación y fomento de la ganadería ovina y de llamas que se consideren estratégicas y que sean de carácter nacional y regional”.

“Del total asignado, se deberá determinar un porcentaje no menor al 50% de dichos fondos para financiar, en forma obligatoria, el Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y el Programa de Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina”, establece el texto, entre otros puntos.