Se trata de un pedido de la legisladora del FIT Amanda Martín, quien presentó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que advierte sobre la situación y busca generar mecanismos para que la población acceda a una vivienda.
En el marco de la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad, la diputada del Frente de Izquierda (FIT) Amanda Martín impulsó en la Legislatura porteña un proyecto de ley que busca declarar “la emergencia en el acceso a la vivienda” y establece mecanismos para que la población pueda acceder a un techo.
De esta manera, la legisladora pidió avanzar con la creación de un “banco de tierras públicas” y propuso crear una comisión que revise las tierras públicas enajenadas. La misma estará integrada por representantes de organizaciones sociales con intervención en las villas, organizaciones de inquilinos, organizaciones ambientales, organizaciones en defensa de personas con discapacidad y profesionales de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA; mientras que los diputados porteños podrán participar como veedores.
Dicha comisión tendrá como función “revisar toda venta de tierra pública y/o inmueble ejecutada desde la Legislatura y determinará su provecho o no para la población de la Ciudad” y que “en caso que la comisión determine que su venta fue en detrimento de la población de la CABA, la venta quedará sin efecto, se restituirá como tierra/inmueble fiscal y de utilidad pública y la comisión establecerá la compensación correspondiente, si existiere”.
Por otra parte, el texto recientemente presentado propone la creación del Impuesto a la vivienda ociosa, cuya recaudación será destinada al cumplimiento de la norma. De esta manera, se prevé que el impuesto alcance a los inmuebles que permanezcan deshabitados por un plazo de 12 meses consecutivos.
A su vez se propone la eliminación del impuesto a la vivienda única para todas aquellas personas físicas que sean titulares de un inmueble con un valor fiscal menor a cuatro millones de pesos. Al mismo tiempo que se crea el impuesto a los “acaparadores inmobiliarios”, el cual se aplicaría a toda persona física o jurídica que tenga más de tres inmuebles.
El texto también prevé la creación de un “plan de viviendas populares”, las cuales se construirían en tierras públicas y deberán contar con todas las condiciones de habitabilidad y accesibilidad necesarias.
Sobre esa misma línea, la legisladora propuso crear créditos para el acceso a la vivienda, la creación de comisión de negociación colectiva del precio de los alquileres y un plan de reurbanización para barrios populares.
