Se trata de una iniciativa del peronista Santiago Roberto (FdT) que busca que se aplique en el distrito capitalino para entidades sin fines de lucro paguen por los servicios públicos tarifas diferenciadas, las cuales no podrán ser superiores a las que pagan los residenciales.
En el marco de la delicada situación económica que atraviesa el país, el legislador del Frente de Todos (FdT), Santiago Roberto, impulsó en la Legislatura un proyecto de ley para que la Ciudad adhiera a la Ley Nacional N° 27.218 para que entidades de bien público porteñas puedan ser parte del régimen tarifario específico que define un tratamiento particular para aplicar a las entidades sin fines de lucro, en relación al precio que las mismas pagan por los servicios públicos.
La mencionada normativa en el título IV hace referencia a los servicios públicos esenciales, y establece que tendrá aplicación en el servicio público de agua potable, desagües cloacales, electricidad, gas natural y telefonía. En tanto, el art. 26 de la referida Ley invita al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la normativa y trabajar en coordinación para implementar regímenes equivalentes.
Para acceder al Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público las empresas prestadoras de los servicios públicos podrán requerir únicamente la constancia de cumplimiento, que los clubes de barrio estén inscriptos en inscriptos en el Registro Único de Instituciones Deportivas (R.U.I.D.), el Registro de Organizaciones de Acción Comunitaria (R.O.A.C.), y/o la Secretaria de Integración Social para Personas Mayores que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En tanto, la tarifa aplicable a los sujetos del Régimen Tarifario Específico para Entidades de Bien Público será la tarifa mínima establecida en la jurisdicción y nunca podrá ser superior a la aplicable a los usuarios residenciales, según los cargos propios de cada servicio.
Las entidades que no estén registradas en los ítems mencionados con anterioridad o que se encuentren con el trámite pendiente de resolución, gozarán del régimen de manera provisoria por el término de seis meses, que podrá ser prorrogado, por la Autoridad de Aplicación, por única vez por otros seis meses.
Al respecto del proyecto, Roberto afirmó que “si algo caracteriza a las y los porteños es la construcción de lazos sociales que suelen surgir en los clubes de barrio y otras entidades de bien público” e indicó que “estas organizaciones que muchísimas veces son espacios de contención social han entrado en serio riesgo. Por ello, es necesario que la Ciudad adhiera al Régimen tarifario específico como medida para evitar que deban cerrar sus puertas”.
Asimismo planteó que “dada la importancia de la tarea social, comunitaria, cultural, deportiva y de contención que realizan las entidades de bien público, presentamos este proyecto para hacer frente a una situación social que se potenció con la llegada de la pandemia”.
“El impulso puesto en estas instituciones requiere de voluntad política, de programas y leyes específicas, acordes a estos tiempos y que acompañen a las organizaciones para evitar que cierren sus puertas. Por ello, es necesario considerar que en ello se juega la posibilidad de que niñas, niños, adolescentes y adultas y adultos pierdan esos lugares de pertenencia que funcionan como ámbitos de sociabilidad, contención social, y desarrollo personal y comunitario”, sentenció el peronista.
