En la última reunión de este martes, la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara baja, cuya presidencia está a cargo de José Ruiz Aragón, se reunió de forma presencial por la tarde y aprobó los dictámenes sobre modificaciones a la Ley 27.118  de Agricultura Familiar sobre prohibición de desalojos a comunidades campesinas; la creación del Fondo Fiduciario Público de Crédito para la Agricultura Familiar (CREPAF) y la iniciativa que crea un Programa nacional de Financiamiento para Agricultura Familiar y Economías Regionales (PRONAFER). Más temprano, tuvo tratamiento el proyecto de ley para establecer un marco regulatorio al desarrollo del cannabis medicinal y el cáñamo industrial.

El primer orador fue Lucas Godoy (FdT – Salta), quien remarcó que “la agricultura familiar es el camino apto para proporcionar alimentos suficientes, para lidiar con el cambio climático, generación de mano de obra. Los alimentos en Argentina mas del 60% se produce por las familias agricultoras. Se están produciendo desalojos, es fundamental prorrogar. Hay que pensar en el fondo del asunto y en una solución para garantizar el acceso a las tierras a los campesinos, para fortalecer el arraigo rural y que no terminen expulsados, preservación y fomento de las tecnologías el acceso al agua. Tenemos que resolver el problema”.

“La mayoría no tiene acceso a un fondo de créditos. Este proyecto de la creación de un fondo se pudo dictaminar. El eje central es ese para garantizar el acceso a la tierra y lo facilite. El crédito también es para comprar tierras privadas, utilizar tierras en desuso para que los campesinos lo puedan trabajar”, remarcó Godoy.

En tanto, el diputado Federico Fagioli (FdT – Buenos Aires) agregó que “este proyecto sintetiza varias iniciativas que se venían construyendo con organizaciones en torno a la economía popular y campesinos y trabajadores de la tierra. Viene a dar respuesta a una demanda histórica de la agricultura familiar y van a tener más posibilidades de desarrollo, con la creación del fondo fiduciario se va a facilitar el acceso a las tierras tras el otorgamiento de créditos para la adquisición de bienes rurales y la construcción de viviendas”, y cerró que “también se busca proteger los sectores peri urbanos y productivos que son fundamentales y reducir un impacto ambiental”.

Por otro lado, Héctor Bárbaro (FdT – Misiones) recordó los desalojos en su provincia en donde habían presentado un proyecto y contó: “Me puse del lado de 12 familias que fueron desalojados como animales y los tiraron con sus pocas pertenencias sin una orden judicial”, y agregó: “El tiempo me dio la razón, el juez que había ordenado ese desalojo fue el que le sacó el arma a unos policías que habían secuestrado camiones ilegales. Después de una lucha esas familias les conseguimos 10 hectáreas a cada uno para poder trabajo”.

“Las prórrogas no sirven, queremos que vuelvan a asesores y darle una solución porque esta propuesta no nos va a llevar a ningún lado”, solicitó Pablo Torello (Pro – Buenos Aires) y subrayó que “pequeños productores hay en todos lados y ustedes están invisibilizando”. “Ustedes hablan de pequeños productos periurbanos, pero al productor profundo no lo ven y no se dan cuenta de lo que están haciendo”.

Alfredo Schiavoni (Pro – Misiones) destacó y reconoció el trabajo de Bárbaro con los que “menos tienen en mi provincia”, pero le cuestionó que “por tantos años haya sido aquiescente con el gobierno provincial que ha generado esa situación de marginalidad y pobreza y situó a los agricultores familiares en esa situación”.

Por último, Jorge Vara (UCR – Corrientes) recomendó que “hay que apoyar a los productores con financiamientos competitivos. Hay que aplicar la ley Pierri y nosotros la aplicamos”.