El proyecto de ley que crea un marco regulatorio de la industria del cannabis medicinal y cáñamo, propuesto por el Gobierno y con media sanción del Senado, completó su trámite en comisiones en la Cámara de Diputados, al obtener este miércoles el dictamen favorable en Presupuesto y Hacienda.

Con aval del oficialismo y la oposición, la iniciativa quedó lista para ser tratada en el recinto, ya que este martes fue despachada en la Comisión de Agricultura y Ganadería, a la que asistió para defenderla el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

En defensa del proyecto la diputada Carolina Gaillard (FdT) celebró “la decisión política de poner en tratamiento este tema tan importante” que “hemos trabajado desde Diputados ya antes de que venga de revisión del Senado”.

En ese sentido, la entrerriana recordó la sanción en 2017 de la Ley 27.350 -de la cual fue autora- que “fue un paso importante, pero fue una ley que quedó circunscrita a la investigación y no terminó de garantizar el acceso a la salud de aquellas personas que necesitaban tratamiento con cannabis medicinal”.

La oficialista indicó que en la actualidad quienes requieren de cannabis medicinal “tienen que importarlo de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos o acceder de manera ilegal”, mientras que con esta ley se va a “generar una industria” y se van a “generar divisas para nuestro país”, además de “garantizar el acceso a la salud”.

A continuación, la diputada Mara Brawer se refirió a las bondades del cáñamo, que actualmente no es considerado estupefaciente, y aseguró que se trata de “una industria sumamente sustentable” y “toda la cadena productiva tiene huella de carbono negativa”. “Es una industria ecológica y que genera puestos de trabajo”, añadió.

También, la oficialista mencionó que “este fue un sueño de (Manuel) Belgrano” ya que el cáñamo -prohibido en la última dictadura- tuvo un amplio desarrollo en “el siglo XV, XVI, XVII” e incluso “cuando (Cristóbal) Colón llegó la vela de los barcos y la ropa de los marineros” eran de cáñamo.

Entre sus usos, la porteña enumeró que con el mismo se pueden realizar autopartes; se puede utilizar como reemplazante de la fibra de vidrio; se puede hacer con sus semillas un aceite comestible que no provoca colesterol y suplementos dietarios; productos cosméticos, entre otros.

A su turno, el radical Jorge Rizzotti dijo que la ley abre “una gran posibilidad en el desarrollo local y las economías regionales” y destacó que su provincia, Jujuy, es hoy “la única productora de aceite de cannabis medicinal en el país”. “Necesitamos de esta ley fundamentalmente para seguir creciendo”, agregó.

Los puntos centrales del proyecto

El proyecto del Ejecutivo busca crear un marco regulatorio de la cadena de producción y comercialización nacional y/o con fines de exportación de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados afectados al uso medicinal, incluyendo la investigación científica, y al uso industrial; promoviendo así el desarrollo nacional de la cadena productiva sectorial.

La iniciativa contempla la creación de una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), como organismo descentralizado que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo, con autarquía administrativa, funcional, técnica, y financiera, con jurisdicción en todo el territorio nacional.

Será el organismo competente para reglar, controlar y emitir las autorizaciones administrativas con respecto al uso de semillas de la planta de cannabis, del cannabis y de sus productos derivados. Entre sus múltiples funciones, podrá instalar delegaciones regionales o provinciales para agilizar el efectivo cumplimiento de la ley en todo el país.

Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la ARICCAME establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al o a la peticionante, con el fin de maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos. En ese sentido, resultará necesario y relevante un modelo de articulación conjunta entre varios organismos públicos cuyas competencias se encontrarán coordinadas.

En el otorgamiento de las licencias/autorizaciones, la ARICCAME contemplará muy especialmente el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos y medianas productores y productoras agrícolas y se atenderán asimismo las perspectivas de género y diversidad.

También, el proyecto prevé que la ARICCAME deberá acuñar normativa conjunta y/o generar convenios de cooperación con el Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros de la Nación, la IGJ y la UIF.

Por otra parte, se contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las disposiciones y/o a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten, con sanciones que van desde el apercibimiento, la multa, la suspensión de la autorización para desarrollar la actividad, la caducidad de la autorización, y la inhabilitación para operar en los plazos previstos en la reglamentación.

Entre los cambios que incorporaron cuando se dio media sanción en el Senado, se agregó la creación de un Consejo Federal para el Desarrollo de la Industria del Cáñamo y Cannabis Medicinal, que estará constituido por un representante de la Nación y uno por cada provincia y por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quienes cumplirán funciones de manera honoraria.

Dicho Consejo Federal se reunirá mensualmente, en sesiones ordinarias. Por razones de urgencia podrá ser convocado a sesión extraordinaria por la ARICCAME o a requerimiento de, al menos, el 40% de los integrantes. Fijará su asiento en sesión plenaria con la asistencia de por lo menos dos tercios de los miembros y elaborará sus recomendaciones por mayoría simple de los miembros presentes.