Antes del recambio parlamentario, el Frente de Todos en la Bicameral de Trámite Legislativo aprobó este jueves la validez de 116 decretos -de los cuales 70 son de necesidad y urgencia- firmados por el presidente Alberto Fernández durante 2019, 2020 y 2021, y que estaban pendientes de discusión.

Ahora, el paquete quedó en condiciones de ser tratado por una de las dos cámaras, y se prevé que vayan a ser sometidos a votación en el Senado, como sucedió en estos casi dos años, y donde el oficialismo ostenta ser mayoría hasta el próximo 10 de diciembre.

Con superioridad numérica en la comisión, presidida por el diputado Marcos Cleri, los legisladores del Frente de Todos defendieron cada una de las medidas durante la reunión que se desarrolló por dos horas.

En el arranque, los diputados opositores Pablo Tonelli y Gustavo Menna dejaron sentado el rechazo de Juntos por el Cambio, y luego se retiraron del encuentro. Anteriormente, los referentes de la oposición habían brindado una conferencia de prensa.

Luego que Cleri abriera la reunión, Tonelli señaló que “no vamos a tratar todos” los decretos, porque justamente este jueves se publicó en el Boletín Oficial “un DNU particularmente trascendente” como es la prórroga de la Ley de Emergencia de Tierras Indígenas (26.160).

“No estamos de acuerdo con la metodología propuesta”, aseveró, y explicó que este tratamiento en paquete de los decretos “no se ajusta a la legislación vigente”. “Lo que los constituyentes han querido es que el tratamiento que la comisión y el Congreso deban hacer de esos decretos sea inmediato, sea rápido”, remarcó.

Además, el legislador de Juntos por el Cambio indicó que en la Ley 26.122 se establece que cuando “la comisión no se expida dentro del plazo de 10 días, las Cámaras quedan habilitadas y deben considerar de manera inmediata y expresa los decretos” de modo de darle “seguridad jurídica y certeza a la vigencia de esas normas”.

“Este tratamiento demorado, y para peor conjunto, está muy lejos de respetar las normas de la Constitución y de la ley”, resumió, y dejó en claro que desde la oposición impugnaron la convocatoria y el tratamiento en conjunto de los 116 decretos.

Después fue el turno del radical Gustavo Menna, el segundo y último legislador de la oposición que hizo uso de la palabra en el comienzo de la reunión. Para el diputado, lo que está en discusión es “si la atribución de dictar leyes sigue perteneciendo al Congreso o lo vamos a trasladar al Ejecutivo”.

“El hecho de que sean 116 los decretos de contenido legislativo en consideración es una desmesura, de una exorbitancia tal, que habla a las claras que en estos casi dos años de Alberto Fernández se ha legislado por decreto. El Poder Legislativo se ha trasladado a la Casa Rosada”, cuestionó sobre el uso de esta herramienta.

En esa línea, el chubutense consideró que “se está tergiversando esta práctica de los DNU” y subrayó que “el artículo 99 de Constitución, inciso 3, no es una habilitación a dictar DNU festivamente”, sino solamente cuando “no es posible por circunstancias excepcionales seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes”.

“No hay precedente desde 1983 que haya habido avances tan grandes sobre las libertades individuales y públicas como en estos dos años, y esto es como consecuencia directa de los decretos, muchos de los cuales se van a buscar convalidar”, enfatizó.

Menna mencionó datos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que revelan que desde marzo hasta agosto de 2020 hubo “531 denuncias de abusos policiales” y “25 muertes” por casos de violencia institucional, 10 de ellos ocurridos en comisarías, además de “dos medidas cautelares que dictó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la provincia de Formosa, y una de ellas sigue vigente”. Entonces, vinculó que esta “violencia institucional fue generada con motivo de la normatividad que provocaron estos DNU”.

“Estamos asistiendo a una suerte de operación de blanqueo. Como ustedes han perdido a partir del 10 de diciembre la mayoría en el Senado, lo que se pretende es apurar la convalidación, la ratificación de estos decretos, que no les importó tratarlos en todo este tiempo en esta comisión”, completó.

Tras ello, los diputados Tonelli, Menna, Luis Petri (UCR) y Leonor Martínez Villada (CC-ARI) se levantaron para salir del Salón Eva Perón, donde se desarrolló la reunión, pero la senadora oficialista Anabel Fernández Sagasti les pidió que se quedaran para escucharla.

La vicejefa del Frente de Todos resaltó que los 116 decretos “son muy importantes para la institucionalidad de la Argentina” y defendió que “esta comisión ha trabajado arduamente durante la pandemia”, etapa que fue “un contexto excepcional, de necesidad y urgencia, que nos obligaba a abocarnos a los decretos”.

“La oposición tiende a tener una memoria selectiva”, los cruzó y recordó el DNU 27 firmado por el expresidente Mauricio Macri durante el verano del 2018, que “en un solo decreto se derogaban 19 leyes y se modificaban alrededor de 150 leyes, con la excusa de desburocratizar el Estado”.

Entonces, la mendocina les reprochó a los opositores “la pretendida institucionalidad y argumento de las formas” y “venir a hacerse los desmemoriados y no reconocer que esta situación que está viviendo la Argentina es excepcional”. “En pandemia, como nunca antes han estado los DNU más justificados en cuanto a su necesidad y urgencia”, continuó.

También, la senadora sostuvo: “No vamos a permitir que una vez más se nos señale desde la oposición al oficialismo como que nosotros somos los que cotidianamente estamos afrentando a la institucionalidad. No es así, e incluso cuando ustedes gobernaron la Argentina, y no había pandemia, en un solo decreto se cargaron 19 leyes y modificaron otras 150”.

Sin responder, los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron del salón y, acto seguido, contestó sobre los dichos de Formosa la senadora Teresa González.

“La provincia de Formosa durante toda la pandemia ha mantenido una política sanitaria excelente, ponderada por sanitaristas nacionales y también internacionales”, dijo, y acusó a la oposición de haber convocado “actos masivos tanto en Clorinda como en la ciudad de Formosa”, tras lo que “hubo un repunte impresionante de contagios y fallecidos”. “Seguimos soportando y enfrentando la terrible ofensa y el terrible vandalismo que viene cometiendo la oposición desde 2020 contra la provincia de Formosa”, añadió.

Cuando la oposición se retiró, todos los miembros del oficialismo se encargaron de argumentar a favor de la validez de las medidas. Previamente, Cleri destacó que la comisión realizó “12 sesiones de manera remota” y “tratamos 54 DNU”. “Con los que vamos a tratar ahora van a ser el 100% de los emitidos en 2019, 2020 y este año”.

Y detalló que se tratarían por bloque, separados de acuerdo a los temas “ASPO, DISPO y medidas generales de prevención; trabajo y producción; beneficios sociales; transformaciones institucionales; economía; y promulgación parcial de leyes, que son 7”.

En defensa de los decretos que dispusieron medidas restrictivas durante la pandemia, el diputado Pablo Yedlin subrayó la “enorme excepcionalidad que Argentina y el mundo han vivido en estos dos años tan terribles”, en lo que “5.300.000 argentinos se han contagiado de esta enfermedad y 116.222 argentinos y argentinas han fallecido por esta enfermedad”.

“Si en algún momento un profesor de derecho constitucional tuviera que elegir un período más justificado para dictar decretos de necesidad y urgencia, no tengo dudas que tomará la pandemia como un ejemplo”, expresó el senador electo.

Otro de los que tomó la palabra fue el senador Mariano Recalde, quien afirmó que “el trámite constitucional y parlamentario de los decretos están cumplidos”, pero “tal vez lo que les molesta (a la oposición) y por lo que se oponen a estos DNU es por el fondo. No les gusta lo que se decidió”.

“Lo que se hizo con estos DNU en medio de una pandemia fue proteger el trabajo y la producción”, señaló el porteño y fustigó: “Claro que les molesta la doble indemnización, si quieren eliminar la simple”. “Lo que les espanta es la prohibición de despidos o los aumentos salariales”, sumó.

Dentro del paquete de decretos -entre los de necesidad y urgencia, los de facultades delegadas y los de promulgación parcial de leyes- se encontraban las medidas referidas a la cuarentena, la doble indemnización, aumento de salarios, ampliaciones presupuestarias, prórroga de la suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria sancionada durante el gobierno de Cambiemos, y prohibición de despidos, entre otros temas.