La senadora nacional alertó que la Ley 26.160 estaba a punto de perder vigencia, y opinó que la decisión del presidente contribuye a la “paz social”.
La senadora nacional Nora Giménez (FdT – Salta) valoró este jueves la decisión del presidente Alberto Fernández de extender hasta 2025 y por DNU (decreto de necesidad y urgencia) la vigencia de la Ley 26.160, que declaró la Emergencia Territorial Indígena en todo el país y consideró que “es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios”.
La legisladora interpretó que el mandatario “pasó a la acción” ante la proximidad del vencimiento de la norma, y la “necesidad de dotar al Estado de herramientas que permitan mantener la paz social y evitar conflictos de tierras por demandas judiciales y acciones de desalojo”.
Además, opinó que “el DNU es una respuesta al pedido insistente de los pueblos originarios, instituciones, entidades y personalidades que se han pronunciado en apoyo a la prórroga en todo el país y el extranjero”.
El DNU 805 del jefe de Estado publicado este jueves en el Boletín Oficial, prorrogó por cuatro años la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, la cual suspende por el mismo plazo la ejecución de sentencias sobre esos litigios.
La emergencia había sido dispuesta en 2006 por la ley 26.160, y sus plazos extendidos en tres oportunidades por las leyes 26.554, 26.894 y 27.400.
La normativa sancionada por el primer mandatario y firmada por todos los ministros del Gabinete, suspende por “el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”, y establece que “la posesión debe ser actual, tradicional, pública y encontrarse fehacientemente acreditada”.
Asimismo, se fija que “durante la vigencia del plazo de la emergencia declarada, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y, en caso de corresponder, a la Administración de Parque Nacionales”.
Las autoridades también deberán “promover las acciones que fueren menester con el Consejo de Participación Indígena, los Institutos Indígenas Provinciales, Universidades Nacionales, Provinciales y Municipales, Organizaciones Indígenas y Organizaciones No Gubernamentales”.
Asimismo, se dispone la asignación de un fondo especial de 290 millones de pesos durante cada uno de los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad al decreto, destinados a la atención del Fondo Especial” contemplado en la Ley 26.160.
Por otro lado, el INAI presentará, a partir del año 2022, y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso “un informe anual que detalle el estado de avance del proceso de relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, conforme lo establece el artículo 3º de la Ley Nº 26.160, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance”.
La Ley 26.160 se sancionó en el marco de lo previsto en el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que reconoce, entre otros aspectos, “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, la personería jurídica de las comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan”.
