Tal como sucedió con la Ley de Etiquetado Frontal, el proyecto de gestión de envases se hizo eco por las voces a favor y en contra que se generó a su alrededor. Por ese motivo, la diputada nacional Daniela Vilar (FdT – Buenos Aires) respondió a las críticas de sectores empresarios y de la oposición a la iniciativa que obtuvo dictamen favorable días atrás.

“En los últimos días los mismos actores políticos, económicos y mediáticos que se opusieron a la Ley de Etiquetado Frontal atacan con información falsa la Ley de envases”, comenzó Vilar en un hilo publicado en sus redes sociales y destacó: “Hablamos de un proyecto que permitirá avanzar en una gestión de residuos responsable con el ambiente”.

En ese sentido, explicó: “La Responsabilidad Extendida del Productor no es nada nuevo: es un principio ampliamente aceptado, promovido por la OCDE y aplicado en muchísimos países. Establece que quienes introducen envases en el mercado asuman su responsabilidad en reducir su impacto ambiental”.

Respecto al rechazo por un supuesto nuevo impuesto, la legisladora oficialista expresó que “la Tasa Ambiental no es un ‘impuesto’. Es el pago por el servicio de reciclado de envases, imprescindible para la sostenibilidad ambiental. La ausencia de esta gestión implica un costo ambiental y monetario que pagamos todos, por un sistema de recolección oneroso e ineficiente”.

“Además, las empresas tienen una alternativa para no pagar la Tasa Ambiental: generar envases retornables y ocuparse del Depósito, Devolución y Retorno. En ese caso, no es necesario pagar la tasa”, agregó.

Sobre el destino de lo recaudado, la diputada señaló que “la recaudación irá a un fideicomiso al que podrán acceder los municipios si presentan un plan de abordaje integral de gestión de residuos y rinden cuentas de cómo administrarán esos fondos. Así se evitará todo tipo de discrecionalidad en el manejo y distribución de lo recaudado”.

En relación con la participación del sector privado en la gestión de envases, Vilar remarcó que “la Ley expresamente crea instancias para la participación activa del sector privado. Establece la creación de un Consejo Consultivo tripartito que incluye a representantes del sector industrial productor de envases y organizaciones de trabajadores de la industria del reciclado”, y continuó: “Este Consejo entre otras cosas, establecerá las metas de recupero de envases: las cuales serán progresivas y apuntan a la reconversión de los materiales de más difícil reciclaje y, por lo tanto, los que pagan mayor tasa”.

Sobre los fines del proyecto, la referente del FdT planteó que “de esta manera, se promueve el diseño y la producción de envases con materiales más fáciles de reciclar, más livianos e incluso fomenta el uso de retornables o la eliminación de empaquetado innecesario, al tiempo que se estimula la economía circular”.

En el final del posteo, Vilar brindó datos sobre las condiciones de los trabajadores y trabajadoras que realizan el trabajo de reciclado: “En Argentina ya tenemos una red de 200.000 cartoneras que actualmente hacen este trabajo en condiciones insalubres y denigrantes. La ley no hace más que reconocer este sistema que ya existe, generar aún más puestos de trabajo y dignificar las condiciones laborales”.

“Necesitamos avanzar, como ocurre en todo el mundo, en modelos de economía circular que disminuyan el impacto ambiental. Para eso, las industrias deben asumir la cuota de responsabilidad social empresarial en una transición hacia un sistema de producción sostenible”, concluyó.