En un plenario de las comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda del Senado, que se reunió este martes de forma remota se dictaminó un proyecto unificado sobre educación inclusiva para personas con discapacidad.

En primer lugar, la presidenta de la Comisión de Educación Cristina López Valverde (FdT – San Juan) explicó: “Son cuatro proyectos que tienen un hilo conductor que es la educación inclusiva y se llegó a un proyecto unificado. Tuvimos la asistencia de especialistas en el tema que han enriquecido el proyecto”, y destacó: “Se llegó al consenso de cuatro proyectos de legisladores que son de distritos espacios políticos, pero cuando la preocupación es genuina y el núcleo es el común denominador, los consensos son posibles”.

De forma breve detalló: “La presente ley tiene por objeto garantizar el pleno ejercicio del derecho humano a la educación inclusiva de las y los estudiantes en todos los niveles y modalidades de la educación obligatoria del Sistema Educativo Nacional, integrado por instituciones públicas de gestión estatal y de gestión privada”.

“Esta ley se basa en un principio que es el respeto a la diversidad, heterogeneidad y la valoración, muy distinto a ciertos paradigmas. Se busca la diversidad en el aula porque no hay uno igual al otro porque cada uno tiene capacidades distintas, historias distintas lo cual trae aparejado una nueva forma de aprendizaje y una nueva forma de ver la escuela”, manifestó la senadora.

En ese sentido, agregó: “Se busca mayor democratización, justicia educativa y social logrando que las personas sean más independientes y tengan la capacidad de desarrollarse en la sociedad”. “La inclusión en las escuelas es un derecho de todos los niños y adolescentes”, resaltó.

“Hay que hacer un cambio en el sistema educativo y en la sociedad. Las leyes son importantes, pero si no están acompañadas de una cultura y de políticas de Estado que fortalezcan esto, la ley es inocua”, advirtió y destacó: “La ley de educación inclusiva busca dar un marco legal que sirva de horizonte”. “Las discapacidades no se ven como limitaciones, sino que se ven como diferencias sobre las que hay que trabajar y se trabaja con el término de inclusión porque es la escuela y el sistema educativo los que se tienen que adaptar a eso”, precisó la legisladora sanjuanina.

Además, subrayó que “las escuelas deben admitir la inscripción y reinscripción de las y los estudiantes con necesidades de apoyo. El rechazo por cualquier razón, sin una justificación fehaciente, es considerado un acto de discriminación”, motivo por el cual “los maestros deben estar capacitados y recibir capacitación constantemente”, o incluir a “un profesional de apoyo a la inclusión (PAI)”.

Luego tomó la palabra el senador Esteban Bullrich (Pro – Buenos Aires) quien aseguró: “El derecho a la educación es universal y el Estado no puede hacerse el distraído y escudarse en ninguna excusa para que los niños y niñas tengan acceso a una educación de calidad”.

“Durante mucho tiempo esto no se ha cumplido en el país. La discapacidad debería ser un motivo para que el Estado prestara más atención, para que se ocupara más. Del mismo modo con las personas con altas capacidades que necesitan una atención especial”, cuestionó.

En este contexto, manifestó: “Es el sistema el que debe adaptarse a los chicos y no al revés. Es inaceptable que en Argentina en 2021 estudiantes tengan que tolerar la marginalización porque tienen alguna discapacidad particular en su capacidad de aprendizaje. El proyecto es innovador porque propone un paradigma diferente para remover barreras para el aprendizaje, el fortalecimiento, y la participación plena de estudiantes vulnerables, proponemos herramientas para esto”.

Por consiguiente, Roberto Mirabella (FdT -Santa Fe) remarcó que “el objetivo de enfrentar una situación de justicia, de estigmatización, de discriminación que produce mucho dolor que se materializa en la escuela”.

En esa misma línea, recordó que “un grupo de chicos ya me habían acercado un proyecto de estas características”. A su vez, ponderó la “participación de muchas familias, de la sociedad civil, de profesionales que trabajan de forma constante en el tema”.

En suma, resaltó algunos aspectos del texto como “la capacitación docente y los organismos que llevarán a cabo esa cuestión, la adaptación de los materiales, desarrollar instrumentos para seguir los procesos y sensibilizar sobre el tema”, y se comprometió a trabajar sobre ello en el Congreso cuando asuma.

En tanto, Julio Cobos (UCR – Mendoza) procedió a leer las Convenciones sobre las cuales se apoya el proyecto de ley y, de forma breve, celebró que “sea una ley para que sea operativa y el consenso que se logró”.

Por otro lado, el presidente de la Comisión de Presupuesto Carlos Caserio (FdT – Córdoba) expresó el apoyo total a la ley porque “es importante”, y remarcó que “con respecto al financiamiento no tiene un costo fiscal significativo. De todos modos, la ley prevé un financiamiento incluido en el presupuesto nacional, tiene una cobertura por parte del sistema de salud a personas con problemas de este tipo, por lo que creo que la ley va a tener una visión progresista”.

La senadora Norma Durango (FdT – La Pampa) reconoció el trabajo que se realizó y como “docente voy a apoyarlo”, pero advirtió que “va a necesitarse una educación personalizada y solo se consigue con aulas con menos alumnos y mejores salarios”.

A si mismo, Juliana Di Tullio (FdT – Buenos Aires) expresó que “son proyectos en donde los legisladores nos gusta invertir”, y contó: “Soy hipoacúsica severa de nacimiento, tengo pérdida total del oído derecho y 20% de audición del izquierdo uso audífonos esta ley me hubiera resuelto muchos problemas y me hubiese generado menos dolor psíquico. Lo disimulamos porque la escuela no nos integra”.

Por último, Víctor Zimmermann (UCR – Chaco) se sumó a los dichos de Caserio, pero solicitó tener un “costo estimativo a la hora de la sesión”.