Durante la reunión presencial que se llevó a cabo este viernes de la Comisión Bicameral del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, presidida por Paola Vessvessian (FdT – Santa Cruz), se presentó un Plan de Cooperación Argentina 2021-2025 con representantes de UNICEF y un balance del Plan de Trabajo llevado a cabo en el año. Allí enumeraron cinco problemas principales que atraviesan a los niñas, niños y adolescentes del país y que significa un desafío a resolver.

La palabra de los invitados:

La primera oradora fue Luisa Brumana representante de la entidad quien destacó el “trabajo realizado en conjunto”, y agregó: “Estuvimos trabajando con la Defensoría en ámbito de diagnóstico, indicadores de protección integral y el fortalecimiento territorial, pero el diálogo es muy importante. Esperamos tener espacios de ideas y de colaboración a futuro con el Estado en los tres niveles”.

“La pandemia ha profundizado los problemas y requieren soluciones inmediatas como salud mental, las diversiones y la integridad, la cuestión económica también fue agravada por la pandemia, estamos apoyando programas para la inserción de jóvenes al mundo laboral”, concluyó.

Por consiguiente, Olga Isaza representante adjunta procedió a explicar: “Hicimos un análisis de la situación de la niñez y la adolescencia en Argentina con varias fuentes de información para entender las principales problemáticas actuales. Seleccionamos cinco problemas que consideramos los más importantes y desafiantes. También en consecuencia cuáles son los aportes que podemos a hacer al Estado desde UNICEF”.

“El primer desafío tiene que ver con la pobreza que esta afectando a los infantes. A finales del semestre de este año 6 de cada 10 niños en Argentina vivía en situación de pobreza, lo cual no se distribuye de forma igual en todo el territorio, de acuerdo a la composición de los hogares, de las provincias, es necesario focalizar la atención para traer estas familias y niños que se están quedando atrás”, comenzó.

Y continuó: “Nos preocupa mucho los niños que están en extrema pobreza. Por supuesto consideramos que Argentina en la región tiene un sistema de protección social robustos, pero aún tiene desafíos que no logra una cobertura universal porque tiene una fragmentación en la bonificación que no cubre las necesidades para la superación de la pobreza en las familias. Fundamentalmente hay una falta de información sobre otras poblaciones como las indígenas, los discapacitados”, y remarcó que “pobreza y desigualdad territorial es el primer problema”.

En segundo lugar, Isaza detalló que se encuentra “la falta de oportunidades de desarrollo para niños y niñas entre 0 y 6 años. Los indicadores muestran una disminución de la lactancia materna de forma drástica, bajó del 54% al 43% y eso se correlaciona con un dato que es la obesidad del grupo de 0 a 6 años es el 13,6%. Argentina tiene el mayor porcentaje de niños con obesidad, es la generación que viene y la carga de enfermedad y costos que van a generarle al país son importantes, hay que erradicar ese problema”.

La tercera prioridad tiene que ver con “las oportunidades equitativas para los y las adolescentes porque solo 1 de cada 2 terminan a tiempo su escolaridad, nos preocupa que los resultados de aprendizajes no son los deseables solo el 28% tiene los logros satisfactorios avanzados en matemáticas y lengua. Nos preocupa la cantidad de mujeres adolescentes embarazadas, vimos una leve tendencia decreciente en la tasa de fecundidad porque la mayoría son producto del abuso sexual, pero aún un desafío de atención en salud. No hay que perder la coordinación intersectorial con ciertos mecanismos”.

“También nos preocupan los escenarios de participación y de construcción de ciudadanía de los adolescentes quienes quieren tener mayor incidencia en la toma de decisiones del país”, indicó la representante de UNICEF.

El cuarto problema tiene que ver con la “exposición a los entornos violentos donde transcurre la vida cotidiana de los niños el hogar, el colegio, redes sociales, las calles, etc. El 60% de las familias declaran usar la violencia como método de crianza y eso quiere decir que esta legitimada y eso crece para convertirse en feminicidio, abuso sexual y formas agudas intolerables de violencia”.

“La principal causa por la que niños y niñas que no tiene familias y están en instituciones de menores es porque fueron expulsados por violencia. Hay una gran cantidad de adolescentes que tiene problemas con la ley y hay que hacer un seguimiento y controles en eso”, reveló Isaza y añadió: “La sociedad debe comprometerse aún más, medios de comunicación, academias, deben mantener el tema en agenda. Hay muchos estereotipos y efectos negativos del sector privado que contribuyen”.

Por último, concluyó: “Hicimos un análisis sobre las causas de ello e identificamos 5: la inversión pública que se hace en materia de niñez, pero es insuficiente; todavía persisten fallas en el diseño y eficiencia en políticas y programas de protección integran dirigidos a los niños; políticas afirmativas para ciertos grupos de la población que han quedado atrás; los servicios sociales dirigidos en todos los sectores tiene desafíos de cobertura y calidad y es importante mantener la generación de evidencia e información viable”.

En síntesis, describió que las prioridades son: “Apoyar al país en la disminución de la pobreza, avanzar en políticas integrales de primera infancia, el acceso y finalización en sistema educativo en adolescentes y la mejora de adquisición de habilidades y conocimientos que los ayude a conseguir un empleo al finalizar su ciclo educativo. Luego ayudar los servicios de salud e impulsar la participación de los jóvenes. En los entornos libres de violencia identificamos cómo ayudar al país a mejorar los programas de prevención, mejorar el sistema de proyección y de acceso a la justica que aún tiene una gran fragmentación y especializar a los operadores en niñez. Por último, mejorar la información pública para los niños, ampliar el compromiso del sector privado y promover acciones colectivas”.

En suma, Sebastián Waisgrais especialista en inclusión social y monitoreo de UNICEF agregó de forma breve que “por segundo año el Estado publicó un informa trasversal vinculando a la niñez y adolescencia del presupuesto anual. A partir de esto hicimos un análisis del presupuesto 2022 y del proceso inflacionario. Primera cuestión se podría decir que los servicios sociales tienen un incremento importante. Segundo si nos centramos en el presupuesto 2022 que se destina a la niñez y adolescencia prioriza independientemente de otro indicador inflacionario”.

Sin embargo, precisó que “cuando se desagrega el presupuesto hay áreas de avances donde en alguna medida se prioriza y en otras hay desafíos. En relación a los avances la política nutricional a través e la tarjeta alimentar, en el marco de ANSES tiene un 15% en términos reales, al mismo tiempo que la protección de ingreso aumenta un 4% a través de la asignación universal por hijo. En educación en términos de infraestructura, equipamiento educativo, de conectividad, es algo fuertemente priorizado en el presupuesto 2022”.

“Los modos alimentarios tiene una caída importante y es algo a conversar, el presupuesto de la UAH no tiene aumento significativo, no toma en cuenta el último decreto de expansión, las políticas socio educativas que apunta a la reinserción muestran necesidades de discutir mayor financiamiento”, advirtió.

Gabriel Lerner, secretario nacional de niñez, adolescencia y familia opinó que “hay que seguir planteando el problema de la vulnerabilidad de los derechos de los niños y adolescentes. al margen de la desigualdad, hay que analizarlo”, y en relación al presupuesto que precisó el “crédito vigente al año 2022 es de 1.844 millones de pesos, hubo una evolución. Pasamos de una inversión anual del 2019 de 76 millones a 350 millones este año”.

“Hay una creciente competencia en los municipios, hay buena parte de las responsabilidades del acceso de los derechos de los chicos y las chicas. Poner el foco en el municipio sin perder de vista las competencias provinciales es importante”, finalizó.

En su momento, Marisa Graham defensora nacional de los derechos de niñas, niños y adolescentes contó que “en 2019 había una pobreza del 59%, en 2020 terminamos con una pobreza del 58% y en 2021 con el 54% y esto fue gracias a la tarjeta alimentar en pobreza alcanza lo suficiente hasta los 14 años”.

“Es importante destacar el presupuesto transversal que se hace en niñez”, indicó y añadió: “El tema del sobrepeso y la obesidad es un tema que tiene que ver con hábitos alimentarios y afecta a todas las clases sociales. El 70% de los niños llegan a la escuela sin desayunar y es algo que la Ley de Etiqueta frontal puso sobre la mesa. Es un problema de salud pública”.

Sobre la violencia como método de crianza Graham subrayó: “Necesitamos mayores políticas de prevención de la violencia, es una preocupación y es transversal a todas las clases sociales”. Por último, sobre el retorno a la escolaridad de los niños que se alejaron en pandemia aseguró que “es un problema y que las escuelas dejaron afuera a muchos chicos”.

La palabra de las legisladoras

“Acá las grietas están saldadas, trabajamos para garantizar los derechos de los niños más allá de los espacios políticos y creemos en la construcción permanente continua”, resaltó la presidenta de la comisión Vessvessian antes de darle la palabra a sus colegas.

A su vez, la diputada Carmen Polledo (Pro – CABA) expresó: “Hay problemas de salud mental, de malnutrición, de distancia de la relación entre niños y familias y con la sociedad producto de la pandemia”.

En tanto, la radical Carla Carrizo (CABA) manifestó que la “implementación de un sistema de monitoreo es importante. Tenemos que tener un mapa en qué lugares podemos trabajar mejor, hay que tener criterios y es la agenda pendiente. Acompañamos cada prioridad y vamos a trabajar en encontrar esas políticas publicas para ayudar”, y adelantó que “propusimos una reforma en la Ley de salud mental porque no menciona a los niños y no habla de salud emocional, están invisibilizados”. “Si hay pobreza es de las malas gestiones durante la democracia”, criticó.

Claudia Bernazza (Frente de Todos – Buenos Aires) destacó la actividad del año y cuestionó: “Siempre aparece la pobreza sin que se mencionen las causas estructurales de un orden social muy injusto en un continente inequitativo por poderes fácticos que traen numerosos problemas y hay que pensar un mapa de las riquezas y de la concentración”.

“Los entornos violentos, la obesidad, la falta de lactancia materna, tiene que ver con el comportamiento de empresas y laboratorios, con los medios de comunicación, no solo con los Estados”, aseguró Bernazza. “Hay que encarar el tema del buen trato y respecto a las instituciones no se distinguen las de viejo cuño respecto de las crianzas comunitarias en organizaciones populares porque aparecen todas como iguales”, remarcó la legisladora del FdT.

La senadora fueguina Eugenia Duré (FdT) solicitó un poco más de “información para proponer, trabajar y articular porque desde esta Bicameral propusimos trabajar con la territorialidad”. “Luego de una pandemia es fundamental hacer hincapié en políticas publicas que se han reactivado, no podemos no hablar de la violencia de género”, sumó.

A su vez, la diputada Jimena López (FdT -Buenos Aires) manifestó que hay un aspecto que no esta incluido: “Los derechos se vulneran se caracterizan por la pobreza estructural y los operadores responden a funciones que tiene que ver más con el patronato que con la posibilidad de promocionar derechos”. “En 2019, 5 de cada 10 niños sufría pobreza, no creo que haya habido un ascenso exponencial con todo lo que pasamos con la pandemia”, consideró.