Ingresó al Senado el texto del proyecto del Ejecutivo para reformar el Consejo de la Magistratura

La iniciativa del Gobierno tiene como objetivo modificar la composición del órgano del Poder Judicial para que pase de 13 a 17 miembros. También busca paridad de género.

Tal como lo había anunciado la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, este martes ingresó a la Cámara de Senadores el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que propone la reforma del Consejo de la Magistratura, organismo que selecciona a los jueces nacionales y federales, consistente en modificar la cantidad de miembros que lo integran, pasando de 13 a 17, dándole más lugar a los magistrados, representantes del sector académico e igualdad de género.

Entre los objetivos de la iniciativa se destaca cambiar la composición del órgano a “17 integrantes”, de los cuales “cuatro deben ser jueces o juezas del Poder Judicial. Se deberá garantizar la representación de todas sus instancias y la presencia de magistrados y magistradas con competencia federal del interior del país”, y remarca el cuerpo del texto que “al menos dos deben ser mujeres”.

En ese mismo contexto, agrega: “Seis legisladores o legisladoras del Poder Legislativo”, y detalla que “los presidentes de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, y a propuesta de los bloques legislativos, designarán tres legisladores o legisladoras por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque mayoritario y uno al bloque que le siga en cantidad de integrantes”. “Al menos tres deben ser mujeres”, indica.

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“Cuatro representantes de los abogados y las abogadas de la matrícula federal inscriptos e inscriptas en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal o en las Cámaras Federales con asiento en las provincias, designados o designadas por el voto directo de los o las profesionales que posean esa matrícula. Al menos dos deben ser mujeres”, añade en otra línea el proyecto. Además, señala que deberá integrar el Consejo de la Magistratura: “Un representante del Poder Ejecutivo”.

Y continúa: “Dos representantes de los ámbitos académico y/o científico que serán elegidos de la siguiente forma: un profesor o una profesora titular de cátedra universitaria de facultades de Derecho de universidades nacionales, elegido o elegida por los decanos y las decanas de las facultades de Derecho de universidades nacionales a simple mayoría de votos y una persona de reconocida trayectoria y prestigio, que haya sido acreedor o acreedora de menciones especiales en ámbitos académicos y/o científicos, que será elegido o elegida por el Consejo Interuniversitario Nacional, con el voto de la mayoría de sus integrantes. Al menos una debe ser mujer”.

Por otro lado, el proyecto precisa que “los miembros durarán en su cargo por cuatro años y que podrán ser reelegidos por una sola vez en forma consecutiva”. También, modifica los requisitos para integrar el Consejo de la Magistratura por lo que se deberá ser “abogado o abogada y cumplir las condiciones exigidas para ser senador o senadora de la Nación”.

“Esto va a permitir una representación más equilibrada y avanzar en uno de los objetivos centrales que es recuperar la confianza de la justicia por parte de la sociedad, garantizar la independencia del Poder Judicial”, resaltó la portavoz en el anuncio de este lunes y destacó: “Es importante porque se incorpora la cuestión de género y equidad en la representación de los diferentes estamentos, dos de los jueces deben ser mujeres, tres de los legisladores y representantes del Poder deben ser mujeres, y dos de los abogados deben ser mujeres, de los académicos y científicos una debe ser mujer”. “Se equilibran de esta manera los estamentos”, concluyó.

El Consejo de la Magistratura es un órgano del Poder Judicial incorporado en la Constitución Nacional en su reforma de 1994. Regulado por la ley 24.937, tiene entre sus atribuciones la emisión de propuestas en ternas vinculantes para el nombramiento de tribunales inferiores, el ejercicio de facultades disciplinarias sobre magistrados, la administración de recursos y ejecución de presupuestos asignados a la gestión de justicia y la apertura de procedimientos de remoción y suspensiones, entre otras.

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