En la última sesión antes del recambio legislativo, el oficialismo aprobó 48 medidas del Poder Ejecutivo, la mayoría de ellas por DNU. La votación resultó con 41 votos positivos y 23 negativos.
Un día antes de perder la mayoría en el Senado, el oficialismo blindó un paquete de decretos firmados por el presidente Alberto Fernández, al aprobar su validez. Se trata de 48 medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, entre ellas 30 DNU, la mayoría relacionados con restricciones en el marco de la pandemia y sobre materia laboral.
El Frente de Todos garantizó los votos a favor de los decretos, tal como ha sido habitual en estos dos años de gobierno. La votación resultó con 41 votos positivos y 23 negativos.
Junto al oficialismo votaron los aliados Alberto Weretilneck (Juntos Somos Río Negro) y Magdalena Solari Quintana (Misiones), quien a partir de este viernes serán clave para el quórum.
En contra de los expedientes votaron los senadores de Juntos por el Cambio y el interbloque Parlamentario Federal.
En lo que respecta a los DNU, la mayoría están relacionados con las sucesivas prórrogas sobre el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio, en el marco de la pandemia; y la prohibición de despidos y suspensiones, además de la doble indemnización.
También el paquete incluyó siete decretos de facultades delegadas, y otros como por ejemplo el que declaró la emergencia frutícola en cinco provincias.
Pese a que días atrás la Bicameral de Trámite Legislativo dio dictamen a 116 decretos en total -70 de ellos DNU-, llamativamente, ya que perderá la mayoría automática, el Frente de Todos no incluyó en el temario todas las órdenes. Según declaraciones públicas del jefe de la bancada oficialista, José Mayans, fue para atender un pedido de la oposición.
Al abrir el debate, el jujeño Guillermo Snopek (FdT) defendió que los DNU emitidos durante la pandemia se dieron “dentro de una situación excepcional y un desconocimiento en el mundo”, donde se observaba una “realidad muy crítica de los sistemas de salud de otros continentes”. “No había un manual para llevar adelante el manejo” de la pandemia, sostuvo el oficialista, y añadió que las medidas que se tomaron fueron “para proteger la vida de los argentinos”.
En referencia al DNU 725/21, por el cual se creó el Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva Fueguina, el senador Pablo Blanco (UCR) expresó: “No me opongo a su creación, lo que sí cuestiono es la mecánica o el instrumento jurídico a través del cual se crea”.
En ese sentido, el fueguino explicó que la materia impositiva está “claramente vedada por la Constitución Nacional” para el dictado de DNU por parte del Ejecutivo, y señaló que aunque puede que sea “necesario, no le veo el objeto de la urgencia porque el Congreso estaba funcionando normalmente”. Además, advirtió que “el manejo de estos recursos” serán “llevados adelante por tres funcionarios del Gobierno nacional”.
En alusión a los decretos referidos al trabajo, el pampeano Daniel Lovera (FdT) destacó las medidas que se tomaron para “proteger las fuentes laborales”, que fue “una prioridad para nosotros”. “El trabajo y la producción son dos de los pilares fundamentales para poder alcanzar el desarrollo inclusivo en nuestro país”, expresó el presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, que se despidió en esta sesión. “Es importante y urgente generar empleo, crear trabajo”, agregó.
Otro oficialista que habló en el debate fue el porteño Mariano Recalde (FdT), quien afirmó que los decretos tratados “cumplen los requisitos formales y sustanciales que se encuentran en la Constitución Nacional”. Y justificó a favor que se haya utilizado en un marco excepcional de “situaciones como éstas: una pandemia mundial que obliga al Ejecutivo a tomar decisiones urgentes y cambiantes”.
Crítico a la gestión de Mauricio Macri, el kirchnerista cuestionó el uso de decretos en ese período, para responderle a quienes se quejaron de cómo el Gobierno utilizó esta herramienta. “No tuvo la misma vara cuando se designaron jueces de la Corte por decreto”, lanzó y mencionó otras medidas, como “el mega DNU para modernizar el Estado que derogó 19 leyes y modificó 140”.
En el último tramo, el rionegrino Alberto Weretilneck (JSRN) arrancó diciendo que “los decretos que vamos a validar hoy tienen que ver con el mes de julio del año pasado”, cuando había “4.200 casos diarios” de Covid, “creciendo y no sabíamos hasta cuándo”. En ese contexto, “la angustia, la zozobra y no saber de qué manera iba a parar nos embargaba a todos”.
Por eso, ponderó que “un año y medio después hay que destacar las decisiones de aquel momento” que “fueron acompañadas por todos los gobernadores y gobernadoras”. Tras realizar comparaciones sobre el impacto de la pandemia en los distintos países del mundo, el senador opinó: “Hay que ser muy cuidadosos. Estudios muy profundos en las próximas décadas podrán decir si las decisiones que tomamos fueron excesivas o poco excesivas, si afectamos las libertades o no”.
En contra de los decretos, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff (UCR), recordó que “los decretos fueron dictados en un contexto muy particular para la Argentina y el mundo” y “de arranque cumplían con la necesidad y urgencia para su dictado”. Pero al tratarse de varias prórrogas, apuntó que “mientras el Ejecutivo dictaba decretos a diestra y siniestra”, la Convención Interamericana de Derechos Humanos “establecía claramente el rol que los órganos de contralor” tenían que tener en las medidas tomadas.
Al reclamar la demora en el tratamiento de los mismos, el radical detalló que la Bicameral de Trámite Legislativo -de la cual fue vice- estuvo “ocho meses” sin reunirse en el año 2020 y “cuatro meses” en 2021, o sea que en dos años de pandemia, “estuvo 12 meses paralizada por decisión política del oficialismo”. Y lamentó entonces que el Parlamento haya actuado “en complicidad con las decisiones políticas que se fueron tomando”.
También, el formoseño enfatizó que hay registradas “151 mil infracciones en 10 provincias” a argentinos que no cumplieron con lo dispuesto por los decretos, mientras que el presidente festejó en la Quinta de Olivos el cumpleaños de la primera dama, y en su defensa alegó que “nadie se contagió; ¡pero las normas las impuso el propio Poder Ejecutivo!”.
Por último, el presidente de la bancada oficialista, José Mayans, resaltó que la pandemia “fue una situación extraordinaria para todo el mundo” y “todavía no terminó y no sabemos cómo va a terminar esto”. Inmediatamente, se fue al pasado para recordar la herencia recibida por el presidente Alberto Fernández, y consideró que “falló la comunicación”, porque el mandatario tendría que haber comunicado que “recibimos el país quebrado, el Banco Central quebrado, una economía quebrada”.
“Cuando se tomaron estas medidas, se tomaron de buena fe”, expresó el formoseño, que mencionó que “al principio estaban todos juntos”, en referencia a los dirigentes de la oposición que acompañaron las primeras medidas, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
Y enfatizó que el año pasado hubo “récord de sesiones” y “en todas las sesiones se habló de la pandemia”. “No ha faltado debate al respecto; se han tratado 56 DNU”, le retrucó a Naidenoff, y siguió: “Se debatió esto, no es que nunca se debatió”. “Nunca más justificados los DNU que ahora”, añadió.
