La iniciativa impulsada busca garantizar integralmente los derechos humanos de estas personas.
La Cámara de Senadores aprobó por 44 votos a favor, 3 votos negativos y siete abstenciones un proyecto que busca garantizar integralmente los derechos humanos de las personas en situación de calle y en riesgo a la situación de calle de la Argentina.
Se trata de un programa impulsado en la Cámara baja por el diputado nacional del Frente de Todos Federico Fagioli junto a varias organizaciones sociales. La iniciativa se implementará a través de un relevamiento anual para dimensionar la problemática.
Dicho relevamiento permitirá garantizar el acceso gratuito a documentación personal y a la creación de una referencia postal para el acceso a los servicios socioasistenciales y administrativos.
La primera oradora fue la correntina Ana Almirón (FdT) quien manifestó, en su última sesión, que desde su asunción en “esta banca decidí representar a los sectores más vulnerables esta norma representa eso significa garantizar y proteger derechos a los más vulnerables. Lo hice oponiéndome a proyectos que limitaban derechos, en los cuatro años anteriores que endeudaban a los sectores vulnerables y luego de estos dos años del 2019 ampliando derechos, garantizando derechos”.
“Los sectores vulnerables no pueden esperar y necesitan respuestas urgentes. Esta media sanción viene a garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de calle o aquellas personas que están en riesgo. Es la primera vez que el Congreso de la Nación trata una norma que garantiza derechos a personas en situación de calle, que provoca una desigualdad y tiene que ver con una demanda estructural y un problema de la sociedad y como sector de la política”, precisó.
“Venimos a reparar esa desigualdad y esa vulnerabilidad extrema en la que se encuentran las personas en situación de calle. Esta iniciativa consagra los derechos que ya están en la Constitución Nacional y en los Tratados Internacionales, lo que hace es aplicar a la autoridad que va a ser el Ministerio de Desarrollo Social en articulación con los distintos ministerios, sino también con organizaciones sociales, con universidades, con sindicatos”, agregó la senadora correntina.
Y continuó: “También la interrelación entre los distintos estamentos del estado nacional, provincial y municipal eso habla del verdadero federalismo”. “Las personas contempladas en esta norma se encuentran en una vulnerabilidad extrema por eso la urgencia. Si bien contemplamos muchos de los derechos, muchas veces se les imposibilita el acceso a servicios públicos, de la infraestructura y espacios públicos”, manifestó.
“Los deberes que tiene el Estado como responsable no solo el acceso a una vivienda digna sino también permitirle una real inclusión que tiene que ver con el acceso a la educación, a la tramitación del DNI, servicios, establece programas de políticas públicas. Debe hacer un relevamiento en conjunto con el INDEC para dar un diagnóstico certero para saber cuántas familias hay efectivamente viviendo en situación de calle”, precisó Almirón.
En tanto, el legislador chaqueño Víctor Zimmermann (UCR) sostuvo que en su provincia hay “altos índices de indigencia y marginalidad y que el Estado debe estar presente para resolver los problemas de las personas que tienen una alta vulnerabilidad”. Sin embargo, cuestionó que el proyecto no pasó por las comisiones de Población y de Presupuesto y Hacienda para debatirlo porque “es un tema trascendente”.
En ese sentido, destacó estar de acuerdo con el objetivo principal de la iniciativa “garantizar y hacer operativos derechos para personas vulnerables”, con la autoridad de aplicación, pero criticó: “Me hubiese gustado que haya en ese ámbito de aplicación y de conformación representantes de nuestras provincias porque este relevamiento que es imprescindible sería bueno que puedan participar nuestros funcionarios”.
“Todos sabemos la importancia que es tener una vivienda para poder desarrollarnos, integrar a nuestra familia y crecer”, precisó sobre uno de los puntos del proyecto y remarcó: “Nosotros en nuestra provincia tenemos muchos asentamientos. Es imprescindible que los gobiernos provinciales y municipales estén en el ámbito de aplicación”, señaló el senador radical.
Por consiguiente, la legisladora María Alejandra Vucasovich (Santa Fe) cuestionó: “Que cada argentino tenga su vivienda y su trabajo, no veo en esta ley que se cumpla esa intención. Que se cumpla ese deseo para todos los argentinos, no solo para las personas en situación de calle. Una ley que viene a tratarse sobre tablas, sin haberse consultado a las provincias, una ley que habla del derecho a la salud para indigentes, ¿pidieron relevamiento? ¿Consultaron si los distritos tienen programas y leyes para tratar este tema?”.
“No sabemos cuánta plata le vamos a afectar en el presupuesto de un país en bancarrota. No entiendo qué quieren decir cuando hay ampliación de derechos, ¿Qué les vamos a dar? ¿Ampliación de derechos para que duerman en una plaza, generar trabajo para sacarlos de esa situación? Solo veo intenciones de generar recursos para darles vaya saber a quién. Solo veo una intención de llevarlos para las marchas”, arremetió.
Y cerró su fuerte discurso la santafesina: “Derecho a las plazas tenemos todos. Los indigentes tienen tanto derecho como cualquier otro ciudadano sino lo ejercen hay que ir contra esos que no lo cumplen. Debe ser que vivo en otro país”.
La última oradora fue la legisladora Guadalupe Tagliaferri (Pro – CABA) quien criticó “Gobernaron 12 años para sacarlo y dos años más, dado la urgencia porque la problemática de la situación de calle no es nueva. Gobernaron 14 años, esto no fue un proyecto de ley”.
“El problema de esta ley es que no es federal, es mentira. Plantean qué áreas del Gobierno van a estar y agregan ‘las que sean necesarias para su intervención’. Plantean un número telefónico que me parece bien, pero ¿una persona del Chaco va a llamar y va a ser atendida por alguien que está en la Avenida 9 de julio? ¿eso se va a votar? No se sabe la cantidad de plata, a qué organización se la van a dar. Están dejando afuera a las provincias, están dejando dibujados y pintados a los ministros de Desarrollo, a las mujeres de los comedores que conocen y saben de la situación”, enfatizó Tagliaferri.
Por último, concluyó: “Esta ley es ambiciosa, pero como esta planteada es para repartir plata para los grupos sociales amigos y dejar desdibujado al poder de cada provincia”.
Lo que el proyecto propone:
