Recientemente se debatió en el seno de una reunión internacional organizada por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (cumplimiento normativo) el motivo por el cual la Ley 27.401 de responsabilidad penal empresaria que ya tiene cuatro años de promulgada no tiene en su órbita ningún caso en trámite. 

La conclusión primaria fue que la desconfianza y la inseguridad jurídica – nunca se sabe si la Justicia aplicará la ley parejamente, ni tampoco si la normativa no muta abruptamente, al vaivén de los intereses políticos o sectoriales, no del general – determinan que el sistema previsto en el precepto legal en los hechos no rija. Como tantas leyes, es letra muerta. No se ven incentivos para denunciar sobornos. Peor aún, se palpan disuasivos para hacerlo. Ha acaecido tristemente que denunciar un cohecho implica una persecución de la AFIP, un ‘escrache’ mediático o literalmente un acoso judicial. “El poder judicial no da garantías”. Así de terminante se expresó uno de los participantes en el congreso auspiciado por la Asociación consignada. 

La ley, con sabiduría, no sólo se orienta a penalizar la corrupción, sino a prevenirla, alentando las buenas prácticas. Empero, como se expresa más arriba, la ley no funciona, para decirlo sin ambages ni circunloquios. 

Para ser justos, entre nosotros la cultura vigente es que el buchón es un personaje deleznable, realmente despreciable, lindero con la traición. En otros lares, el soplón es premiado porque ayuda a combatir el delito o a evitar que se consume. El contraste es oceánico, tanto que se impone que trabajemos como colectividad nacional en un movimiento contracultural que troque este desconcepto de condenar por buchón a quien tiene el valor y la entereza de poner al descubierto al transgresor de la norma. Contracultura para que se reponga en su sitial a la ley, destronando a la picardía o ‘viveza’ de violarla con el beneplácito – apenas embozado – del conjunto. 

En los Estados Unidos, la Comisión de Bolsa y Valores – la conocida SEC – le pagó recientemente 9,2 millones de dólares a un denunciante que puso al desnudo un sistema de fraude en una empresa ante el Departamento de Justicia. La SEC pretende algo fundamental para la salud económica: proteger a los accionistas (inversores). No es casual, pues que en el país norteño la inversión fluya y en el nuestro fugue o se trunque. 

El esquema norteamericano estimula al que ‘sopla’. El nuestro, lo estigmatiza. Allá es premiado, acá castigado porque rompió “el código” del silencio o de mirar para otro lado. 

Según el Banco Interamericano de Desarrollo – BID- en la Argentina los sobornos y demás tipos de corrupción implican el 7% del PBI, es decir un monto superior a las reservas del Banco Central. La corrupción no es ni una avivada ni una ‘propina’. Es un saqueo que mata, empobrece y desalienta a los emprendedores y a todos los que querrían ver a la Argentina con un rumbo de prosperidad general – como lo programa la Constitución – y no en este derrotero pobrista que nos promete la igual de todos abajo. 

El ‘soplón’ es un ciudadano que practica el civismo, no un condenable ‘buchón’. El cambio también debe ser y ante todo cultural.