El Senado aprobó por unanimidad la iniciativa que propone que las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica.
La Cámara de Senadores aprobó este jueves con 51 votos a favor el proyecto de ley de intervención de contracepción quirúrgica para personas con discapacidad de modo que puedan decidir sobre su reproducción sexual, es decir, si acceden o no a ligadura de trompas o vasectomía.
La única oradora fue la pampeana Norma Durango (FdT) quien precisó que “el eje central que persigue la iniciativa es reconocer el avance de la Ley 26.130 que es básicamente el reconocimiento de los derechos reproductivos sexuales y en la autonomía y la autodeterminación de las personas en su vida sexual y reproductividad”.
El cuerpo del texto propone dos modificaciones a la vigente Ley. Por un lado, el artículo 2: “Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas para toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo inexcusable que otorgue su consentimiento informado. No se requiere consentimiento del cónyuge o conviviente ni autorización judicial: Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada, de conformidad con lo previsto en la ley 26.529”.
Por otro lado, establece modificar el artículo 3: “Todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen derecho a brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de co-quirúrgica, por sí mismas y en igualdad de condiciones con las demás personas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2° de la presente ley. En ningún caso se requiere autorización judicial”.
Y agrega: “Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley en medios y formatos accesibles y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables que les permitan consentir en forma autónoma. Deben adoptarse salvaguardas para evitar la sustitución en la toma de decisiones”.
“La ley de contracepción quirúrgica se enmarcó dentro del viejo Código Civil donde la capacidad e incapacidad se concebían en términos absolutos en ese paradigma si era capaz o incapaz, y en ese último caso se recurre a través de sus representantes legales”, explicó Durango y agregó: “El texto vigente reconoce el derecho a la práctica de contracepción a la persona capaz, mientras que el incapaz debe solicitar autorización judicial, lo cual no se condice con el Código Civil y Comercial sancionado”.
“Las personas con discapacidad tienen plena capacidad en la decisión de las intervenciones de contracepción quirúrgica”, concluyó la senadora pampeana remarcando el principal objetivo del proyecto.
