Tras el importante derrame de petróleo que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre en la provincia de Río Negro, la diputada Jimena Latorre (UCR), junto a sus pares Ximena García y Pamela Verasay, realizaron un pedido de informe para que la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente brinden información sobre lo sucedido. Asimismo, presentaron en la Cámara baja un proyecto de ley para identificar infraestructuras críticas de la energía e incluirlas en un plan nacional con el objetivo de proteger a la población y al medio ambiente.

El pedido de informe consta de dos partes, por un lado se busca dilucidar las causas y consecuencias del derrame ocasionado por una falla en el sistema de oleoductos de la compañía Oldelval en Río Negro, que se propagó por unos 20.000 metros cuadrados de zona afectada, siendo el más grave en la provincia al menos en los últimos 10 años. Por otro lado, se pretende conocer el funcionamiento e inversiones de la empresa responsable del derrame dado que se investigan dos posibles factores: la antigüedad de la infraestructura y la cantidad de crudo que circula. 

“Creemos necesario se informe sobre el funcionamiento del sistema concesionado a Oldelval ya que el mismo se encuentra en el centro de las críticas. El salto en la producción de Vaca Muerta puso al límite su capacidad de transporte y desde algunas empresas aseguraron que hubo días en que no pudieron inyectar todo el petróleo que esperaban”, expresó Latorre.

También, la mendocina señaló que “no es menor que el accionista mayoritario de la empresa sea YPF, empresa en la que a su vez el socio mayoritario es el Estado argentino. Una situación que viene a sumarse a la crítica situación operativa y financiera de la principal empresa productora y refinadora del sector”.

“Es evidente que hay una confusión de roles en un escenario donde la autoridad de aplicación energética y ambiental no cumplen los relevamientos y controles; y la empresa que debería mantenerse fuera del diseño de las políticas energéticas toma las decisiones que le competen a la administración”, agregó.

El proyecto de ley denominado “Plan Nacional de Infraestructuras Críticas de la Energía”, también presentado por las legisladoras, va en sintonía con el pedido de informes y busca precisamente evitar que estos incidentes tengan lugar y que los riesgos ante los potenciales desastres que tales hechos pudieran ocasionar puedan mitigarse con mejores y más estrictas regulaciones en la materia.

Quedan comprendidas dentro de las infraestructuras críticas del sector energético, las correspondientes a los subsectores de electricidad (infraestructuras e instalaciones de generación, transporte y distribución del suministro eléctrico), del petróleo (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y distribución por oleoductos) y gas (producción, refinado, tratamiento, almacenamiento y transporte por gasoductos).

A los fines de su ejecución, la ley crea una Comisión Nacional de Protección de las Infraestructuras Críticas en Energía, y define los criterios básicos para que cada provincia junto a la comisión trabajen en la identificación de las mismas y se incorporen al Plan Nacional.