Desde Avanza Libertad calificaron como “panfleto político” la acusación a Conte Grand

A través de un comunicado, el espacio libertario adelantó que “no darán quórum al tratamiento del pedido de juicio político al procurador general de la Suprema Corte”.

Mientras el oficialismo intenta acelerar el impulso de juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte bonaerense, Julio Conte Grand, quien aparece mencionado en el polémico video del 2017 de la reunión en la que el por entonces ministro de Trabajo de la actual diputada nacional María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas, hablaba de una “Gestapo” para “terminar con los gremios”, desde el espacio de Avanza Libertad adelantaron su decisión de no dar quórum y argumentaron que siempre “defenderán la división de poderes”.

A través de un comunicado el bloque Avanza Libertad, presidido por Guillermo Castello, expresaron que “defenderá siempre la división de poderes y la independencia judicial como medios fundamentales para evitar los abusos del poder y garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos”.

En ese sentido, calificaron el “reciente pedido de juicio político contra el procurador general de la Suprema Corte” como un “claro embate a la institucionalidad y la seguridad jurídica”, y por ese motivo “este bloque no nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quórum para su tratamiento”.

“Los ataques partidistas a organismos constitucionales afectan gravemente tanto la política como la economía, al facilitar la acumulación de poder y la conformación de un capitalismo de amigos que concentra riquezas y dispersa pobreza”, aseguraron.

En esa misma línea, señalaron: “Las inversiones genuinas, las que generan trabajo, huyen de los lugares en los que sus frutos no están jurídicamente garantizados y dependen de decisiones políticas de mayorías circunstanciales”.

Por último, calificaron que “la acusación contra el procurador general parece más un panfleto político que una petición jurídica”, y denunciaron que “carece de la más mínima prueba de cargo, lo que confirma que obedece a motivaciones partidarias espurias y no a genuinas preocupaciones institucionales”.

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