Diputados de Juntos por el Cambio, encabezados por el macrista Luciano Laspina, y con el acompañamiento del liberal José Luis Espert, presentaron un proyecto para reformar el impuesto sobre los Bienes Personales, tributo que tuvo cambios con la ley votada por el oficialismo en diciembre pasado.

La iniciativa, que cuenta con la anuencia de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich, también fue firmada por Cristian Ritondo, Martín Tetaz, Rogelio Frigerio, Gerardo Milman, Facundo Manes y Ricardo López Murphy.

El texto propone “disminuir la presión tributaria sobre el patrimonio de los contribuyentes, que no es más que el reflejo del ahorro de ingresos que ya han pagado por impuesto a las Ganancias, por lo que tiene efectos económicos negativos que se debería eliminar en el corto plazo”, señalaron.

“Lo que busca la iniciativa es la sanción de una nueva ley que sea respetuosa de las formalidades exigidas por la Constitución, para que entre en vigencia partir del período fiscal 2021, asegurando que los contribuyentes que están en las escalas más bajas del impuesto, tengan asegurado que se beneficiarán con los nuevos mínimos no imponibles y con la actualización del monto no imponible de la casa habitación”, argumentaron.

Por consiguiente, explicaron que “con esto, se logrará beneficiar especialmente a la clase media baja, aumentando el mínimo no imponible del Impuesto sobre los Bienes Personales a $10.000.000, cifra que se acerca con más precisión a los u$s100.000 (al cambio oficial BNA vendedor)”.

También, el escrito propone el incremento del mínimo no imponible para casa-habitación a $60.000.000, en la medida en que esta cifra refleja con mayor sentido de realidad el costo de las propiedades para vivienda en Argentina. En el mismo sentido, se plantea una actualización de las escalas del artículo 25 de la ley del gravamen, en consonancia con el mínimo no imponible propuesto, sin incrementar las alícuotas vigentes.

“Con la misma lógica, se solicita la derogación total de cualquier delegación de facultades en el Poder Ejecutivo para incrementar las alícuotas que afecten a bienes situados en el exterior, ya que quedó demostrado que los contribuyentes afectados, en lugar de optar por repatriar activos, han mudado su residencia permanente a otros países donde la presión fiscal sobre el ahorro y el patrimonio se encuentra en niveles razonables. Todo ello se traduce, además del daño por la salida de talentos y capitales, en una merma considerable de recaudación”, precisaron los legisladores de la oposición.