Tras la renovación parcial de las cámaras legislativas el oficialismo logra imponer su agenda ante una la principal fuerza opositora, Juntos, en “redefinición histórica”.
Por Eleodoro Dof
Se dice en política que las elecciones las pierden los gobiernos, los oficialismos; no es que las gana la oposición. Pues bien, algo de eso debe haber pasado en la provincia de Buenos Aires.
La reacción del oficialismo bonaerense luego de la primera derrota, en las elecciones primarias, empieza a dar sus frutos. Un cambio de gabinete que amplió el volumen político e incorporó sectores de la alianza oficialista excluidos hasta ese momento, movió de tal forma la arena política que estamos ante un nuevo contexto.
Si la victoria de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires de 2017 duró poco, la de Juntos en 2021 no duró nada.
Esos nuevos aires que se respiraban no tardaron en llegar a la Legislatura con nuevos interlocutores en los bloques y una agenda definida que no deja pasar el tiempo.
Sin proyecto de transformaciones de fondo y con una coyuntura pandémica que condiciona a la gestión, el oficialismo se las arregla para apura a la oposición en la Legislatura bonaerense, con lo que podríamos llamar una agenda mediática, que hace mucho ruido pero que tiene incidencia concreta.
De todas formas, el oficialismo muestra así un posición activa o emisora, mientras que la oposición aparece como receptiva y pasiva.
A la oposición le cuesta definir posiciones, mientras que no encuentra el equilibrio interno. Demoró hasta el extremo la elección del presidente de la bancada de senadores para terminar con el infantilismo de “un ratito cada uno”.
La mentada unidad opositora se mantuvo pasadas las elecciones de 2015, pero ahora parece evidenciarse que es bastante estética y poco productiva. Sólo sirve para mantener la ilusión de estar en condiciones de volver a ganar las elecciones y, así, al gobierno. No mucho más que eso, una ilusión.
Sobre el cierre del año, en la Provincia, un inconexo Juntos hizo prácticamente todo lo que el oficialismo le pidió a cambio de lugares vacantes aquí y allá. Pero incluso fue más bondadoso que eso: cambió conceptos sin ponerse colorado.
Sin decir la más mínima palabra, la oposición reeligió al defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires por otros cinco años calendario -el período 2022/27-, pero cuando Cambiemos estuvo en el gobierno se estableció el lógico criterio de que fuera la oposición la que ocupara ese cargo. Bueno, ahora es el oficialismo el que lo vuelve a ocupar esa titularidad como en sus inicios, pero que reclamó para la oposición cuando lo fue.
Mientras tanto, en el Senado se rompió por segunda vez en la historia de la Legislatura bonaerense con la ley de fueros al permitir un allanamiento al despacho de un senador de la oposición.
La última vez que se trató en recinto de la Legislatura bonaerense la posibilidad de quitar a un legislador -diputado en este caso- la inmunidad que le dan los fueros parlamentarios, la entonces bancada del FpV encabezó la resistencia. El Cuerpo finalmente le negó la posibilidad de despojarse de los fueros al solicitante, que quería compadecer ante la Justicia sin ellos.
Ahora el concepto cambió y nadie dijo nada, ante la premura y accionar oficialista para que la Justicia invada el despacho opositor. Un mal precedente para cualquier opositor de todos los tiempos.
Hay en esos movimientos un cambio de roles, donde el oficialismo aparece como cuestionando la inmunidad que da el poder… de la oposición.
Es la otrora oposición “perseguida”, se puede inferir, ahora persigue a la actual oposición y levanta, como oficialismo, los fueros parlamentarios, para que otro poder, el Judicial, ingrese a este poder, el Legislativo.
Más claro aparece este cambio de roles en el otro planteo que hace el Frente de Todos en la Cámara baja.
La imagen es que mientras en Cariló, por un lado, los líderes de Juntos ponderan en diferentes notas periodísticas el cambio que significa la incorporación de Martín Insaurralde para el gobierno de Axel Kicillof, y la gran ayuda que encuentran los intendentes en esa incorporación, no se lo escuchó a Carlos Bianco -el desplazado que sigue en el Gobierno- valorar tanto “el gesto del cambio”. Nuevamente la inversión.
Por el otro lado, el bloque de diputados del FdT presenta un pedido de juicio político al procurador de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, algo que vino cocinando a fuego lento el ahora oficialismo provincial desde que era oposición.
En Juntos se limitaron a concentrarse en difundir gacetillas institucionales muy formales y colectivas sentando posición, no mucho más que eso. Es como si realmente hubiera un sector -entre tantos sectores que componen la alianza opositora- que estuviera de acuerdo en avanzar con el juicio político. Tampoco hay “contraofensiva” por el momento.
Tal vez por ello el FdT despliega cada vez con mayor coordinación la ofensiva y parece que pelea con molinos de vientos, sin reacción de los acusados. De hecho, Juntos no pudo ni festejar el triunfo electoral de noviembre; festejó el oficialismo.
El Frente de Todos es gobierno y siempre es más fácil retener el poder estando en el poder que tener que recuperarlo desde el llano; ya estuvieron en el llano no hace mucho y costó volver; ayudó y mucho Cristina Fernández de Kirchner, ahora no está tan claro quién podrá ayudar al FdT bonaerense, pero se está en esa búsqueda, según relata un observador participante del espacio.
Así, los diputados se preparan para ver hasta dónde pueden avanzar con el juicio político al procurador Julio Conte Grand.
Fueron los libertarios los que elevaron la voz para poner un freno a la ofensiva oficialista, conjuntamente con las bancadas de Cambio Federal y Juntos, pero la primera sonó mucho más fuerte, parece cargada de convicción.
La idea del FdT es llegar de alguna manera no al juicio político propiamente dicho, sino a la conformación de la Comisión Acusadora que, entienden, necesita mayoría simple, no los dos tercios que se necesitarían para la instancia de la acusación ante el Senado.
Independientemente de que será muy difícil conseguir los dos tercios para avanzar a la segunda instancia del juicio político, la conformación de la comisión sería muy oportuna para el oficialismo.
Desde allí se podrían seguir, el tiempo que sea posible, los avatares que se sucederán en la causa denominada la “Mesa Judicial de Vidal”, supuestamente creada “para perseguir, hostigar y encarcelar a dirigentes sindicales desde el aparato del Estado”, según las propias palabras de la presidenta de la bancada de senadores del FdT, María Teresa García, estableciendo así cierta analogía con otros trágicos momentos histórico de la Argentina.
Así es que el oficialismo avanza sin mayores resistencias en una clara dirección, asociar la causa de la “Mesa Judicial” de la que habría participado el senador oficialista Juan Pablo Allan con el supuestamente aludido allí, el procurador Julio Conte Grand.
La carambola tensiona al Senado, donde las bancadas del oficialismo y la oposición se dividen el recinto en partes iguales y condiciona al extremo la situación del procurador.
El oficialismo se esmera en lograr consustanciar pruebas en las causas; sino lo logra al menos intentará gravar en la conciencia ciudadana la gravedad del caso denunciado, que es importante su esclarecimiento y que los responsables sean juzgados.
Pero primero lo primero: que en paralelo a las acciones judiciales haya acciones políticas que acompañen ese accionar que hasta ahora no están objetando, por el contrario.
Desde el FdT se adelantó que se va a “pelear” para que “no se saque la causa de la Justicia Federal bonaerense y específicamente de las manos del juez Ernesto Kreplak (que algunos lo confunden y llaman Nicolás).
Incluso se está especulando con alternativas a la Comisión Acusadora para igual avanza en la convocatoria a algunos de los aludidos en la lista de personas que brinden testimonio en aquella institución del Juicio Político. Se pretende convocar al juez Gabriel Vitale, a los sindicalistas Pablo y Hugo Moyano, al exministro Marcelo Villegas y el propio Allan, entre otros.
Podría ser la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, que fue comandada en estos últimos años por la diputada oficialista Susana González, que formó parte del anuncio de la presentación de pedido de juicio político junto al jefe del bloque, César Valicenti, y el vicepresidente de la Cámara, Rubén Eslaiman.
