Consejo de la Magistratura: un debate con los tiempos muy ajustados

Obligado por la Corte Suprema a resolver el tema en un tiempo perentorio, el Congreso corre una carrera contrarreloj para sacar una nueva ley que defina la futura conformación de un organismo en la pirámide de la justicia.

Mientras sigue dilatándose la convocatoria a extraordinarias por parte del Poder Ejecutivo, van acortándose los tiempos para una cuestión clave como es resolver el tema del Consejo de la Magistratura. Y no es algo menor, ya que mientras el tiempo pasa va corriendo la cuenta regresiva puesta en marcha el 16 de diciembre, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional la reforma implementada en 2006 y dio un plazo perentorio para la nueva conformación del Consejo.

Esto es, el Tribunal Supremo de la Nación impulso a mediados de diciembre pasado un plazo de 120 días corridos para la elección de 7 nuevos miembros para el Consejo de la Magistratura, al establecer inconstitucional la reforma realizada en 2006 que achicó de 20 a 13 los miembros del mismo.

El fallo establece que la composición de 13 miembros no respeta el equilibrio de los sectores que seleccionan, sancionan y eventualmente remueven magistrados y deben volver a ser 20 los integrantes. Así las cosas, el plazo para la nueva composición del Consejo vence el 14 de abril de 2022, fecha a partir de la cual, en caso de no cumplirse lo decidido por la Corte, “los actos dictados por el Consejo de la Magistratura serán nulos”.

La composición actual es de tres jueces, dos abogados, cuatro legisladores por la mayoría, dos por la minoría, un académico y un representante del Poder Ejecutivo. ¿Qué es lo que interpreta la Corte y que la llevó a tomar tal resolución? Que el Consejo en la actualidad tiene siete representantes de la política, lo que le da quórum propio y mayoría absoluta a ese estamento. El resto tiene seis y por lo tanto no está equiparada esa mayoría que ostenta la política.

Por el contrario, la composición original era de un miembro de la Corte Suprema de Justicia, que era su presidente y presidía entonces el Consejo; cuatro jueces, ocho legisladores (4 por cámara: 2 por el oficialismo; 1 por la primera minoría y 1 por la segunda minoría); cuatro abogados; un representante del PEN y dos miembros del sector académico.

El proyecto del Ejecutivo

Anticipándose al fallo de la Corte, el Gobierno envió al Congreso unos días antes del 16 de diciembre un proyecto que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo. La iniciativa suma un juez, dos abogados y un académico o científico.

Contempla también la cuestión de género, de modo tal que al menos la mitad de los cargos deberán ser ocupados por mujeres.

El proyecto ingresó a través del Senado, donde el oficialismo ya no tiene mayoría, pero puede alcanzarla con mayor facilidad que en la Cámara baja.

En caso de aprobarse la iniciativa del Poder Ejecutivo, así quedaría el Consejo de la Magistratura según el proyecto del PEN: cuatro jueces (ahora son 2); seis legisladores (3 por Cámara, 2 por cada bloque mayoritario y uno por la primera minoría); cuatro abogados (ahora son 3); un representante del Poder Ejecutivo; dos académicos y/o científicos.

¿Es posible que el Consejo de la Magistratura tenga 17 miembros como sugiere el proyecto del Gobierno, en lugar de 20, como dispuso la Corte Suprema? Sí, pues lo que el Tribunal Supremo estableció es una solución coyuntural, hasta tanto no salga una nueva ley. Si la ley sale antes del 14 de abril, perfecto. En tanto y en cuanto no vuelva a ser invalidada por la Justicia.

Los proyectos de la oposición

No es el único proyecto que hoy está en el Congreso para resolver el entuerto planteado en torno al Consejo de la Magistratura. Hay otros dos, que corresponden a legisladores de Juntos por el Cambio.

Exintegrante del Consejo de la Magistratura hasta 2018, cuando un acuerdo opositor le birló al entonces oficialismo uno de los lugares que le hubiera correspondido por ser primera minoría, Mario Negri presentó ahora un proyecto propio que propone volver a la antigua composición de 20 miembros, con el titular de la Corte presidiendo el Consejo.

Según la iniciativa, el Consejo quedaría con un representante del PEN; cuatro senadores nacionales (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro diputados (2 por la bancada más numerosa, 1 por la segunda y 1 por la tercera); cuatro representantes de los abogados (2 por CABA y 2 del interior); cuatro jueces (2 por CABA y 2 por el interior) y dos representantes del sector académico.

En todos los casos respetando la paridad de género.

Asimismo la iniciativa reduce de tres a un año el plazo máximo para tramitar una denuncia contra un juez. Esto es, si la Comisión de Disciplina no logra avanzar en un año, el pleno debe tratarlo directamente.

El restante proyecto corresponde al diputado del Pro Pablo Tonelli, quien continúa siendo miembro del Consejo de la Magistratura. Su iniciativa propone solo elevar a 14 el número de integrantes del Consejo de la Magistratura, sumando a un representante de la Corte Suprema.

El proyecto del diputado Tonelli incorpora como novedad la posibilidad para cada estamento representantes que no formen parte del mismo. Asimismo establece que el representante electo por el estamento desempeñará exclusivamente ese cargo público sin superponerse con otra función.

Por otra parte, los miembros del Consejo de la Magistratura no pueden tener otra profesión que la de abogados. Actualmente la ley requiere para ser consejeros las condiciones exigidas para ser diputado de la Nación. Tonelli quiere que se exijan las mismas condiciones que para ser juez de primera instancia: ser argentino, abogado graduado en universidad nacional, tener 4 años de ejercicio de la profesión y 25 años de edad.

Como dijimos, el proyecto ya ha sido enviado por el Poder Ejecutivo al Senado, y es de los pocos de los que se mencionan para ser tratados en extraordinarias cuyo texto ya se conoce. En caso de imponerse el oficialismo en la discusión del Senado, es muy probable que la oposición fuerce modificaciones en la otra Cámara y los tiempos no darían para que haya una ley dentro del plazo previsto por la CSJN.

Habrá que ver qué se resuelve entonces en ese caso.

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