Incluido por el Poder Ejecutivo en el temario de proyectos a debatir en extraordinarias, el de la nueva conformación del Consejo de la Magistratura parece ser una de las cuestiones prioritarias, habida cuenta los tiempos acotados impuestos por la Corte Suprema para la reconstitución de ese organismo.

En ese marco son varios ya los proyectos presentados, además del que envió al Senado el Poder Ejecutivo en diciembre pasado y que será el que se discuta en extraordinarias. Esta semana ingresó otro al Congreso y es el que corresponde a Fernando Carbajal.

Formoseño, exjuez federal y miembro del bloque radical, este legislador difiere de la iniciativa presentada por el presidente de su bloque, Mario Negri. Su proyecto sugiere un consejo integrado por solo siete miembros, a saber: un representante de los jueces; u representante de los abogados; tres representantes de la Cámara de Diputados de la Nación; uno del ámbito académico científico y un consejero popular representante directo de la ciudadanía.

Según Carbajal, no podrán ser miembros del Consejo los diputados y jueces que se encuentran en ejercicio de sus funciones; tampoco los abogados que realicen un ejercicio activo de su profesión o sean abogados o asesores del Estado.

Cada miembro titular tendrá un suplente listo para reemplazarlo en caso de renuncia, remoción o fallecimiento.

El proyecto no incluye representantes del Senado, y en cuanto a los diputados deberá haber dos representantes del bloque o interbloque de la mayoría, entendiendo por tal al que tenga más de la mitad del total de diputados. Si ningún bloque o interbloque tiene mayoría, se elegirá uno por la primera minoría, otro por la segunda minoría y uno más por la tercera minoría.

Durarán tres años en su mandato y podrán ser reelectos una sola vez.

Y tal cual lo ya expresado, cualquier persona podrá ser designada representante de la Cámara baja –no hace falta ser abogado-, pero esa designación es incompatible con el cargo de diputado en ejercicio.

¿De dónde surge el representante popular? La Corte Suprema será la encargada de elaborar una lista permanente de ciudadanos que tendrá un mínimo de mil y un máximo de tres mil integrantes. La lista se conformará a propuesta de organizaciones sociales y en caso de que los postulantes superen el número máximo, se efectuará un sorteo para excluir a los que superen el número determinado.

Los postulantes deberán tener como requisitos ser mayores de 50 años; no tener antecedentes penales, ni estar sometidos a proceso alguno; no tener intereses que los vinculen con las actividades del Consejo, ni participación política activa en los partidos políticos; ni haber sido funcionario superior del Estado nacional, provincial o municipal.

El elegido surgirá de un sorteo realizado por el presidente de la Corte.