Convocadas finalmente para todo el mes de febrero, el temario incluye inicialmente 18 iniciativas y la garantía de que habrá extensiones que remitirá oportunamente el Poder Ejecutivo.
Tras muchos amagues, con fechas puntuales incluidas, el presidente convocó finalmente la semana pasada al Congreso para un período de sesiones extraordinarias que se extenderá del 1° al 28 de febrero. Y con un amplio temario que incluye muchos de los proyectos que se venían mencionando, pero también numerosas omisiones. Algunas de las cuales se irán sorteando a lo largo del presente mes a través de ampliaciones del temario.
En este último caso hablamos del entendimiento con el Fondo Monetario Internacional, que por una ley impulsada por este mismo Gobierno en 2020 debe tener aprobación de ambas cámaras. En la previa de este verano intenso se presumía que más allá de los múltiples anuncios a los que este Gobierno es tan afecto en materia de proyectos a enviar al Congreso, los temas que verdaderamente serían de urgente tratamiento eran dos: el plan plurianual que Alberto Fernández anunció el 14 de noviembre que mandaría en la primera semana de diciembre, y el eventual acuerdo con el FMI.
El primero quedó envuelto en una nebulosa a partir del fracaso en diciembre del Presupuesto 2022. Sin eso aprobado, revelaba a fin de año a este medio una encumbrada figura legislativa, ese plan había quedado, sino definitivamente suspendido, al menos en veremos. A su vez, el entendimiento anunciado el viernes entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario deberá transformarse ahora en una carta de intención que será lo que vaya a debatir el Poder Legislativo en fecha a convenir. Seguramente a lo largo del mes de febrero y en extraordinarias, habida cuenta de que el acuerdo debe ser suscripto en marzo.
Muy posiblemente la fumata blanca anunciada el viernes último esté acompañada por el mentado plan plurianual que en ese caso sería discutido de manera conjunta con la carta de intención. Se verá.
Después de haber prescindido de extraordinarias en el mes de diciembre, apelando a una extensión de sesiones ordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando al Congreso un temario de 18 proyectos. Una batería demasiado extensa para lo que deben ser las sesiones extraordinarias, pero ha pasado a ser una característica del Gobierno de los Fernández esto de armar temarios extensos aun a sabiendas de que no todo llegará al recinto. Menos ahora, con cámaras tan equilibradas y durante una segunda parte del mandato.
Más allá de lo que vaya a hacerse con el tema del FMI, el proyecto que sin dudas tiene mayor urgencia para habilitar su tratamiento en extraordinarias es la reforma del Consejo de la Magistratura. Algo que en rigor de verdad debió haberse iniciado en el mismo diciembre, habida cuenta del tiempo perentorio impuesto por la resolución de la Corte Suprema que dio un plazo de 120 días para hacer otra ley, o volver sino a la composición anterior a 2006: de lo contrario, las resoluciones del Consejo perderán validez a partir del próximo 16 de abril.
El Poder Ejecutivo envió en diciembre pasado -días antes del fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley vigente- un proyecto que amplía de 13 a 17 el número de integrantes del Consejo, sumando un juez, dos abogados y un académico o científico. El problema para su debate en extraordinarias es que difícilmente la oposición vaya a estar dispuesta a aceptar así como así y sin modificaciones lo que el Gobierno quiera imponer. Y el detalle saliente de esta discusión es que en extraordinarias solo se tratan los proyectos que impulsa el Poder Ejecutivo. Lo cual no implica que no puedan aceptar modificaciones y con ese objetivo Juntos por el Cambio se ha propuesto unificar sus múltiples proyectos -hasta ahora tiene 5: uno de Mario Negri, otro de Pablo Tonelli, un tercero del exjuez formoseño Fernando Carbajal y el más reciente, del bloque Encuentro Federal-, pero no se hacen demasiadas ilusiones con que el Frente de Todos vaya a consensuar una iniciativa común.
Sobre todo porque el proyecto fue remitido por el Gobierno a la Cámara alta, donde más allá de que el oficialismo ha perdido la mayoría, tiene el número suficiente para que con aliados pueda prosperar todo lo que se proponga. En ese caso la oposición en su conjunto dará batalla seguramente en la Cámara baja, donde podría imponer reformas y el proyecto volvería al Senado. Difícil entonces que en estas circunstancias pueda llegar a haber ley antes de concluido el plazo establecido por la Corte.
Un proyecto que seguramente saldrá sin mayores inconvenientes es el Consenso Fiscal 2022 que busca la instrumentación de una política y administración tributaria articulada entre todas las jurisdicciones que participen, y que fuera rubricado el pasado 27 de diciembre de 2021 por la mayoría de las jurisdicciones, salvo el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Figuran en el temario los proyectos de ley de Promoción de la Electromovilidad, y de Promoción de Inversiones en la Industria Automotriz. Asimismo el proyecto que crea el Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal; y el proyecto de ley de Compre Argentino.
La lista elaborada por el Poder Ejecutivo contempla el proyecto de ley por el cual se prorrogan los plazos establecidos en el Régimen de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda.
También el proyecto de Promoción de la Formación y del Desarrollo de la Enfermería y el de respuesta integral al VIH, Hepatitis Virales, y el de producción, industrialización y comercialización de la planta cannabis.
El capítulo medio ambiente incluye la creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza, en la provincia de Córdoba, y otro en el Islote Lobos, en la provincia de Río Negro. Más allá de su importancia, llama la atención que figuren proyectos como esos en un temario de extraordinarias y se obvie por ejemplo la ley de humedales, que hasta fue enarbolada por el oficialismo en la campaña electoral.
Muchos observadores compararon este accionar oficial con aquello de cómo esconder un elefante: soltando una manada, de modo tal de ocultar a algunos.
Amén de la ley de humedales, también puede mencionarse una nueva ley de alquileres, que el propio oficialismo reconoció como necesaria, pero por lo visto no la ha reconocido como urgente. Sí en cambio la creación de dos universidades nacionales: la del Delta y la de Pilar, instaladas en territorios afines al oficialismo.
Cierran el temario, además de acuerdos y transferencias de inmuebles, uno de prevención y control de la resistencia antimicrobiana, y el proyecto que crea el Area Marina Protegida Bentónica “Agujero Azul”, por el que suele insistir la diputada Graciela Camaño. Un guiño hacia un sector que el oficialismo busca -hasta ahora sin éxito- tener como aliado en muchos temas.
