Recientemente concluyó la exitosa serie española “La Casa de Papel”, que a lo largo de 48 capítulos mostró las peripecias de un grupo de atracadores que perpetran dos golpes espectaculares contra entidades bancarias de la Madre Patria. En su último capítulo, en pleno desenlace de la trama, el cerebro de la banda revela cómo tiene pensado resolver la salida de los asaltantes del banco y sorprende a sus propios compinches con la estrategia.

ALERTA SPOILER: A quienes no hayan visto la serie recomendamos saltear este párrafo. Quien personifica al protagonista, conocido como “El Profesor”, asienta su estrategia de escape en la especulación financiera de la que piensa valerse. Ya habrán robado todo el oro de la Reserva de España, que era el ambicioso objetivo del golpe, y cuando hagan trascender ese detalle estallará el pánico, lo que “llevará a los inversores a la venta masiva de acciones y deuda, lo que hará que la Bolsa se desplome y lo que es más trascendente… la prima de riesgo se disparará por encima de los 800 puntos”, presagia El Profesor. ¿Qué significa eso? “En cuestión de horas -acota otro personaje, el que representa nuestro Rodrigo de la Serna– España no podrá financiarse en los mercados, se declara insolvente y por lo tanto en quiebra”.

Esa hecatombe financiera de la que este grupo de ladrones de ficción diagrama su salida del banco a nosotros nos resulta tan familiar que tal vez por su recurrencia no tenemos nuestra propia serie en Netflix. Nótese que cuando los autores de La Casa de Papel imaginaron una cifra de Riesgo País que impresione la situaron “por encima de los 800 puntos”, que la Argentina envidiaría… Desde hace tiempo estamos instalados en unos 1900 puntos.

Cuando en 2018 el Gobierno de Macri ya no pudo financiarse en los mercados optó por ir al Fondo Monetario. El mismo que en 2001 le soltó la mano a Fernando de la Rúa y la Argentina colapsó. En realidad, los países no quiebran, pero Argentina vivió algo parecido entonces.

Este es otro FMI, se cansan de repetir los que saben, y lo cierto es que todos descontaban que haría lo posible para evitarnos el abismo. Fue lo que mantuvo la ilusión del Gobierno de Alberto Fernández para estirar la negociación hasta el punto límite: no nos dejarían caer. Sobre todo con el argumento de que cierta responsabilidad le asistía a ese organismo para llegar adonde estamos.

Así y todo el suspenso se mantuvo hasta el final, y como corresponde a todo drama que se precie -decididamente debería interesarse Netflix por nuestra historia-, en vísperas del Día D aparecieron personajes secundarios que pusieron en duda el desenlace. Se destacó Leopoldo Moreau -por tratarse de alguien muy cercano a la vicepresidenta-, al minimizar las consecuencias de un default. También Claudio Lozano, director del Banco Nación: originalmente lejano al kirchnerismo, pero hoy gustoso de ser parte de esta administración, recomendó no tenerle miedo al default. “Es una construcción discursiva”, dijo, y se enojó tras el anuncio del viernes, pues “lamentablemente implica legitimar el crédito tomado por el macrismo pese al hecho objetivo de que el mismo ha violado todos los procedimientos existentes para endeudar al Estado”.

Moreau no habló tras el acuerdo, como tampoco lo hizo su jefa directa. El diputado había dicho dos días antes que “el default no tiene que aterrorizar tanto” y recordó que Néstor Kirchner “gobernó la Argentina dos o tres años en default, hasta que logró el acuerdo con los bonistas privados y con el FMI, y las divisas las usó no para pagar la deuda sino para reactivar la economía”.

Verdades a medias. Cuando el santacruceño ganó las elecciones la recuperación ya estaba en marcha, el trabajo sucio había sido hecho -ajuste incluido- y la inflación, tras una década de estar controlada, no se había desbocado pese a la fuerte devaluación. Pero por sobre todo, los precios de los commodities volaban. Fueron años irrepetibles, y tal era el nivel de reservas acumuladas que Kirchner le pagó al contado la deuda de casi 10 mil millones de dólares al Fondo no como señal de independencia, sino para evitar las revisiones periódicas de ese organismo. Es lo que hoy pone los pelos de punta a su viuda. El entendimiento ahora anunciado garantiza esas revisiones de manera trimestral.

En la crisis económica actual, los deseos de quienes parecían sentirse más cómodos con un default suenan vacíos. El Banco Central no tiene dólares y la industria necesita insumos importados para mantenerse activa. La globalización liquidó la ilusión del “vivir con lo nuestro”.

Las negociaciones con el Fondo se extendieron más allá de lo aconsejable. Todos coinciden en que en 2020, plena pandemia, se podría haber llegado a un entendimiento aprovechando las circunstancias que la emergencia imponía, pero se dejó pasar la oportunidad, según dicen desde el propio Gobierno por la orden de Cristina de “no acordar antes de las elecciones”.

Las elecciones se perdieron y el acuerdo seguía en veremos y más complicado. El vencimiento de 731 millones de dólares del último viernes había transformado esta fecha en el Día D, pues lo que fuera a decidir el Gobierno se suponía que marcaría el destino de la negociación. Con reservas mínimas, no tenía sentido pagar si no había un arreglo posterior. El día previo, si bien seguían las respuestas evasivas de los funcionarios, se descontaba que la Argentina pagaría. Sobre todo a partir de saberse que el directorio del Fondo se reuniría el viernes para analizar el caso argentino: esa reunión no hubiera existido para analizar un no pago; no funciona así.

Con todo, sorprendió que ya se anunciara este viernes un acuerdo. Casi puntual como no suele serlo, el Presidente lo anunció desde los jardines de Olivos en un discurso grabado, dirigido al país, pero sobre todo al interior del oficialismo, para quienes citaba el mensaje recurrente de que el acuerdo “no restringe, no limita, no condiciona”. “No nos obliga a una reforma laboral, promueve nuestra inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero, no impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología”, dijo Alberto Fernández como si estuviera hablándole a su vicepresidenta, para entonces en camino de regreso de Honduras, donde recibió un baño de “progresismo” en la asunción de Xiomara Castro. Allí se sintió protagonista plena y sus anfitriones no dejaron de llamarla “presidenta”.

Siempre presta a tuitear, esta vez no hizo conocer su postura. Atento a ello, el cristinismo se llamó a silencio. Se tomó varias horas para tuitear el principal asesor económico de la expresidenta, Axel Kicillof, quien tras resaltar que “el Gobierno de Macri contrajo la deuda más grande de la historia del FMI”, señaló que “el presidente anunció hoy que el FMI refinanciará esos vencimientos, lo que evitará una verdadera catástrofe en lo inmediato”. Se ve que el gobernador no tiene fe a mediano plazo.

“Teníamos una deuda impagable que nos dejaba sin presente y sin futuro, y ahora tenemos un acuerdo razonable que nos va a permitir crecer y cumplir con nuestras obligaciones a través del crecimiento”, señaló Fernández.

A los legisladores se dirigió para advertirles que “necesitamos que lo apoyen y apelo así al compromiso nacional de todos y todas”. Muchos sectores de la oposición ya adelantaron su rechazo. Los cordobeses de Schiaretti expresaron su disposición a debatir, pero confirmaron que se abstendrán, pues el acuerdo y sus consecuencias son “responsabilidad del Gobierno”. Los libertarios y la izquierda lo rechazarán, por razones bien distintas.

El viernes, la Mesa Nacional de JxC tenía previsto reunirse para emitir un comunicado contra la marcha de este martes contra la Corte Suprema. Ante las novedades, dejaron ese pronunciamiento para el día siguiente y convocaron a Hernán Lacunza, Eduardo Levi Yeyati y Luciano Laspina para analizar el tema de la deuda.Luego emitieron un comunicado escueto en el que consideraron “positivo” un acuerdo que “evita un costoso default”. Lo llamaron “primer paso” y adelantaron que el acuerdo definitivo será evaluado en el Congreso tal cual lo establece la ley que hizo aprobar este mismo gobierno.

Si bien todo indica que apoyarán, por la noche en Juntos por el Cambio ya se escuchaban voces críticas, ante la certeza de muchos de que este acuerdo en realidad “compra tiempo” y le traslada el problema al gobierno que viene. En efecto la deuda comenzará a ser pagada a partir de 2026, o sea que le tocará al próximo gobierno iniciar esa tarea.

Eso sí, esta administración deberá iniciar el ajuste, aunque no use esa palabra y prefiera hablar de “sendero fiscal”. Querían llegar al déficit cero recién en 2027 y el Fondo reclamaba 2025. Será ese año, tal cual confirmó la número 2 del FMI, Gita Gopinath. Cuidadoso del fuego amigo, Martín Guzmán solo detalló que el déficit fiscal primario será de 0,9 del producto en 2024 y hasta ahí llega lo que por ahora se sabe del programa que está siendo acordado.