La iniciativa es impulsada desde la Coalición Cívica, argumentando que la fijación de los derechos de exportación es “potestad absoluta e indelegable” del Parlamento.
La diputada nacional por Córdoba de la CC ARI Leonor Martínez Villada presentó un proyecto de ley para despejar cualquier tipo de justificación legal que pueda respaldar la fijación de los derechos de exportación del agro por parte del Poder Ejecutivo. Para eso, la diputada propuso derogar los artículos 664°, 755° y 756° de la Ley 22.415 del Código Aduanero.
“La fijación de los derechos de exportación es potestad absoluta e indelegable del Congreso de la Nación, es la institución que debe trabajar y aprobar lo referido a las retenciones al agro, sector que se encuentra atravesando una difícil situación, resultado de sequías, incendios forestales y de una severa distorsión tributaria”, sostuvo Martínez Villada.
“Esta iniciativa no sólo fomentará y avanzará hacia un debido cumplimiento de la Constitución y la institucionalidad democrática, sino también se podrá facilitar desde el Congreso un trabajo mancomunado que acerque y brinde soluciones al sector agropecuario, pilar fundamental en nuestro país”, explicó la diputada de la CC ARI.
El proyecto fue acompañado por los diputados nacionales de la Coalición Cívica Rubén Manzi y Mónica Frade.
Según indica la iniciativa, hasta este momento, el Poder Ejecutivo hace uso de herramientas jurídicas que lo habilitan a establecer estos tributos. Uno de ellos es la Ley de Emergencia Pública sancionada en 2019, que perdió vigencia el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, de acuerdo a lo establecido en el Código Aduanero, actualmente se le delega al Ejecutivo la facultad de establecer elementos esenciales para los derechos de exportación.
El artículo 75°, inc. 1, de la Constitución señala que el Congreso Nacional debe “legislar en materia aduanera. Establecer los derechos de importación y exportación, los cuales, así como las evaluaciones sobre las que recaigan, serán uniformes en toda la Nación”.
Además, según el artículo 76 de nuestra Carta Magna, “se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa”.
Tras haber perdido vigencia la Ley de Emergencia Pública y sin la aprobación del proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2022, los diputados de la CC proponen la urgente derogación de los artículos 664°, 755° y 756° del Código Aduanero con el fin de despojar de herramientas jurídicas al Poder Ejecutivo que son contrarias a lo establecido en la Constitución Nacional.
