La iniciativa se da en el marco de la causa de droga adulterada que dejó un saldo de 23 fallecidos hasta el momento, y propone modificar la Ley del Régimen Penal de Estupefacientes.
Tras la conmoción y las acusaciones cruzadas entre oficialismo y oposición por la causa de droga adulterada que causó la muerte de 23 personas -hasta el momento- un grupo de diputados del Frente de Todos, encabezados por Ana Carolina Gaillard, presentaron un proyecto de ley para modificar la Ley 23.737 del Régimen Penal de Estupefacientes con el fin de despenalizar el consumo personal.
La iniciativa propone “una reforma de la Ley 23.737, que prevé el Régimen Penal de Estupefacientes, con el objeto de despenalizar el consumo personal de estupefacientes, aplicando la doctrina del fallo Arriola de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y que retoma la ya fijada por la misma Corte, en el histórico fallo, Bazterrica y Capalvo que declaró inconstitucional la persecución de personas usuarias de todas las sustancias”.
También, buscar modificar el artículo 5 de la vigente Ley por el siguiente: “Será reprimido con prisión de tres a 15 años y multa de 45 a 900 unidades fijas el que sin autorización o con destino ilegítimo siembre o cultive plantas o guarde semillas, precursores químicos o cualquier otra materia prima para producir o fabricar estupefacientes con fines de comercialización ilegal”.
Y agrega: “Produzca, fabrique, extraiga o prepare estupefacientes con el fin de su comercialización ilegal; comercie con plantas utilizables para producir estupefacientes, estupefacientes, precursores químicos o materia prima para su producción o fabricación o los tenga con fines de comercialización ilegal, los distribuya, los dé en pago, los almacene o los transporte; entregue, suministre, aplique o facilite a otros estupefacientes a título oneroso”.
“La pena será de 2 a 8 años y multa de veinte (20) a seiscientas (600) unidades fijas, si la entrega, suministro, aplicación o facilitación de estupefacientes se hiciera a título gratuito a una persona menor de edad, por parte de una persona mayor de edad”, señala.
En tanto, también aplica cambios al artículo 9 para que sea reprimido con prisión de dos a seis años y una multa de 20 a 300 unidades fijas e inhabilitación de uno a cinco años, el médico o profesional autorizado para recetar, que prescribiera o entregue estupefacientes en dosis mayores a la necesaria. En caso de que sea con destino ilegítimo la pena se eleva de cuatro a 15 años.
Asimismo, el artículo 10 también presenta modificaciones: “Será reprimido con reclusión o prisión de tres a doce años y multa de 30 a 300 unidades fijas al que facilitare, aunque sea a título gratuito, un lugar o elementos, para que se lleve a cabo alguno de los hechos previstos”.
El artículo 12 plantea una presión de dos a seis años y una multa entre 20 a 400 unidades quien difunda públicamente el uso de estupefacientes o indujere a otro a consumirlos. Por último, el artículo 28 quedará redactado: “El que públicamente imparta instrucciones acerca de la producción, fabricación, elaboración o uso de estupefacientes, será reprimido con prisión de dos a ocho años. En la misma pena incurrirá quien por medios masivos de comunicación social explique en detalle el modo de emplear como estupefaciente cualquier elemento de uso o venta libre”.
El proyecto especifica una reforma del Régimen Penal de Estupefacientes con el objeto de:
Acompañan la iniciativa con su firma los diputados Mónica Macha, Blanca Osuna, Verónica Caliva, María Rosa Martínez, Carolina Yutrovic, Jimena López, Itaí Hagman, Mabel Caparrós, Lucila Masin y Mara Brawer.
5167-D-2021
“Es urgente una reforma de la ley de estupefacientes para lograr armonizarla con la protección de la salud pública y en particular con nuestra ley de Salud Mental. Esto va a permitir, además, implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños. Para lograrlo, el proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el negocio ilegal de estupefacientes, y no a conductas privadas de usuarios y usuarias que no significan un daño a la salud pública y cuya persecución, en cambio, significan sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.
Y agregó: “Tenemos que priorizar un abordaje desde el derecho a la salud de los usuarios y usuarias, no su penalización, porque ese paradigma ya demostró su fracaso en todo el mundo: los consumos aumentan y también los riesgos asociados a la clandestinidad -con el problema de salud pública que eso implica, como vimos estos días en nuestro país-, obstaculizando el acceso al sistema de salud por temor a ser criminalizado. El proceso penal contra personas que consumen y pequeños eslabones de la cadena de comercialización no es efectivo para erradicar el narcotráfico y sí para castigar grupos sociales vulnerables como mujeres y personas trans en situación de extrema vulnerabilidad que, ni se llevan las principales ganancias, ni son quienes producen el daño en la salud pública a gran escala”.
Según Gaillard: “El actual abordaje del modelo prohibicionista-abstencionista, que criminaliza a usuarios y usuarias por consumo y posesión de drogas para uso personal, obstaculiza la efectividad de las políticas de salud. La ley 23.737 no comprende el universo real de la problemática e instala la prohibición y la abstinencia desde un abordaje represivo y compulsivo que ha demostrado su ineficacia en todo el mundo”.
En su carácter de presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, Gaillard trabajó el tema durante todo el año 2021 junto a distintas organizaciones de la sociedad civil y especialistas, pero se presentó este año para que no pierda estado parlamentario, debido al cambio de composición de la Cámara en diciembre de 2021. Según explicó la diputada, “los hechos de público conocimiento, que generaron la muerte de decenas de personas por consumo de una sustancia adulterada en el mercado ilegal, precipitaron la necesidad de legislar sobre la problemática”.
