Consejo de la Magistratura: organizaciones de la sociedad civil presentaron su propio proyecto

Con la intención de “profesionalizar y despartidizar” ese organismo, un grupo de entidades mostraron su apoyo a un anteproyecto de ley que busca colaborar en potenciar una Justicia más eficiente, transparente, y equitativa.

Entidades conformadas por asociaciones de profesionales de abogacía, organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y universidades presentaron el anteproyecto ley de reforma del Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de magistrados de la Nación, que tiene por objetivo “mejorar la Justicia y despartidizar el Consejo de la Magistratura, que hoy funciona como un espacio de disputa de poder político entre el oficialismo y la oposición de turno”, según expresaron.

Así se manifestaron en una conferencia de prensa que estuvo encabezada por Alberto Garay y Cecilia Mairal, presidente y vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos, Alfredo M. Vítolo, presidente de Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), y Guillermo Lipera, secretario de IDEA, quienes detallaron los principales puntos del anteproyecto que será presentado al Senado de la Nación.

Asimismo, los voceros destacaron que es el único proyecto apartidario desde su origen, ya que fue ideado por el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y Fores, y cuenta con el aval de 29 organizaciones de la sociedad civil compuestas por abogados, académicos, empresarios y agrupaciones sociales.

Con la intención de “despolitizar el Consejo”, el proyecto al que accedió parlamentario.com reduce la cantidad de consejeros de sectores políticos partidarios, respetando el equilibrio entre los distintos estamentos. Según la iniciativa, el Consejo quedaría con 13 miembros (como en la actualidad), con cuatro representantes del Poder Judicial: el presidente de la Corte Suprema y tres jueces.

Los órganos políticos estarían representados por un miembro del Poder Ejecutivo y tres diputados nacionales correspondientes a tres bloques distintos. Se excluye a los senadores, puesto que ya participan del proceso de selección de magistrados al prestar los acuerdos.

Por parte de los abogados, hay cuatro representantes: dos por CABA y dos por las provincias; hay también un académico elegido por la totalidad e los profesores titulares de Derecho de facultades públicas y privadas.

El proyecto reafirma la autarquía financiera del Poder judicial de la Nación, fortaleciendo su independencia respecto del oficialismo de turno. Asimismo se garantiza la paridad de género en el Consejo.

Guillermo Lipera, secretario de IDEA, destacó que “este anteproyecto que presentamos los profesionales junto a la sociedad civil, tiene como principal eje el propósito de asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia”; y sostuvo que “es necesario contar con instituciones sólidas para generar confianza y lograr una Argentina sostenible en el largo plazo”.

En la misma línea, Alberto Garay del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, afirmó que la iniciativa “busca que se respete la división de poderes efectiva y el estado de derecho. Queremos una justicia eficiente y al servicio del bien común, no sospechada de proteger poderes o intereses particulares. El Consejo de la Magistratura es la clave para recuperar las instituciones y jueces independientes e idóneos, con solvencia moral y jurídica”. Cecilia Mairal, quien acompañó las palabras de la autoridad del Colegio, reafirmó la “necesidad de contar con una garantía clara de independencia, respetando el equilibrio que exige la Constitución Nacional”.

Por su parte, el presidente de Fores, Alfredo Vítolo, diferenció el anteproyecto de aquellos en trámite en el Congreso: “Esta iniciativa busca rescatar la intención del Constituyente de 1994, procurando la reducción de la influencia de la política partidaria en el proceso de elección y remoción de jueces. Lo que se pretende es lograr ese “equilibrio” del que habla la Constitución y objetivar el proceso de conformación de las ternas de candidatos”.

“La forma en que debe proveerse el servicio de administración de justicia constituye un reclamo social y empresarial imprescindible. La jerarquización de la administración de justicia constituye un servicio público fundamental para la sociedad, por esta razón Amcham Argentina adhiere a esta iniciativa presentada. El Consejo de la Magistratura eficiente, profesional y transparente es uno de los atributos necesarios para crear las condiciones de un país republicano que atrae a las inversiones y desarrolla empleos de calidad”, sostuvo Alejandro Díaz, CEO de Amcham Argentina.

A través de María L. Vázquez, decana del Departamento de Derecho y Ricardo Ramírez Calvo, profesor de Derecho constitucional y codirector del Centro de Estudios en Derecho Público, la Universidad de San Andrés reafirmó su aval al anteproyecto, destacando que “sigue de manera estricta los lineamientos que impone la Constitución Nacional y establece un verdadero equilibrio entre los representantes de los órganos políticos, de los jueces de todas las instancias y de los abogados. Además, permite una amplia participación en la designación de un representante del ámbito académico. Es fundamental asegurar la independencia del Poder Judicial y el anteproyecto es un paso fundamental en la dirección correcta”.

A su vez, Anabella Serignese, directora ejecutiva de Asociación Conciencia manifestó “desde Conciencia creemos en la necesidad de generar proyectos que contribuyan a un funcionamiento del sistema judicial más eficiente y de calidad por ello apoyamos esta propuesta que busca poner en debate temas tan necesarios para el fortalecimiento de nuestra democracia”.

“Este proyecto de ley asegura un Consejo de la Magistratura independiente del poder político de turno. En IDEA creemos que sería una enorme contribución a mejorar la seguridad jurídica en nuestro país, un pilar fundamental para el aumento de las inversiones”, aseguró Daniel González, director ejecutivo de IDEA.

Las asociaciones adherentes al anteproyecto son: FORES – Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia,  Colegio de Abogados de la ciudad de Buenos Aires,  AmCham Argentina – La Cámara de Comercio de los EEUU en Argentina,  IDEA – Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, Foro de Convergencia Empresaria, ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), Fundación Libertad y progreso, Departamento de Derecho de la Universidad de San Andrés, Asociación Conciencia, Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), Coninagro, Asociación Civil Río Paraná, Cámara de Comercio Argentino Británica,  Sociedad Rural Argentina, Cámara de Comercio Sueco Argentina, Cámara de Comercio Italiana Argentina, ADECRA (Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la Rep. Arg.), CACC (Cámara Argentina de Centros de Contacto, Cámara de Comercio Argentino Canadiense, Cámara Argentino Portuguesa de Comercio, Cámara de Comercio Argentino – Holandesa, Cámara de Comercio  e Industria Franco Argentina,  Cámara Argentino Croata de Industria y Comercio, ACREA – Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, Cámara Empresarial Argentino Polaca, CAPE – Cámara de Agencias Privadas de Empleo, Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo Sostenible, Fundación Mediterránea y el Departamento de Derecho Judicial y Maestría  de la Universidad Austral.

Anteproyecto

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