Extraordinarias: el Gobierno anuncia mucho más de lo que concreta

En sus dos primeros años, esta administración ya ha dejado clara su costumbre de llenar los veranos de anuncios que no se corroboran en la realidad. Pruebas al tanto: el primer año consiguió aprobar apenas poco más de la mitad de los proyectos anunciados. Pero el segundo, más del 80% de los anuncios no se concretaron.

Muchos se sorprendieron cuando el mes de enero transcurrió en el Congreso sin pena ni gloria. Tras reiterados anuncios de convocatoria a extraordinarias, el Poder Ejecutivo terminó enviando el decreto correspondiente recién a fin de mes y llamando al Congreso a reunirse a lo largo del mes de febrero. Nadie debiera sorprenderse: tal cual informara oportunamente parlamentario.com, es absolutamente inhabitual que el Congreso sesione durante el primer mes del año; por el contrario, en los últimos 20 años solo se reunió en enero cuando la crisis de 2001, aunque también hay que reconocer que con Alberto Fernández en el poder también lo hizo en enero de 2020, el primer verano de la gestión actual.

Fue tal vez la búsqueda del Gobierno de Fernándezde mostrarse entonces activo en el Parlamento luego de haber anunciado una gran batería de proyectos, buena parte de los cuales quedaron para ordinarias.

Pues esa parece ser una constante de esta administración: el anuncio de ambiciosos temarios, más extensos que lo que debiera esperarse para un tiempo en el que generalmente solo se tratan temas urgentes, de los cuales solo termina abordándose un puñado. Pruebas al tanto: de la decena de proyectos anunciados en el primer año de la gestión albertista, solo fue aprobado poco más de la mitad; y el segundo año, de los proyectos incluidos en extraordinarias, se aprobó menos del 20%.

Ahora el Poder Ejecutivo envió 18 iniciativas, la mayoría de las cuales no reviste mayor urgencia; hasta puede incluir más, pero a esta altura nadie se sorprendería si los recintos de ambas cámaras terminaran cerrados a lo largo de todo el verano.

La experiencia del primer año

Como corresponde a un gobierno recientemente elegido, el de Alberto Fernández arrancó con toda la fuerza el 10 de diciembre de 2019, cuando el Covid todavía no tenía nombre y solo era algo limitado a una desconocida región china. El 13 de diciembre ese Poder Ejecutivo convocó por primera vez a extraordinarias y lo hizo desde ese día hasta el 31 de diciembre.

En esa convocatoria inicial incluyó solo tres temas, de los cuales el más ambicioso y urgente era el denominado “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la reactivación económica”. Ese proyecto al que se conoció como el de las emergencias, pues se trataba de una ley ómnibus que incluían las tres emergencias que pretendía habilitar el Gobierno: económica, social y sanitaria.

Los otros dos temas eran los habituales para esa época del año, que no incluimos en el conteo como proyectos por ser de rutina, pero que corresponden mencionar: la autorización al presidente para salir del país y la entrada y salida de tropas.

Tiempo promisorio de expectativas de consenso, el día anterior al envío del decreto el Gobierno se había reunido con el presidente del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, para delinear un cronograma para el tratamiento de los proyectos. Se estableció entonces que el lunes venidero habría una convocatoria a jefes de bloques de ambas cámaras de la que podrían participar los ministros de las áreas involucradas para empezar a estudiar las iniciativas. Todo muy auspicioso por cierto.

Cinco días después del primer decreto, el Gobierno amplió el temario de extraordinarias, incluyendo la ratificación del nuevo Consenso Fiscal 2019 suscripto por el presidente con los gobernadores de 22 provincias y el jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta.

Las emergencias fueron aprobadas en tiempo y forma, pero todo el resto quedó para el año siguiente -habiéndose ampliado entonces las sesiones extraordinarias hasta el 29 de febrero-, en medio de promesas de un enero muy activo, que sin embargo no fue tal: aun sin datos de la pandemia que se venía, los primeros días del año mostraban los pasillos del Palacio Legislativo con el ritmo habitual de receso: vacíos y silenciosos, salvo por las obras en ejecución.

Se hablaba entonces de retomar la actividad a partir del 20 de enero y que dos días después podría realizarse una sesión en la Cámara baja para avanzar con la aprobación del nuevo Pacto Fiscal y la autorización para el ingreso y salida de tropas, que había quedado pendiente.

Sin mayores precisiones se hablaba de incluir en el temario iniciativas vinculadas con lo ambiental y educativo, aunque sin precisiones sobre qué temas serían. Sí concretamente se anticipaba el envío por parte del Poder Ejecutivo de un proyecto para modificar el régimen de jubilaciones de privilegio que perciben jueces y diplomáticos. Y otros temas como un proyecto de ley de reforma judicial y otro para la creación del Consejo Económico y Social.

En el Senado se encontraban pendientes de tratamiento las leyes de alquileres y de góndolas, aún no incluidas en la agenda de extraordinarias.

El 12 de enero Alberto Fernández ratificaba el próximo envío del proyecto de ley para crear el Consejo Económico y Social y daba detalles del mismo. Ese proyecto nunca fue enviado al Congreso y el Consejo fue creado por decreto.

Cinco días más tarde el presidente anticipó el envío para ser tratado en extraordinarias de otro proyecto que aún hoy sigue en veremos: la ley de hidrocarburos. Ante representantes del sector petrolero que lo visitaron en Casa Rosada, habló del proyecto para promover inversiones en yacimientos de hidrocarburos convencionales y no convencionales. En el texto, que aclaró que no estaba terminado, trabajaban el ministro Matías Kulfas y los entonces funcionarios Guillermo Nielsen, titular de YPF, y Sergio Lanziani, secretario de Energía.

El 21 de enero, antes de partir rumbo a Israel, Fernández firmó una nueva ampliación del temario para extraordinarias, incluyendo el proyecto de restauración de la sostenibilidad de la deuda pública externa, cuyo envío al Congreso acababa de anunciar el ministro de Economía, Martín Guzmán. El decreto citaba el Consenso Fiscal que ya contaba con media sanción del Senado y la suspensión de las jubilaciones de privilegio para el Poder Judicial y diplomáticos.

El proyecto que pedía al Congreso amplias facultades para reestructurar la deuda externa, autorizando al Palacio de Hacienda a prorrogar la jurisdicción a favor de tribunales extranjeros y renunciar a oponer defensa de inmunidad soberana respecto de reclamos en la jurisdicción que se trate, ingresó el 21 de enero. Seis días más tarde, el presidente confirmaba cuáles eran los temas que esperaba que el Congreso diera “un tratamiento rápido” en extraordinarias: la ley que permitía la renegociación de títulos emitidos con prórroga de la jurisdicción; las jubilaciones de privilegio del Poder Judicial y diplomáticos; la ley de reforma de la justicia federal y la ley de góndolas, que ya tenía media sanción de Diputados.

El 29 de enero se publicó en el Boletín Oficial una ampliación del temario para las sesiones que incluía precisamente el proyecto de ley de Fomento de la Competencia en la Cadena de Valor Alimenticia. Relación entre Proveedores y Supermercados, más popularmente conocido como ley de góndolas, y la designación de la defensora y los defensores adjuntos de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes.

El punto 8 del decreto suscripto por el presidente antes de emprender viaje hacia Europa correspondía a la modificación del Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento, la ley que debía entrar en vigencia el 1° de enero anterior y fue suspendida a través de un decreto que originó una ola de críticas de la oposición. Otro de los proyectos incluidos en el temario era el de Capitales Alternas, una iniciativa anunciada en tiempos de campaña por el Frente de Todos consistente en constituir el Gobierno una vez por mes en diversas ciudades del interior del país. Ese proyecto entró al Congreso el 12 de febrero, pero recién fue aprobado en noviembre de 2020.

El decreto incluía el tratamiento de los acuerdos para la designación de embajadores y, paralelamente, el retiro de pliegos como los correspondientes a funcionarios del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público enviados oportunamente por el Gobierno de Mauricio Macri. Hablamos de la designación propuesta para la Procuración General de la Nación de Inés Weinberg de Roca, por ejemplo, y pliegos de jueces y fiscales.

Asimismo se retiraban los mensajes para designación de miembros de la Autoridad Nacional de la Competencia y funcionarios para el Servicio Exterior de la Nación y personal superior de las Fuerzas Armadas.

El texto del proyecto que modificaba el régimen previsional de jueces y diplomáticos ingresó al Congreso el 14 de febrero, y fue aprobado en la Cámara baja el 27, en medio de un escándalo por el quórum, que el oficialismo recién alcanzó gracias a la presencia de Daniel Scioli, quien ya había sido avalado como embajador en Brasil. La oposición se retiró de la sesión en esas circunstancias.

Si bien la había anunciado a lo largo de todo el verano, la reforma judicial no alcanzó a ser enviada para su tratamiento en extraordinarias. El penúltimo día de febrero Alberto Fernández anunció que la semana siguiente enviarían el proyecto al Congreso, pero recién lo presentó el 9 de julio venidero. Y nunca alcanzó a ser debatido.

En una sesión realizada el 28 de febrero, la Cámara alta sancionó la Ley de Góndolas y ese mismo día saldó una deuda de 15 años al designar a Marisa Graham como Defensora del Niño.

Las siguientes extraordinarias

El 30 de noviembre, día en que culminó el período legislativo 2020, el presidente firmó el decreto donde prorrogó las sesiones ordinarias hasta el 11 de diciembre y convocó a sesiones extraordinarias desde el 12 de ese mes hasta el 28 de febrero. Incluyó entonces nada menos que 25 proyectos de ley.

Sin embargo, dado que ese cronograma imposibilitaba la firma del dictamen sobre la legalización del aborto, el Ejecutivo volvió sobre sus pasos y resolvió que la prórroga del período ordinario fuera hasta el 3 de enero, y las extraordinarias, desde el 4 de ese mes hasta el 28 de febrero. En ese mismo decreto, incorporó dos nuevos temas para su tratamiento.

A fines de enero llegó un tercer decreto, donde se sumaron otros siete temas, y finalmente el Ejecutivo firmó un cuarto y último decreto para agregar el proyecto sobre Ganancias. Fueron, en total, cuatro decretos con 35 temas a tratar, entre proyectos de ley y pedidos de acuerdo para jueces y diplomáticos.

El último día hábil de 2020, el presidente de la Cámara baja anunció que el 20 de enero habría una sesión para tratar la prórroga de la Ley de Biocombustibles, tal cual había acordado con los presidentes de bloques. Un día antes se trataría en las comisiones para emitir dictamen, llevándolo al recinto al día siguiente. Esa sesión no sucedió y pasarían muchos meses para que hubiera una nueva ley sobre ese tema que, provisoriamente, fue prorrogado por decreto.

Lo cierto es que enero fue, como marca la tradición, tiempo de receso. Si bien se especuló con que la Cámara de Diputados sesionara a fines de ese mes, la primera convocatoria del año se concretó recién el 11 de febrero. Más activo, el Senado sí sesionó el 4 y el 24 de febrero.

Nobleza obliga, la prórroga de ordinarias fue muy movida y se aprobaron numerosos proyectos, como la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, y por supuesto la despenalización y legalización del aborto, junto con el Programa de los Mil Días.

Otras de las leyes que vieron la luz en diciembre fueron el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas -también llamado “impuesto a la riqueza”-; las modificaciones en la Ley de Manejo del Fuego; y la transferencia de fondos a la Ciudad por el traspaso de la Policía Federal, que implicó un recorte en la coparticipación porteña. Pero reiteramos: no eran extraordinarias.

Ya en febrero, se aprobó el proyecto para que el Congreso autorice los acuerdos con el FMI y la emisión extraordinaria de deuda. Finalmente, fueron avaladas las leyes de incentivo a la construcción privada; el aumento del presupuesto en ciencia y tecnología; y la compensación económica para familiares de los tripulantes del ARA San Juan. Varios temas importantes, pero quedó pendiente nada menos que una veintena de proyectos del temario ampliado.

Entre ellos ni más ni menos que la reforma judicial y la del Ministerio Público, dos temas que mantenían en alerta a la principal bancada de la oposición. Ambas iniciativas contaban con aprobación del Senado, pero nunca lograron pasar el filtro de la Cámara baja. Pasó lo mismo con el Consenso Fiscal 2020 y las modificaciones en la Ley de Defensa de la Competencia. La suba del mínimo no imponible de Ganancias y el etiquetado frontal de alimentos también quedaron en carpeta.

Dentro del listado elaborado por el Ejecutivo también figuraban incentivos para la inversión en instrumentos financieros emitidos en pesos; la creación de un Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito Hipotecario; y un marco legal para la elaboración, registro, comercialización y control de productos fitosanitarios y agroquímicos.

No fueron tratados en extraordinarias el nuevo Régimen Jurídico para la Prevención y Control del Dopaje en el Deporte; la suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos por la pandemia; la suspensión de la inscripción de las SAS (Sociedades por Acciones Simplificadas); modificaciones en el monotributo; y una ley de educación ambiental.

También iniciativas sobre reactivación de la obra pública para vivienda; la suspensión de una rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresas; la implementación del Código Procesal Penal Federal; el cupo laboral travesti/trans; un acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de Basilea; y ni más ni menos que la propuesta para suspender las PASO.

Continuaron cajoneadas la prórroga del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, que pese a las promesas de tratamiento el Ejecutivo no habilitó ese verano.

Muchos de esos temas serían tratados en el futuro, otros no. Pero en definitiva lo que demuestra la experiencia de esos dos primeros años y la del actual es que este Gobierno anuncia mucho y concreta poco. Por razones inexplicables, es su modus operandi.

Extraordinarias 2019AprobadasNo tratadas
Ley ómnibus de emergenciasX
Consenso FiscalX
Jubilaciones de jueces y diplomáticosX
Reforma Judicial X
Consejo Económico y SocialX
Ley de Hidrocarburos X
Sostenibilidad de la deudaX
Ley de GóndolasX
Designación de la defensora del NiñoX
Economía del Conocimiento X
Capitales alternas  X
Extraordinarias 2020 Aprobadas No tratadas
Régimen de Inclusión fiscal para pequeños contribuyentesX
Presupuestos mínimos para la educación ambientalX
BiocombustiblesX
Sostenibilidad de la deuda públicaX
Incentivo a la construcción privadaX
Aumento del presupuesto en Ciencia y TecnologíaX
Compensación para familiares de tripulantes del ARA San JuanX
Reforma judicialX
Ministerio PúblicoX
Consenso Fiscal 2020X
Modificaciones en la Ley de Defensa de la CompetenciaX
Suba del mínimo no imponible de GananciasX
Etiquetado frontal de alimentosX
Incentivos para la inversión en instrumentos financieros en pesosX
Sistema de Cobertura y Promoción del Crédito HipotecarioX
Marco legal para productos fitosanitarios y agroquímicosX
Régimen para la Prevención y Control del Dopaje en el DeporteX
Suspensión de las causales de caducidad de los partidos políticos X
Suspensión de la inscripción de las SASX
Reactivación de la obra pública para viviendaX
Rebaja del impuesto a las Ganancias para las empresasX
Código Procesal Penal FederalX
Cupo laboral travesti/trans       X
Acuerdo entre la Argentina y la Secretaría del Convenio de BasileaX
Suspensión de las PASOX

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