El presidente de la Cámara de Diputados declaró como testigo en el marco del juicio que se lleva a cabo contra la vicepresidenta por direccionamiento de la obra pública.
El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, declaró este lunes como testigo en el marco del juicio oral y público que se lleva a cabo por presunto direccionamiento en la obra pública durante los gobiernos K y que tiene como principal acusada a la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En una línea similar a lo dicho por el presidente Alberto Fernández la semana pasada, el tigrense negó haber recibido instrucciones por parte de la exmandataria para favorecer al empresario santacruceño Lázaro Báez, mientras fue jefe de Gabinete entre julio de 2008 a julio de 2009.
Massa declaró vía Zoom ante el Tribunal Oral Federal N°7, integrado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.
Consultado por el abogado de CFK, Carlos Beraldi, sobre si alguna vez recibió órdenes para que se favorezca a alguna provincia con el desarrollo de obras públicas, el presidente de Diputados respondió: “No, no sólo que no recibí, también quiero aclarar que todo finalmente va al Congreso”, en alusión a las leyes de Presupuesto.
También interrogado por la defensa de Lázaro Báez sobre si en alguna oportunidad algún miembro del Poder Ejecutivo solicitó que no se apliquen controles sobre Santa Cruz o sobre los fondos destinados, Massa contestó: “No me consta que nadie haya pedido ninguna de esas situaciones. Los pedidos a la Secretaría de Hacienda o al área presupuestaria se hacen por escrito, porque implican realizar modificaciones en el plan de metas”.
Y negó haber recibido instrucciones para ampliar partidas presupuestarias destinadas a beneficiar empresas de Báez. “Si hubiese recibido esa instrucción, lo hubiese denunciado”, sostuvo.
En audiencias anteriores ya declararon también, en su calidad de exjefes de Gabinete y solicitados por la defensa de CFK, Juan Manuel Abal Medina, Jorge Capitanich, Aníbal Fernández y Alberto Fernández.
En la causa, conocida también como “Vialidad”, la vicepresidenta está acusada de ser “jefa” de una asociación ilícita mediante la que se defraudó al Estado beneficiando al empresario Lázaro Báez con contratos por 46 mil millones de pesos.
