Hace unos días el bloque de Javier Milei en la Legislatura porteña presentó su primer proyecto de ley, que pretende prohibir las manifestaciones. Con el legislador Ramiro Marra a la cabeza salieron a recorrer los medios con este proyecto ¿Qué es lo que buscan?

Su objetivo tiene que ver más con llamar la atención que con generar un resultado real: tanto Marra como Milei saben perfectamente que el derecho a la protesta está garantizado por la Constitución Nacional y, obviamente, ninguna legislación local puede estar por encima.

De hecho su proyecto no es nada original. Algo muy similar, aunque más elaborado, fue impulsado por el macrismo en el año 2016 a través de un protocolo redactado por la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.

¿Pero contra qué manifestaciones apuntan? Igual que Bullrich, Millei o Marra no están preocupados por cercenar la protesta “en general”. De hecho se los ha visto en los banderazos convocados por sectores afines a sus espacios, que también cortaban el tránsito en el centro porteño. Tampoco es que les preocupe “la libre circulación” en general, son defensores de la apropiación de territorios que hacen los magnates locales y extranjeros de nuestras tierras. No les preocupa la libre circulación para acceder a Lago Escondido y los “piquetes” parapoliciales de la seguridad de Lewis. Ellos no apuntan contra los “piqueteros de la abundancia”, les molesta la protesta de los sectores trabajadores y populares. Para ellos solo puede protestar la “gente bien”.

Pero las manifestaciones, protocolos prohibitivos mediante, no se pueden frenar por ley o por show mediático. Estos proyectos lo único que pretenden es generar un clima represivo, algo que en Argentina sabemos que muchas veces ha terminado con manifestantes heridos o muertos. No es casualidad que Marra y Milei hayan sido parte de quienes a 20 años de la caída de Cavallo y De la Rúa por la movilización popular salieron en Twitter con una campaña sincronizada para decir que esas jornadas habían sido un “golpe”.

 Si lo sucedido “fue un golpe” los casi 40 muertos producto de la represión estatal de esos días no son víctimas de la represión sino “golpistas”. Y lo dicen sin sonrojarse, desde un espacio político que niega el genocidio de la última dictadura o cuyo líder político trabajó nada más ni nada menos que con el genocida Antonio Bussi.

La analogía también es válida porque estamos volviendo a vivir momentos de una enorme crisis social y a las puertas de lo que será un cogobierno con el FMI que durará más de una década. Las movilizaciones van a seguir existiendo y aumentando en la medida que avancen los planes de ajuste y su aumento será directamente proporcional al nivel de deterioro del nivel de vida de las y los trabajadores, las mujeres y la juventud.

Milei y Marra saben que este es el escenario próximo para la Argentina, y saben también que ajuste y represión nunca se sueltan la mano. Por eso su objetivo de fondo no es más que, nuevamente, correr todo el debate político a la derecha. No hablemos de los 6 de cada 10 pibes pobres, de la desocupación y de por qué hay que pagar una deuda ilegal e ilegítima, mejor hablemos de las manifestaciones. Este peligroso discurso también alienta, o de mínima encubre, ataques contra las manifestaciones como el perpetrado por encapuchados con armas de fuego y cuchillos contra manifestantes en el marco de una masiva movilización contra el acuerdo entre el Gobierno y el FMI en la provincia de Córdoba.

El derecho a la protesta no es un derecho más, sino uno de especial relevancia: se trata de un derecho fundamental para pelear por los restantes derechos. Sin  derecho a la protesta, todos los demás derechos quedan bajo amenaza, puestos en riesgo. Por ello resulta sensato designar al derecho a la protesta como “el primer derecho”.

Como recientemente resumió mi compañera Myriam Bregman “Quieren poner en cuestión el derecho fundamental a manifestarse. Sin él, no se pueden reclamar los demás, se vuelven inexigibles. Milei y su gente corren la agenda a la derecha y las patotas avanzan en la impunidad que les provee el Estado, como la de Lewis, como las de Córdoba”. Lo más funcional al poder es detener este derecho, justamente cuando el resto de los mismos (educación, salud, trabajo) se ven duramente atacados.

Repudiamos no solo el intento de cercenar la protesta sino también la búsqueda de criminalizarla y estigmatizarla. El pueblo trabajador argentino tiene una enorme historia en las calles, y tiene memoria. Después de todo, no hay derecho que se conquiste y se mantenga sin lucha y la calle es el terreno donde estará gran parte de la pelea contra este nuevo ajuste que se profundizará de la mano del acuerdo con el FMI.