Los diputados del interbloque opositor solicitaron una serie de beneficios impositivos para productores, al tiempo de que no queden alcanzados por lo dispuesto en la última reforma de la Ley de Manejo del Fuego.
El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados consensuó y presentó un proyecto de ley de alivio fiscal para los productores agropecuarios y rurales de Corrientes y Misiones, afectados por los incendios que empezaron a fin de 2021 y se agudizaron en enero y febrero de este año.
En el primer artículo de la iniciativa se declara el estado de desastre y emergencia ambiental, económica, social, agropecuaria y productiva por un año, prorrogable por otro más por el Poder Ejecutivo, en los territorios de Corrientes y Misiones afectados por la sequía y los incendios. Los legisladores señalaron que las pérdidas hoy se calculan parcialmente en 60 mil millones de pesos.
El proyecto busca replicar algunos de los instrumentos de la ley de alivio fiscal que se aprobó a fin de 2021 para PyMEs y contribuyentes morosos. Pero, dada la magnitud de las pérdidas provocadas por los incendios, se elevan los montos de los beneficios.
Entre las principales medidas, plantea la extensión del plazo hasta el 31 de marzo de 2022 para la condonación de deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social fijada por la Ley 27.653 (de Alivio Fiscal) para los contribuyentes de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales, comprendiendo además de los entes sin fines de lucro, micros y pequeñas empresas, personas humanas consideradas pequeños contribuyentes y a las empresas medianas. Esta condonación abarca hasta la suma de $5.000.000.
Por otra parte, se propone la extensión de las medidas de alivio fiscal dispuestas por la Ley 27.653 facultándose al Poder Ejecutivo Nacional a extender plazos para la rehabilitación de moratorias caducas, ampliación de moratorias para deudas posteriores y no regularizadas para los contribuyentes y responsables de las provincias de Corrientes y Misiones afectados por los incendios forestales y rurales.
También se busca la eximición de tributos nacionales como el impuesto a las Ganancias, impuesto sobre los Bienes Personales, impuesto sobre los Débitos y Créditos de las Transacciones Financieras (Cheque) y derechos de exportación de productos de origen agrario.
Además, del componente impositivo del Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, durante los años 2022 y 2023; bonificación del 50% del importe destinado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a las obras sociales para los inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes correspondiente a los años 2022 y 2023; y bonificación del 50% de la contribución a cargo de los empleadores y de los trabajadores autónomos al SIPA.
El proyecto también suspende por parte de la AFIP hasta el cese del estado de desastre y/o emergencia de los juicios de ejecución fiscal; exime a los productores afectados de las prohibiciones establecidas en la Ley 27.604 -modificatoria de la Ley 26.815 de Manejo del Fuego-; y dispone medidas de auxilio para los productores que deben rematar ganado a causa de los incendios.
“La terrible tragedia que abarca a productores agropecuarios y rurales de las provincias de Corrientes y Misiones, debido a los incendios de grandes proporciones que ocurren desde finales del año 2021 y lo que va del año 2022 (segunda quincena de febrero), con pérdidas económicas estimadas parcialmente en alrededor de $60.000 millones, han motivado un denodado esfuerzo de gobiernos y entidades civiles, organizaciones de bomberos voluntarios, colaboración de brigadistas de distintas provincias así como de Brasil, todo lo que ha dejado traslucir la escasez de recursos y de medios para combatir el fuego”, plantearon los legisladores de JxC.
En los argumentos de la iniciativa, resaltaron que “ello ha provocado que, a la fecha de presentación del presente proyecto, se estime que alrededor de 800.000 hectáreas productivas y del Parque Nacional Iberá hayan sido devastadas por el fuego, acarreando pérdidas de todo tipo que llevarán muchos años de recomposición y de restauración”.
El proyecto determina como “imprescindible la intervención de las autoridades pertinentes de las provincias de Corrientes y Misiones, mediante la declaración de las zonas de emergencia y desastre, así también como mediante la extensión de los certificados correspondientes”.
La iniciativa está encabezada por las firmas de Mario Negri (presidente del bloque UCR), Cristian Ritondo (titular del bloque Frente Pro) y Juan Manuel López (jefe del bloque CC-ARI).
Además, lleva las firmas de los legisladores correntinos Manuel Aguirre, Jorge Vara, Ingrid Jetter y Sofía Brambilla, y de los misioneros Martín Arjol, Florencia Klipauka y Alfredo Schiavoni. También adhirieron Rodrigo de Loredo (presidente del bloque Evolución Radical), Margarita Stolbizer (titular del bloque Encuentro Federal), Carlos Zapata (Ahora Patria) y Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos).
