El tema de la inseguridad fue disparador para que el presidente Alberto Fernández se refiriera a la Justicia e insistiera con reclamar los cambios impulsados por su administración y frenados en Diputados. Agregando una reforma integral de la Corte Suprema.

Arrancó admitiendo un problema “muy serio” en materia de inseguridad, pero calificó de “implacable” la lucha de esta gestión contra el narcotráfico y el contrabando. Pero alertó que “no hay modo de combatir al crimen organizado sin un sistema judicial eficiente”.

Sostuvo en ese sentido que el Poder Judicial ha perdido confianza y le atribuyó una “crisis de funcionamiento”. A continuación cuestionó que “en el mes de enero los servicios de telecomunicaciones registraron el mayor aumento de precios” y lo atribuyó a que “algunos jueces dictaron medidas cautelares en favor de empresas prestatarias del servicio e impidieron la aplicación del decreto que declaraba servicios públicos a la telefonía celular, internet y la televisión por cable o satelital”.

“A casi dos años de dictadas esas medidas cautelares no se expiden sobre el diferendo ni los tribunales que las dictaron ni la Corte Suprema que añeja la cuestión en algún armario”, disparó, denunciando “un acto de complicidad judicial con el poder económico”.

Por eso el presidente sostuvo que “necesitamos una reforma integral del sistema de administración de justicia federal”, y lamentó que el proyecto que él impulsó el 9 de julio de 2020 y recibiera aprobación en el Senado, ya hubiese perdido estado parlamentario, pues “lo que está sucediendo con el Poder Judicial en Argentina es grave”.

Sostuvo que “esa reforma que impulsé fue resistida por la oposición para beneficiar a algunos funcionarios del gobierno anterior que deben rendir cuentas. Saben que tienen aliados en fiscales y jueces de la justicia federal. Por eso siempre su primer planteo ha sido y sigue siendo reclamar la competencia de los tribunales afincados en Comodoro Py”.

Así las cosas reclamó al Congreso abordar esa cuestión, que haga “los cambios adecuados, que generen los consensos necesarios y que resolvamos este problema”.

Por otra parte recordó que su gestión envió el proyecto de ley de reforma del Consejo de la Magistratura, y prometió avanzar en la implementación del Código Procesal Penal Federal, como así también ampliar los mecanismos de acceso a la justicia.

Alberto Fernández enfatizó además que “la conformación y funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia también debe ser objeto de análisis y decisión en este ejercicio legislativo”.