El mensaje enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso pone a consideración del mismo lo que presenta como un proyecto de ley que “propicia la aprobación del Programa de Facilidades Extendidas arribado con el Fondo Monetario Internacional que está conformado por el ‘Memorando de Políticas Económicas y Financieras’ y el ‘Memorando Técnico de Entendimiento’, que como Anexos forman parte integrante de la norma propuesta y que, por imperio de la Ley N° 27.612, se somete a su tratamiento”.

Tal cual lo remarcado desde el Gobierno a partir del 28 de enero en el que se anunció el entendimiento, el acuerdo tiene por objeto “establecer un sendero hacia la sostenibilidad de los servicios de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y sentar, al mismo tiempo, condiciones para que nuestro país continúe afianzando los principios de crecimiento económico, desarrollo productivo e inclusión social”.

En el texto se asegura que el programa suscripto “parte de una concepción y de una lógica totalmente distinta al Acuerdo Stand-By suscripto en 2018, cuya deuda refinancia”.

Detalla de manera crítica en qué condiciones se dio en 2018 el préstamo de 57.000 millones de dólares, que presenta como un aumento del 1.277% de la cuota de nuestro país en el organismo. De esa manera se llegaron a desembolsar en Derechos Especiales de Giro (DEG) 44.500 millones de dólares, “con un programa de políticas, plazos y montos de repago de características insostenibles e insustentables para nuestro país (un plazo de 36 meses a la tasa de interés básica cobrada por el FMI, es decir, adicionando aproximadamente un 1 % actualmente, en función del promedio de las tasas de corto plazo de los Estados Unidos de América, del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de la Eurozona y del Japón, a los que además se suman los montos por las tasas de sobrecargos)”.

A continuación se desliza una crítica a los “sobrecargos” que impone el FMI, que a juicio del Gobierno argentino “constituye una falencia de la arquitectura financiera internacional, generando efectos negativos para la estabilidad financiera global, y continúa llevando adelante diálogos tendientes a su revisión”.

“El proceso de endeudamiento público combinado con la fuerte devaluación del peso de los años 2018 y 2019 disparó la ratio de deuda pública a PIB, la cual pasó del 52, 6 % en el año 2015 al 88,8 % a finales de 2019, alcanzando una carga de vencimientos en moneda extranjera insostenible en función de la capacidad de repago de la República Argentina”, puntualiza el texto enviado al Congreso, en el que se afirma que “los desembolsos se utilizaron principalmente para financiar la formación de activos externos y para cancelar deuda de los acreedores privados en moneda extranjera que estaba en situación de insostenibilidad; deuda externa que había sido irresponsablemente aumentada durante el período diciembre de 2015 y marzo de 2018, en más de 80.000.000.000, de los cuales, aproximadamente unos USD 55.000.000.000 correspondieron a deuda con acreedores privados y que termina revelándose profundamente dañina para las posibilidades de desarrollo económico y social de la República Argentina”.

Tras detallar los errores en los que habría incurrido en su concepción el programa acordado en 2018, se cuestiona también la decisión de firmar un acuerdo stand-by sin que se discutiera en el Congreso de la Nación. “La participación del Honorable Congreso de la Nación en esa decisión debió ser insoslayable, por imperativo constitucional, institucional y político. Ello así, dado que sin la existencia de un efectivo consenso para llegar a un acuerdo, no puede surgir el compromiso político y social que se requiere para asumir y afrontar acuerdos de este tipo, por sus dimensiones, y por las gravosas consecuencias que acarreaba, destacándose, paradójicamente, que el apoyo político e institucional es uno de los criterios para el acceso excepcional que considera el mismo FMI”, expresa el documento enviado al Congreso.

A la hora de reflejar el papel del Gobierno actual en esta discusión, se afirma que esta administración “buscó una salida al ahogo generado por los plazos exiguos y por los términos que se acordaron para pagar tamaña deuda sin que ello socavara las posibilidades de desarrollo de la República Argentina”, destacando que realizaron un trabajo de negociaciones internacionales de elevada complejidad tendientes a alcanzar un entendimiento para un nuevo programa con el FMI; un Programa de Facilidades Extendidas, que contiene dos bloques principales: por una parte, el esquema de políticas macroeconómicas y, por la otra, las medidas de crecimiento de mediano plazo y de estabilidad duradera”.

Con relación al Programa de Facilidades Extendidas, el mismo se conforma por los 2 documentos anexos al proyecto de ley, enfatizando que el acuerdo evita “políticas de ajuste y reformas que quitan derechos laborales y previsionales, como los que tanto daño han producido a la Nación con anterioridad”.

Se indica que “desde el punto de vista fiscal, el acuerdo prevé un sendero de convergencia que no inhibe la continuidad de la recuperación, con una expansión moderada del gasto real, y donde el Estado tendrá un rol clave, definiendo las prioridades centrales, que serán los pilares de inclusión social, desarrollo de la ciencia y la tecnología y la inversión en infraestructura. Bajo el entendimiento de que dicha dinámica es un elemento central para alcanzar el bienestar social, la República Argentina continuará promoviendo una mejora en las cuentas públicas consistente con la expansión de la actividad y la inclusión social”.

Tal cual se había anticipado, la reducción gradual del déficit fiscal proyectada es del 2,5 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente año; para el año 2023, de 1,9 % y para el 2024, de 0,9 %.

Desde la óptica monetaria y financiera, se programa una reducción gradual y persistente de la asistencia monetaria que realiza el BCRA al Tesoro Nacional, para converger en una situación en la que no haya más apoyo sistemático del primero, sino que la oferta monetaria se pueda mover en forma consistente con la evolución de la demanda de nuestra moneda, sin que ello conlleve presiones adicionales en el tipo de cambio y, por lo tanto, en la inflación, expresa el texto enviado al Congreso.

En sentido similar se acordó un marco que tiene como objetivo una estructura de tasas de interés reales para los instrumentos de referencia de la política económica que redunde en valores positivos, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera.

El texto establece que se concilió, además, en un enfoque integral de la inflación, el cual parte de la premisa de que la inflación es un fenómeno multicausal, y que es necesario enfrentar dichos factores en forma concurrente: lograr un crecimiento sostenido de las exportaciones que fortalezca las reservas internacionales; mejorar el perfil de financiamiento de las políticas públicas y de reducción progresiva del financiamiento monetario, al mismo tiempo que el Estado juegue un rol contracíclico y, finalmente, la coordinación voluntaria de precios e ingresos con el sector privado con el fin de lograr un aumento del poder del salario real de los trabajadores y las trabajadoras que redunde en un fortalecimiento de la demanda agregada.

“No se prevé ningún salto en el tipo de cambio, sino que la política cambiaria seguirá en la línea del objetivo de acumulación de reservas internacionales para favorecer la resiliencia en el frente externo y para estabilizar las expectativas”, afirma el documento, donde se plantea una meta de crecimiento de las reservas para el año 2022 de, al menos, USD 5.800.000.000.

Se afirma que el acuerdo garantiza la continuidad de los programas sociales focalizados y el mantenimiento de los derechos de movilidad previsional de los jubilados, así como los derechos de los trabajadores. “El elemento esencial para ello es el compromiso de mantener todos los años del programa un aumento del gasto en términos reales. Esto forma parte medular de la protección a los sectores más vulnerables impulsando, a la vez, la recuperación económica”, expresa el documento, que afirma que “el gasto social permitirá fortalecer políticas y programas de capacitación y empleo, asegurando que el gasto abordará las inequidades de género y el fortalecimiento de las políticas de crecimiento y resiliencia, fomentando la inclusión financiera y la innovación, con el fin de contribuir a la reducción de las brechas sociales, ampliar la territorialidad y federalización, garantizando la incorporación de la perspectiva de género, en la senda y con el compromiso que estamos trabajando”.

Se establece el compromiso de garantizar un piso en los recursos destinados a los programas emblema: Asignación Universal por Hijo (AUH), Tarjeta Alimentar y Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR). Dicho umbral será revisado e incrementado si las condiciones sociales hacen necesaria una mayor participación del sector público para cubrir las necesidades de la población.

MENSJ-2022-8-APN-PTE-Aprueba-el-Programa-de-Facilidades-Extendidas-entre-la-ARGENTINA-y-el-FMI